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En 2022 llegan primeros recursos provenientes del apretón de cinturón
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Según el Gobierno, con los planes de recorte, el país recaudaría unos $ 650.000 millones en 2022.

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César Malgarejo / EL TIEMPO

En 2022 llegan primeros recursos provenientes del apretón de cinturón

Según el Gobierno, con los planes de recorte, el país recaudaría unos $ 650.000 millones en 2022.

En el 2029, con las medidas de austeridad, se recogerían unos $ 1,9 billones anuales, 0,2 % del PIB.

Aunque la austeridad en el gasto público es uno de los ejes clave de la reforma tributaria 2.0 que el Gobierno radicó ante el Congreso, el grueso de los recursos que entrarían por esos recortes empezarían a entrar a partir del 2029, pero en el 2022 el país podría recibir unos 650.000 millones de pesos por esos esfuerzos.

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Por un lado, en la exposición de motivos de la reforma tributaria, llamada proyecto de Inversión social, el Gobierno plantea iniciativas como las de limitar los gastos adicionales en servicios de personal y la adquisición de bienes y servicios, reducir los valores de contratos por prestación de servicios e, incluso, le darían unas facultades especiales al Presidente para hacer ajustes en entidades para ahorrar recursos.

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Teniendo en cuenta que esas medidas se harían de manera gradual y paulatina, a partir del 2022 el país podría recibir 650.000 millones de pesos por ese frente, y eso iría aumentando hasta 2029, cuando se podrían recoger al menos 1,9 billones anuales, es decir al menos 0,2 por ciento del PIB.

“El objetivo es generar ahorros sustanciales en los gastos de funcionamiento del Estado para poder fortalecer su solvencia y tener una mayor eficiencia en el gasto público, protegiendo los recursos destinados a la inversión pública y el gasto social. La implementación de estas disposiciones contribuye a la estabilización y reducción de la deuda pública, al asegurar que el nivel de gasto que tiene el Estado resulte más consistente con su nivel de ingresos”.

Según plantea el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley, a partir de 2023 se empezarían a hacer ahorros en el funcionamiento del Estado de forma permanente y limitarían los incrementos de salario, sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios públicos. Y con esa medida, “se generarán ahorros crecientes, que ascenderán en promedio para el periodo 2022-2032 a 0,1 por ciento del PIB, equivalente a 1,4 billones de pesos a precios de 2022”, apuntan.

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A esas reducciones en el personal también se sumarían la limitación de la compra de bienes y servicios, con lo que se generaría un promedio anual de $85.000 millones a precios de 2022, en promedio para el periodo 2022-2032.

Asimismo, durante los próximos cinco años se buscaría una reducción gradual de las transferencias del Presupuesto General de la Nación, de las que se exceptuarían transferencias específicas de rango constitucional como las destinadas al Sistema General de Participaciones (SGP), las destinadas al Sistema de Seguridad Social (aseguramiento en salud y pensiones), los aportes de la Nación a las Instituciones de Educación Superior Públicas y el pago de sentencias. Con eso, buscarían unos $339.000 millones en promedio al año, en el periodo de 2022 y 2032.

También, en esa misma línea, propusieron disminuir en un 10 por ciento el gasto de las entidades en contratos por prestación de servicios con respecto a la asignación presupuestal asignada en 2019, lo que se haría también de forma progresiva. “Como consecuencia de la implementación de esta medida, se proyecta se generarán ahorros anuales que ascienden a 127.000 millones de pesos en promedio, a precios de 2022, para el periodo 2022-2032”, dice la exposición de motivos.

¿Optimistas?

Ahora bien, aunque esas cuentas que presenta el Gobierno tendrán que surtir su proceso en el Congreso, algunos expertos resaltan que las cuentas pueden ser optimistas y que otros ejercicios similares en otras administraciones no han sido del todo exitosos.

Por un lado, Mauricio Santamaría, presidente de Anif, apunta que “eso ya lo han tratado de hacer muchos gobiernos, empezando con el de Uribe con el Programa de Renovación a la Administración Pública (Prap) y está comprobado que no da nada. Y si da, después se pierde. Es decir, es de muy corta duración”.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio fiscal de la U. Javeriana señala que será clave que no solo se piense en reducir el tamaño del Estado, sino en buscar hacer el gasto más eficiente. “Si Colombia quiere acercarse a las capacidades de un país como el de la Ocde, de hecho debería crecer, pero los recortes en el proyecto de ley son razonables siempre y cuando se entienda que la meta no es hacer más pequeño el estado, sino aprovechar mejor los recursos”, apuntó.

Las funciones extra a Duque

Además de las iniciativas que planteó el Gobierno para reducir el gasto público, una de las propuestas es darle unas funciones extra al presidente Duque por no más de 6 meses para hacer ajustes en el tamaño de la rama ejecutiva.

“Con estas medidas se contribuiría a asegurar la sostenibilidad en las finanzas públicas, en la medida en la que el gasto público sería parte del ajuste fiscal que es necesario que realice el Gobierno para estabilizar y posteriormente reducir el endeudamiento público. Esta disposición permitiría realizar cambios inmedia- tos e inminentes con este fin”, dice Minhacienda.

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