Secciones
Síguenos en:
Opinión / Ojo con la prórroga del contrato de mina de cobre en Chocó
Río Atrato

En el 2022 se vence el contrato de explotación en esta región del departamento.

Foto:

JULIO CÉSAR HERRERA. EL TIEMPO

Opinión / Ojo con la prórroga del contrato de mina de cobre en Chocó

En el 2022 se vence el contrato de explotación en esta región del departamento.

En tres décadas, no se ha entregado regalías al municipio de Carmen de Atrato

A partir del año 1990 se inició en el Municipio del Carmen de Atrato – Chocó, la explotación de la Mina el Roble, la única mina de cobre en explotación en el país, con una capacidad de explotación cercana a las cien mil toneladas de mineral bruto al año, que la ubicaba en el renglón de mediana escala (mediana minería).

La explotación minera, por extraño que parezca, no ha pagado hasta la fecha ni un centavo a la Nación por concepto de participación nacional o regalías, por el hecho de que su nivel de producción de mineral en bruto hasta el año 2013 no superó las cien mil toneladas, como lo establecía el Decreto 2477/86 y la cláusula vigésima primera del contrato de concesión del título minero No 9319 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad El Roble, exploración y explotación S. A., el 24 de junio de 1987.

Esta situación atípica podría ser aceptada para lo explotado antes del año 1991, cuando la Constitución Política estableció en el artículo 360 la obligación del pago de regalía por la explotación de un recurso natural no renovable, reiterado por la Corte Constitucional en varias sentencias desde el año 1997 (C-221 de 1997, C-987/99, 1071 de 2003 y 16542 de 2008).

En el año 2013, la empresa Atico Mining Corporation, listada en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá), adquirió el 90 por ciento de Minera El Roble; de acuerdo a los informes técnicos publicados en la página web de la empresa Atico (http://aticomining.com/_resources/technical-reports/Atico-technical-report-2018-final.pdf), entre 1990 - 2013 se explotaron 1.613.366 toneladas de mineral en bruto que una vez beneficiadas arrojaron una producción que se calcula aproximadamente en 35.577 toneladas de Cobre.

A partir del año 2014 la explotación de mineral bruto se aumentó a niveles superiores a las cien mil toneladas, produciendo entre 2014 y 2020, aproximadamente 1.631.596 toneladas de mineral, y a pesar de que se superó el nivel establecido por las normas vigentes, al momento de suscribir el contrato y por la Cláusula vigésima segunda de este, se continuó sin pagar la participación nacional, de acuerdo a comunicados de la empresa porque “su nivel de producción en años recientes, ha sido de 42.000 toneladas de concentrado”.

Esto resulta una verdad a medias, pues si bien es cierto que ese es el nivel de producción del concentrado o producto enriquecido de las operaciones de concentración de minerales, no es sobre este que se cuantifica la producción para el pago de la participación nacional sino, como de manera expresa lo establece el decreto 2477/86 y/o la cláusula vigésima segunda del contrato, sobre “el mineral en bruto, puesto en boca de mina”.

Este galimatías en el que Minera el Roble (Atico Mining) ha querido convertir lo consagrado en la cláusula vigésima primera del Contrato “Cuando el nivel de producción anual supere las 100.000 toneladas, la participación nacional por la explotación será equivalente al 3 por ciento del precio de venta del mineral en bruto, puesto en boca de mina o en plaza“, es comprensible que confunda a todo aquel que no esté familiarizado con el lenguaje minero por la terminología técnica utilizada, pero resulta inaceptable que también cause confusión en los funcionarios de las entidades mineras como se evidencia en el auto GSC-ZO 000726 de julio de 2016 de la Agencia Nacional de Minería – ANM.

En este, se aceptan los argumentos de Minera el Roble en lo referente a las diferencias en la interpretación del cobro de la participación nacional para los periodos (1990-2013), en donde el nivel de producción no superó las 100 mil toneladas y el hecho de que desde 1991 las regalías pasaron a ser un imperativo constitucional, y se pretende trasladar su validez para los años posteriores, cuando la producción de mineral supero el limite definido en la normatividad y el contrato, para no exigir el pago de la participación.

La denuncia de estos hechos ante la Contraloría General de la República, permitió que después de una actuación especial, se encontrara un presunto detrimento patrimonial por valor de 21.955 millones de pesos en el cobro de la participación nacional.

