Después de casi tres meses de discusión, el Gobierno radicó la ponencia para el último debate de la reforma tributaria, que busca recaudar 20 billones de pesos para el 2023, 5 billones de pesos menos de lo esperado inicialmente.
(Puede leer también: 'Tributaria pone en riesgo inversión en sector minero-energético': Fedesarrollo)
La discusión del proyecto de ley en las plenarias de Cámara y Senado se iniciaría el miércoles y podría extenderse por varios días en el caso de que los congresistas decidan votar artículo por artículo, como han propuesto algunas bancadas.
Incluso, algunos ya han pedido que les den más tiempo para conocer el proyecto. “Quiero pedirles a los presidentes de Cámara y Senado que la votación se haga la próxima semana para que la comunidad en general conozca el texto definitivo y para que lo senadores y representantes puedan leerlo con calma”, solicitó el senador del Centro Democrático Miguel Uribe.
Desde que se aprobó en primer debate a hoy han sido varios los ajustes que ha tenido la iniciativa. Uno de los más importantes es que ya no quedarán gravadas las pensiones. En la propuesta inicial del 8 de agosto, el Gobierno propuso un impuesto a las de más de 10 millones de pesos, este se elevó a las de 13 millones de pesos en primer debate y se quitó ahora para el segundo.
Otra de las modificaciones más importantes es que los petroleros y los mineros van a tener que pagar una sobretasa de renta que varíe en función del precio internacional del crudo de los últimos 10 años. Anteriormente, esta era fija y equivalía al 10 por ciento en el primer año, al 7,5 por ciento en el segundo y a 5 por ciento en el tercero. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías.
Ante ello, los gremios del sector han dicho que se afectarían su competitividad, viabilidad, el desarrollo de la producción de petróleo y la generación de aportes fiscales para el país y las regiones.
“Si las inversiones en la industria disminuyen, caerán la producción y, en consecuencia, los aportes de este sector al país y las regiones. Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas y la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.
En las últimas semanas, los congresistas y el Gobierno también han ido acotando la lista de los alimentos ultraprocesados, que quedarían gravados con una tarifa gradual del 10 por ciento en el 2023, del 15 por ciento en el 2024 y de 20 por ciento en el 2025.
Se mantienen los productos de galletería, las confituras o los helados, entre otros.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha afirmado en varias ocasiones que quedarían por fuera las grasas naturales como el maní o los frutos secos. Tampoco estarían gravados el queso ni el pan artesanal.
Adicional a ello, finalmente sí se metió la cárcel para evasores en el proyecto. El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar contó que habrá dos oportunidades. Si en primera instancia una persona comete el delito, tendrá que pagar una multa; sin embargo, si reincide se le aplicará cárcel.
Y desde la propuesta inicial del pasado 8 de agosto a hoy se quedaron por fuera del debate algunos temas como la celebración de los días sin IVA, la eliminación de los subsidios a la gasolina de frontera, el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro o los impuestos a algunos alimentos como el salchichón.
Otro de los puntos polémicos durante estos meses de debate ha sido el de los dividendos, que finalmente quedaron con una tasa que irá entre el 0 y el 20 por ciento. “Mantenemos la esperanza de que durante las votaciones el Congreso se corrija esta preocupante situación; de lo contrario, estaremos llevando a la economía a una pérdida de competitividad”, advirtió la Andi, liderada por Bruce Mac Master.
Para el caso de las ganancias ocasionales, cuya tarifa actual es de 10 por ciento, se acordó que el impuesto pase al 15 por ciento, a excepción de las loterías, que quedó en 35 por ciento.
No hay que olvidar que en estas semanas también se decidió que las hidroeléctricas tendrán una sobretasa temporal de 3 puntos y que las entidades financieras tendrán otra de 5 puntos adicionales.
Respecto al patrimonio, la propuesta es que quedaría de la siguiente manera: a partir de 3.000 millones, con una tarifa marginal de 0,5 por ciento; a partir de 5.000 millones, de 1 por ciento, y desde 10.000 millones de pesos, de 1,5 por ciento.
Acabar la exploración petrolera es un ‘riesgo’
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) aseguró ayer que debido a la alta dependencia de los ingresos derivados de la exploración y explotación de hidrocarburos para la Nación una política que suspenda la actividad o desincentive la inversión en el sector representa un “riesgo elevado” para la sostenibilidad fiscal y cambiaria.
“Ecopetrol es un activo estratégico para la Nación, por lo cual mantener su dinámica de inversión y su solidez financiera es esencial para la estabilidad económica y fiscal”, asegura a través de un comunicado.
Además, según Fedesarrollo, el proyecto de reforma tributaria pone en riesgo la inversión en el sector minero-energético, afectando el crecimiento, el empleo y los recursos de regalías de las regiones.
“Si bien compartimos la necesidad de aumentar la tasa de tributación efectiva del sector con el objetivo de continuar un necesario proceso de transición energética y fortalecer las finanzas públicas, la versión actual de la reforma generaría un aumento excesivo de la tasa del sector, incidiendo en el costo de uso del capital, y con ello desincentivando la inversión”, señaló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
De acuerdo con el centro de pensamiento, con los cambios que se proponen en el proyecto la tasa efectiva de tributación del sector aumentaría del 36 por ciento actual al 70,3 por ciento, es decir, 34,3 puntos porcentuales.
Como resultado, Mejía señala que la reforma podría reducir la producción de petróleo en 82.000 barriles-día en promedio cada año, aumentar el déficit comercial en 1 punto porcentual y, vía la reducción en la producción, generar un impacto fiscal de 0,12 por ciento del PIB.
Además, recalca que podría representar una pérdida en los ingresos de regalías cercana al 10 por ciento (4,9 billones de pesos en 8 años) y una contracción de más de 1 punto del PIB en algunos departamentos como Guaviare, Amazonas y Guainía.
Comentar