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Los puntos álgidos que prenden el debate de la reforma tributaria
impuestos reforma tributaria

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Archivo El Tiempo

Los puntos álgidos que prenden el debate de la reforma tributaria

Proyecto pone a pagar renta a más asalariados y a la vez baja las deducciones.

Aunque la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) le propuso al Gobierno una ruta intermedia para la reforma tributaria, a fin de que el país consiguiera entre 13 y 15 billones de pesos, el Gobierno mantuvo firmes –con algunos cambios– los puntos centrales del proyecto que se conocieron en las últimas semanas, y con los que apunta a conseguir 23,4 billones de pesos.

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Y tras descartar la idea de subir del 5 al 19 por ciento el IVA al café, el chocolate, la sal y el azúcar, el Ministerio de Hacienda radicó el jueves un proyecto que pone en marcha varias de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.

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Mientras que el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, explica que en la iniciativa se quitan más de 40 beneficios de los que gozan hoy los contribuyentes, pero que no le apuestan al empleo o a la reactivación; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dice que la propuesta de la Andi va en contravía de las pautas de dichos expertos y las de otras entidades, y el Ejecutivo considera moderada su iniciativa.

Por ejemplo, –dice el ministro– la reforma apunta en IVA a capturar un 43 por ciento del potencial que se podría cobrar, frente a un 39 por ciento actual, pero por debajo del 58 por ciento de los países de América Latina. Y también porque en la ampliación del número de asalariados que pagarían renta se plantea un mecanismo de transición de tres años –tipo escalera– en el que las tarifas de quienes tienen menos ingresos inician en cero al menos el primer año y son mucho más bajas que las de los más pudientes.

Pero, además, otra razón de peso que tuvo el Gobierno para insistir en su proyecto es que, según el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, los efectos de la pandemia no han cesado y más gente y empresas siguen entrando en vulnerabilidad.

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Por ello el primer recaudo que se busca es para extender hasta junio el plan de subsidios a la nómina de empresas (Paef) y hacer permanente el Ingreso Solidario, “y la reforma de la Andi no permitiría financiar estos programas sociales”. Para completar los 23,4 billones de pesos de recaudo, 17 billones llegarían de personas naturales, 7,3 billones los pondría el IVA; otros 3,7 billones, los impuestos a empresas, y 4,6 billones son un saldo que se resta por las transferencias de ley a las regiones y ciudades.

Ya con las cartas sobre la mesa, estos son los puntos polémicos del proyecto, que si bien afectan el bolsillo de mucha gente, permitirán, según el Gobierno, que en el año 2025 el país termine un recorrido gradual para acercarse a patrones internacionales tributarios y de solidaridad.

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1. Crecimiento gradual de la base de contribuyentes de renta

El aumento de la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta será progresivo para los de menores ingresos, entre 2022 y 2024.

Pero en 2022 los asalariados que en 2021 ganen más de 50 millones al año (4,1 millones de pesos al mes) pagarían el 0,04 por ciento de tarifa efectiva, mientras que los que ganen 31 y 36 millones de pesos al año tendrían tarifa de cero. En 2023, estos últimos (salario mensual de 3 millones de pesos) iniciarían con una tarifa de 0,2 por ciento. (véase infografía). Y en los salarios más altos las tarifas efectivas suben, debido a que se reducen beneficios como las deducciones por pagos de medicina prepagada o pensión voluntaria.

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Con base en esta entrada progresiva de asalariados que pagarían renta –vía retención en la fuente–, el Ministerio de Hacienda y la Dian calculan que la base de personas que pagarán impuesto de renta subirá en algo más de un millón de contribuyentes. Y para 2025 se prevé que progresivamente la base de declarantes de renta llegue a los 7 millones de personas, el doble de los 3,5 millones de colombianos que en 2020 presentaron este documento.

El aumento de la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta será progresivo.

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Juan Pablo Rueda. El Tiempo

2. Fuerte recorte a deducciones por pensión voluntaria, cuentas AFC y medicina prepagada

Una pensión de 8 millones pagaría un impuesto mensual de 44.000 pesos

Ángela González, experta en impuestos de la firma EY Colombia, explica que hoy asalariados e independientes pueden bajar su impuesto de renta con beneficios de hasta un 40 por ciento de su ingreso laboral neto, pero el proyecto baja el porcentaje al 25 por ciento. En la práctica, para una persona con ingreso mensual de 10 millones de pesos (sumando prima y cesantías, el valor es de 141 millones al año), las exenciones y deducciones máximas al año, incluyendo la renta exenta laboral del 25 por ciento, bajarían de 54,3 millones de pesos actuales a 32,6 millones. Esto haría que su impuesto anual pase de 8,8 millones de pesos actuales a 16,6 millones de pesos en 2022, y con la mayor tarifa de 2023, subiría a 19,2 millones de pesos. Y solo durante 2022 y 2023, si se pide factura electrónica, la persona podrá aspirar a un porcentaje exento adicional de 10 por ciento, 5 por ciento o 3 por ciento. El mayor porcentaje sería para quienes hoy ganan 5,7 millones al mes o menos. Pero desde 2024 el tope queda en 25 por ciento para todos.