Es claro que uno de los principios más importante de la contratación el “Pacta sunt servanda”, ha sido permanentemente desconocido por la empresa con el consentimiento de las entidades del Estado que han fungido como autoridad minera, por lo que ante la culminación del Contrato el 20 de marzo de 2022 y su segura prórroga, es necesario estar atentos para que la ANM considere los ajustes necesarios para el beneficio del país y la región, especialmente el Municipio del Carmen de Atrato que después de 30 años no ve reflejada el beneficio de la explotación minera en el bienestar de su gente.

Para una mejor contextualización, relaciono algunos de los riesgos que se tienen:

* Código de Minas - Artículo 228. Estabilidad de las regalías. El monto de las regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la época del contrato de concesión y se aplicarán durante toda su vigencia. Las modificaciones que sobre estas materias adopte la ley sólo se aplicarán a los contratos que se celebren y perfeccionen con posterioridad a su promulgación.

Es importante anotar que el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil sobre la viabilidad de prorrogar un contrato en Concepto 2252 de 2015 dice: “la autoridad minera deberá partir de las siguientes premisas: a) La prórroga no es un derecho adquirido del contratista ni una obligación del Estado ... e) Se debe propender por mejorar las condiciones actuales del contrato y la posición contractual del Estado dentro del mismo. f) Se pueden pactar nuevas condiciones contractuales y contraprestaciones adicionales a las ya existentes a favor del Estado”.

Es claro que el Estado puede renegociar los términos y condiciones del contrato e incluir condiciones económicas y sociales que beneficien al país, por ejemplo fijar el porcentaje a pagar por regalías de cobre y oro, sean del 5 por ciento para Cobre y 4 por ciento para oro, como se establece en la legislación vigente, y no del 3 por ciento para cobre como lo establece en el contrato y en el Decreto 2477/86.

* La Cláusula décima novena del contrato: “Al vencimiento del termino de duración de este contrato, los muebles e inmuebles adquiridos o construidos por el concesionario o por quien represente sus derechos y destinados al servicio de la empresa, tales como los equipos y maquinaria de exploración y explotación de minas y beneficio de minerales, el material de laboreo, los elementos de transporte, las vías de comunicación y locomoción, pasarán al dominio del Estado a título de reversión”.

La no obligatoriedad del Estado para prorrogar el citado contrato debe conducir a establecer una cláusula por la no reversión, que beneficie a los habitantes del municipio del Carmen de Atrato. Se podría considerar una inversión al inicio de la prórroga de un monto para la modernización y dotación del Colegio del Carmen de Atrato, la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales e infraestructura vial urbana.

* Clásusula décima quinta: “En cumplimiento del artículo 147 del Decreto 2477 de 1986, El concesionario deberá contribuir al Fondo de Becas del Ministerio con una cuota anual equivalente a un salario mínimo mensual vigente con destino a la educación de los empleados de dicho Ministerio”.

Sería justa la modificación de esta cláusula considerando que después de 30 años de la explotación del recurso, entre los pocos beneficiados se encuentran los empleados del Ministerio de Minas, más no los estudiantes de la región, quienes afrontarán las consecuencias que traerá el cierre de la mina cuando se agote el recurso, y quienes deben, como alternativa, capacitarse para potenciar otras actividades productivas que garanticen la sostenibilidad del municipio; esta cláusula debería contemplar la creación de un Fondo de Becas para la educación universitaria de estudiantes de los Colegios del Municipio del Carmen de Atrato – Chocó.

Los antecedentes del Contrato de Concesión suscrito y su posible prórroga, deberían constituirse en un tema de preocupación para el Chocó, más cuando nuestra realidad como país muestra que pareciera que pretendemos incorporar a nuestro ADN un gen de corrupción, que en el desarrollo de este, no sería extraño que el ojo izquierdo le envíe al cerebro información diferente a lo que envía el ojo derecho de lo que se lee en el contrato, por eso es imprescindible ponerle OJO al OJO conformando una veeduría ciudadana que garantice que en la prórroga se establezcan las obligaciones requeridas para que la empresa gane lo justo y las comunidades del Chocó se vean compensadas por los impactos ambientales y el agotamiento del recurso.

DARÍO CÚJAR COUTTIN
Ingeniero de Minas y Metalurgia
Especialista en Gerencia de Recursos Naturales

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.