De la zona más exclusiva a la más deprimida de Santa Fe, en el noroeste de la Ciudad de México, hay apenas un par de kilómetros y un abismo socioeconómico: los coches de lujo se convierten en viejos peseros y la opulencia se torna en miseria.
Esta es solo una de las decenas de imágenes de la lacerante brecha de ingresos que parte en mil pedazos la megalópolis latinoamericana. Es un elemento consustancial al México actual, el país de los 50 millones de pobres que es, a la vez, potencia económica y kilómetro cero de la inequidad.
Pocas, muy pocas naciones pueden presumir de una divergencia de renta como la nación norteamericana, cuna de los más desfavorecidos y del sexto hombre más rico del mundo.
Sin embargo, lejos de añadir argumentos para la resignación, un puñado de académicos a los que se han ido sumando con cuentagotas un ramillete de políticos de corte progresista insisten en la viabilidad de un plan que erradicaría la pobreza desde el día uno de aplicación: el ingreso ciudadano universal o renta básica universal, una prestación pública que se concedería a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo.
Un salario por nada; una red asistencial básica que frena en seco la miseria. En muy pocos años, esta suerte de antídoto contra el veneno de la pobreza extrema ha pasado del terreno de la utopía al de las políticas públicas factibles.
Su razón de ser se reafirma en un país de las características de México.
“Es viable, se puede financiar: solo hace falta que haya voluntad política real”, asegura Enrique del Val, director general de Planeación de la Unam.
Tanto la Coneval, el ente independiente que evalúa las políticas públicas contra la pobreza en México, como la Cepal, la comisión económica de la ONU para América Latina, ya han validado la idea.
“Es una propuesta especialmente vigente a la luz de la debilidad económica, la pobreza y las dudas sobre el futuro del trabajo: la robotización, la inteligencia artificial... Es urgente reflexionar”, añade la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del brazo regional de Naciones Unidas.
Su temor sobre la creciente automatización del trabajo, que amenaza con dejar enormes bolsas de desempleados en todo el mundo, encuentra respaldo en las cifras: según un reciente estudio de la consultora McKinsey, México es el sexto país del planeta en el que mayor porcentaje de trabajadores corre riesgo de ser reemplazado por máquinas, el 52 % del total.
Es una propuesta especialmente vigente a la luz de la debilidad económica, la pobreza y las dudas sobre el futuro del trabajo: la robotización, la inteligencia artificial... Es urgente reflexionar
Las primeras referencias mexicanas a la idea se remontan a principios de los setenta. Eran los años previos al gran auge petrolero y a la icónica (e incumplida) promesa el presidente José López Portillo de que los beneficios derivados del crudo llegaran a todos los mexicanos.
El pensador Gabriel Zaid propuso entonces que todos los ciudadanos recibieran una suerte de dividendo de la renta nacional, igual para todos. Huelga decir que la propuesta cayó en saco roto. Hasta tres décadas después, cuando aterrizaron en la Cámara de Diputados las primeras iniciativas legislativas para la creación de una renta básica.
En el 2015 llegó otra propuesta al Senado de la mano del progresista PRD y ese mismo partido intentó, sin éxito, incluir el ingreso ciudadano universal en la nueva Constitución de la Ciudad de México.
Pero la propuesta más ambiciosa y detallada llegó hace justo un año de la mano de Araceli Damián y Norma Xóchtil Hernández, dos diputadas del izquierdista Morena: un plan a 40 años vista para otorgar a cada mexicano 1.800 pesos (96 dólares) al mes. Empezaría por los colectivos más vulnerables –menores de edad y mayores de 65 años– y tendría un costo al erario equivalente al 12,9 % del PIB.
Esta prestación reemplazaría a los más de 5.000 programas sociales vigentes en la actualidad en todos los niveles de la administración mexicana, según los datos de Del Val, lo que supondría un ahorro considerable. Y requeriría, según la media docena de especialistas consultados, de una amplia reforma fiscal que empezase por gravar las muchas y muy acaudaladas fortunas mexicanas para más tarde elevar las contribuciones del resto de la población.
“Estoy convencido de que el mexicano medio no se negaría a pagar más impuestos si se le dijese, explícitamente, que su dinero va a destinarse a crear un ingreso ciudadano”, opina Rogelio Huerta, de la Unam.
Aunque los experimentos llevados a cabo hasta la fecha en países como Canadá ponen en duda que la renta básica desincentive el trabajo –la idea de que, si los ciudadanos tienen garantizado un ingreso, tendrá menos interés en producir–, dentro y fuera del país sus todavía muy numerosos detractores inciden en ello.
Estoy convencido de que el mexicano medio no se negaría a pagar más impuestos si se le dijese, explícitamente, que su dinero va a destinarse a crear un ingreso ciudadano
Aún hoy, la idea de una renta básica universal en México sigue a años luz de países como Finlandia o Países Bajos –donde ya se está ensayando– o de Suiza –donde se votó en referéndum el año pasado–. Pero ha ido ganando tracción con el paso de los años. Y ha derribado el muro de la academia para entrar, poco a poco, en el ágora
público.
“Queda mucho por hacer aún, pero estamos más cerca que nunca”, apunta el profesor Huerta. “Ahora falta que el movimiento vaya más allá de iniciativas partidistas, que se construya una corriente política que cuente con el respaldo de intelectuales y de la sociedad civil".
Ignacio Fariza
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