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3. Impuesto a las pensiones superiores a
los $ 7 millones y cesantías sin exención

Según el Ministerio de Hacienda, de los 2 millones de pensionados en todos los regímenes, 28.000 jubilados con mesadas de más de 7 millones de pesos tributarían. Según lo planteado en el proyecto, la firma de consultoría EY Colombia dice que esto consideraría que los aportes al sistema de salud que hace el pensionado (12 por ciento del ingreso base) bajan la base del impuesto. Igualmente habría una porción exenta, que corresponde a 1.600 unidades de valor tributario al año ($ 58 millones), y el valor resultante sería el que finalmente se someta al impuesto. “Una pensión de 8 millones pagaría un impuesto mensual de 44.000 pesos”, explica Ángela González, experta de esta firma consultora. Y sobre las cesantías explica que estas hoy tienen un beneficio que permite que en la mayoría de casos haya una porción exenta de impuestos y el proyecto de ley plantea eliminar dicha exención, con lo cual las cesantías tendrían tratamiento como ingreso laboral, y “con las nuevas limitaciones a los beneficios, seguramente serán sujetas al impuesto”.

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4. Eliminación de exentos del IVA encarecería algunos productos

Al plantear la eliminación de la categoría de bienes exentos del IVA, que son los que permiten a los productores de bienes descontar del impuesto de renta el IVA que paguen en insumos para la elaboración de dichos productos, gremios agrícolas como Fenavi, Porkcolombia, Fedeacua, Fedearroz y Asoleche prevén un aumento entre el 5 y 10 por ciento en los costos de producción de los huevos, el pollo, la carne de cerdo y la leche, alzas que serían cobradas al consumidor final.

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Mientras que Margarita Salas, socia líder de Asesoría Tributaria, Litigios y Controversia de la firma EY para Colombia y México, señala que serán los compradores los que decidan si pagan el sobrecosto o no; el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, explica que en este aspecto el Gobierno ya identificó en alimentos los principales elementos de la cadena de producción, para que tuvieran tarifa del 0 por ciento.

Y aunque todavía no hay cálculos del tema, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, cree que este es un componente fundamental de lo que se espera recaudar por IVA.

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, dice que le "ve chances" a la reforma en el Congreso.

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Ministerio de Hacienda

5. Estratos 4, 5 y 6, con IVA en los servicios públicos

El proyecto de reforma tributaria que será debatido en el Congreso de la República plantea gravar con IVA de 19 por ciento los servicios públicos domiciliarios en los estratos 4, 5 y 6.

Este es uno de los cambios que trae la iniciativa con respecto a los puntos que se fueron conociendo.

Este impuesto se cobraría en los servicios públicos de energía a base de gas u otros insumos, y también en los de acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basura.
Durante la presentación del proyecto, el Ministerio de Hacienda precisó que el ajuste planteado implicaría la eliminación de la contribución que pagan los usuarios de estratos 5 y 6 para subsidiar a los más pobres. En otras palabras, el impacto en este rubro lo sentirían los usuarios de estrato 4.

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6. Impuesto a las riquezas de más de $ 5.000 millones

Aunque el centro de estudios económicos Anif consideraba que el impuesto al patrimonio debería empezar mucho más bajo que en 5.000 millones de pesos, porque esto podría llevar a que la gente fraccione su riqueza, el Gobierno mantuvo esta cifra.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que en la iniciativa se corrige lo referente a que una persona con patrimonio de 5.000’000.001 pesos pagaba 50 millones de pesos (1 por ciento) y la de 4.999’000.000 de pesos pagaba cero.

Y recalcó que sí se introduce una tarifa ascendente para que quienes tienen muy alto patrimonio paguen una suma importante. “El impuesto al patrimonio grava tenencias de activos que ya han sido gravados. Cuando ahorro y construyo un patrimonio, eso se hace luego de pagar el impuesto de renta”, indicó.

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En juego, una carta decisiva

Según el Ministerio de Hacienda, con la pandemia del covid-19 el déficit fiscal saltó del 2,5 por ciento del PIB en 2019 a 7,8 por ciento en 2020 y se calcula que en 2021 sea de 8,1 por ciento.

Esto hizo ineludible plantear una reforma fiscal que, además del rubro social, prevé 16 billones de pesos para tapar parte de ese hueco, ya que este año la deuda neta del Gobierno llegaría al 63,8 por ciento del PIB.

En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno alerta por qué este aumento en sus pasivos, sin medidas de estabilización, genera preocupación entre los acreedores de la Nación, quienes podrían ver la deuda colombiana como un activo más riesgoso y, en consecuencia, subirían la tasa de interés, afectando negativamente la inversión y el consumo, por la posible pérdida del grado de inversión si hay una nueva reducción en la calificación de riesgo soberano.

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“Se estima que en este escenario de aversión al riesgo se reduce la calificación de riesgo de la deuda soberana de Colombia de BBB- a BB, lo que se traduce en un incremento de 0,82 puntos porcentuales en los intereses de esta”, agrega. Y este mayor costo del financiamiento externo lo pagarían la Nación y el sector privado, con efectos negativos sobre la inversión privada y el consumo de los hogares, y frenando la recuperación de la economía.

Y aunque sabe que la discusión del proyecto de ley será intensa en el Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró sobre la iniciativa que “le ve chances”, toda vez que ante una señal de no ajuste a estas extraordinarias necesidades derivadas de la pandemia, el Legislativo tiene muy claro lo costoso que esto sería para el país. La calificadora Moody’s dijo que el anuncio de restricciones al gasto (el proyecto prevé que por cinco años no suba más que la inflación esperada) unido a las modificaciones a la regla fiscal son factores que, de implementarse efectivamente, reforzarían la credibilidad del proceso de consolidación fiscal.

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