Las consultas contra la minería y el petróleo no serán financiadas más con recursos del Gobierno Nacional y para llevarse a cabo tendrán que hacerse con dinero del municipio o el departamento que decida realizarlas. Incluso, la decisión abarca en general a los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo revocatorias de mandatarios regionales.
Así quedó manifestado en un mensaje de la Registraduría General de la Nación al municipio de Granada, Meta.
En el mensaje, el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, señala que el Ministerio de Hacienda no entregará dinero de la Nación para la consulta que se alista en ese municipio, prevista para este domingo 22 de octubre, y en adelante, de acuerdo con el ministerio de las finanzas, “los MPC (mecanismos de participación ciudadana) deben ser financiados por las alcaldías y gobernaciones respectivas”.
Al informar que no girará recursos para esta consulta, la Registraduría recuerda que su función es coordinar la elaboración y difusión de los calendarios electorales, y en ese sentido ya se había fijado el calendario para la consulta ordenada por un decreto del alcalde Juan Carlos Mendoza.
Pero, más allá de fijar el calendario, el registrador Suárez recuerda que, como lo ha venido reiterando su entidad, los recursos para los mecanismos de participación ciudadana no son propios de la Registraduría sino que deben ser otorgados por el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, explica el registrador en su carta al alcalde, luego de hacer el requerimiento al ministerio para llevar a cabo la consulta, la cartera de Hacienda respondió a través del director general de Presupuesto que no giraría el dinero, pues la financiación de las consultas corresponde a las respectivas alcaldías y gobernaciones “en razón a la territorialidad (nacional, departamental o municipal)”.
En la comunicación, la Registraduría invita al alcalde de Granada “para que desde su despacho suspendan, mediante decreto, la realización de las votaciones del MPC, hasta tanto no se defina a quién le corresponde asumir la financiación de este, considerando que la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere esos recursos para organizar la logística del proceso electoral”.
Los recursos que solicitó la Registraduría a la cartera de Hacienda para adelantar distintas consultas populares superan los 2.302 millones de pesos.
De esos recursos, 2.120 millones irían con destino a las llamadas elecciones atípicas, mientras que 182 millones adicionales serían para adelantar la consulta popular en Granada, Meta.
Sin embargo, el pasado 3 de octubre, Fernando Jiménez Rodríguez, director general del Presupuesto Público Nacional, en carta enviada a Carlos Alfonso Garzón, gerente administrativo y financiero de la Registraduría, fue enfático al señalar que esas “solicitudes de recursos, efectuadas por la Registraduría, no tienen como objeto financiar el gasto para el desarrollo de elecciones atípicas, sino la financiación del desarrollo de mecanismos de participación ciudadana”.
Además, le recuerda que ese ministerio ya se ha pronunciado en anteriores oportunidades (oficio número 2-2016-017943 del 17 de mayo de 2016 y oficio número 22017-0.22438 del 19 de julio del 2017), en los cuales se fija una posición respecto a la financiación de gastos de elecciones atípicas, revisión de firmas y consultas populares.
En esa primera comunicación enviada al funcionario de la Registraduría, Jiménez Rodríguez le recuerda, luego del análisis de la normatividad existente, que si el decreto de convocatoria a un proceso electoral lo expide la Presidencia de la República, se costeará con recursos de la Nación.
Pero que si esa convocatoria para un comicio proviene de una entidad territorial, será responsabilidad de los alcaldes y gobernadores la consecución de los recursos para hacerla.
Además, que “las asignaciones presupuestales que ostenta la Registraduría para pagar los costos de los procesos de participación ciudadana no están contempladas en el presupuesto actual, tal como lo ordena el artículo 345 de la Constitución Política, porque carecen de título de gasto como se expresa en el artículo 346 de la Carta Fundamental”.
En la polémica por la consulta popular de Granada, Meta, el sector petrolero también se ha pronunciado por intermedio de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), que el pasado 10 de octubre interpuso ante el Consejo de Estado una acción de tutela en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Meta que le dio vía libre al proceso.
Desde el gremio advierten que hay un fenómeno creciente de violación masiva de una pluralidad de derechos fundamentales de la gran población colombiana por parte de los promotores de estas consultas, pues consideran que quienes votaran por el No desconocen que comprometen no solo la sostenibilidad fiscal del país, sino también la prestación del servicio público de gas natural y del servicio de energía eléctrica, entre otros, pues una parte de la generación se realiza a partir del gas, cuya exploración y explotación buscan suspender.
Hasta ahora, las consultas de iniciativa popular y las revocatorias de mandato han sido ejecutadas por la Registraduría, pero con recursos girados para tal fin por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, las consultas populares se pueden considerar un mecanismo de participación ciudadana, tal y como está establecido en las leyes 134 del 94 y 1757 del 2015.
En su opinión, son consultas regulares con todos los requisitos definidos en la norma y por dicha razón, el encargado de financiarlas es el Estado, que le debe aportar los recursos a la Registraduría Nacional para que proceda a realizar la respectiva elección.
En 2017 la Registraduría ha realizado 12 revocatorias del mandato, siete consultas populares y siete elecciones atípicas.
Hasta ahora, ninguna de las revocatorias ha alcanzado el umbral.
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