El Gobierno decidió elevar en 2,1 billones de pesos más su apuesta de recaudo para el 2020 con la ley de crecimiento económico, la cual entra en su etapa final de discusión y votación en el Congreso la semana que viene. De 11,4 billones previstos en el proyecto inicial pasó a 13,5 billones de pesos en la propuesta que está para el análisis y la discusión del Legislativo a partir del lunes.
Y si bien al nuevo texto se le incorporaron temas que en opinión de algunos parlamentarios nada tienen que ver con las metas de generar mayor crecimiento, empleo, recaudo y, sobre todo, equidad, el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y de clase media se mantiene.
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La nueva ponencia llega recargada, pues de un original tramitado por el Ministerio de Hacienda, con 110 artículos pasó a 152. Se mantienen, por ejemplo, propuestas como la devolución de IVA, los 3 días sin este impuesto para los hogares más vulnerables y las rebajas en la cotización del pensionado con un salario mínimo.
Según el Gobierno, más de 2,8 millones de hogares vulnerables recibirán 400.000 pesos al año solo por devolución del IVA, mientras que los pensionados con mesadas de un salario mínimo verán reducir la cotización a salud del 12 al 8 por ciento en el 2020 y el 2021, y del 8 a 4 por ciento a partir de 2022, lo que favorecerá a 925.000 jubilados.
Los beneficios tributarios también serán para algunos sectores, así como una menor carga impositiva para las empresas no solo como parte del estímulo al crecimiento económico, sino para que haya mayor generación de puestos de trabajo, pues la meta es crear mínimo 130.000 nuevos empleos.
Y mientras los más vulnerables recibirán más, por vía directa o inversión social, quienes más riqueza tienen más aportarán, dice el Gobierno.
Aportarán más, vía impuesto de renta, quienes ganen más de 36 millones de pesos mensuales. Y quienes tengan un patrimonio superior a los 5.000 millones tendrán un impuesto sobre ello.
A los dividendos se les aplicará una mayor tarifa y habrá sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras, cuyos recursos se destinarán a inversión en vías terciarias.
Todo esto se hará acompañado de una lucha frontal contra la evasión y el fortalecimiento de la Dian, lo que aportará el año entrante unos 9,1 billones al recaudo total.
Entre los artículos nuevos y que no terminan por convencer, se destaca el que le reconoce a los funcionarios de la Auditoría General el pago de la bonificación especial (quinquenio), en las mismas condiciones en que se liquida y paga a funcionarios de la Contraloría General.
También hay que mencionar el que destina los recursos recaudados por concepto del impuesto al consumo de cannabis a la financiación de proyectos vinculados al Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ente otros.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
