Colombia, en vilo por reforma tributaria

La expectativa frente a la radicación de la reforma tributaria 2017 es total. El texto está listo, en últimas revisiones, tanto por parte del presidente Juan Manuel Santos como del equipo técnico que se encargó de su redacción. La demora en destaparlo es ahora el viaje del proyecto, desde la oficina presidencial al Ministerio de Hacienda para los ajustes finales.

Es claro que hay miles de razones para tramitar la reforma. Primero, el país requiere recursos frescos porque las necesidades fiscales bordean los 34 billones de pesos (por menor renta petrolera y más intereses de la deuda por devaluación del peso).

Otra razón es que “el Gobierno, el Congreso y los gremios económicos acordaron que se tramitaría. No hacerlo sería incumplir”, expresó el senador Ángel Custodio Cabrera.

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Esto, sin contar con los inconvenientes que tendría Colombia con los mercados internacionales y con las calificadoras de riesgo crediticio, sobre todo después de los resultados del plebiscito del domingo pasado, que generaron incertidumbre y, por tanto, expectativa sobre la economía colombiana.

Además, el Estatuto Tributario necesita ser modificado para que sea más justo y se controle mejor la evasión. También es clave facilitarle al contribuyente la obligación de poner su aporte en la bolsa pública.

El problema es que en el terreno político no hay tierra abonada para sembrar nuevas cargas impositivas. Y menos como las de un incremento del IVA, del 16 al 19 por ciento, que es una medida impopular a la que le sacarían el cuerpo los congresistas, quienes ya alistan sus cartas para la próxima campaña política.

Precisamente, el punto sobre el IVA, más que ningún otro, podría ser el que ponga a la reforma tributaria a entrar en el Congreso “como un condenado hacia el patíbulo”, dijo una fuente del Legislativo.

Y es que este impuesto es muy singular. Mientras los colombianos sienten que la carga por este impuesto es muy pesada, el recaudo, según la Comisión de expertos tributarios que sugirió la reforma que necesita el país, es muy bajo.

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Para los contribuyentes, solo lo que está gravado a la tarifa general (16 por ciento) representa el 5 por ciento del gasto de los hogares, según calcula Juan Diego Becerra, de la firma Raddar, quien además recuerda que “de 405 bienes y servicios de la canasta estudiados, cerca del 25 por ciento tienen IVA”.

Entre tanto, el recaudo en el 2015, solo por el IVA interno, llegó a 29,5 billones de pesos, el 23,8 por ciento del recaudo total. La evasión estimada sería una cifra similar.

Con la reforma propuesta por los expertos tributarios, la mayor parte del recaudo esperado provendría del IVA: “14,6 billones si no se hace ningún descuento por adquisición de bienes de capital”, dice el informe.

Pero entre la necesidad económica y la coyuntura política, hasta se ha barajado la idea de una reforma sin IVA. Julio Roberto Pizza, de la Comisión de expertos tributarios dice que, aun sin IVA (que no es lo ideal), la reforma tendría sentido, porque en ella “hay mucho más que el IVA. Mejorar el sistema es una necesidad”.

Los riesgos, tanto para tramitar la reforma como para no hacerlo, son altos. Por ejemplo, el experto tributario señala que “si no logramos bajar la tarifa de las empresas, se afecta la inversión”.

Agrega que el tema de corregir aspectos de la administración tributaria y controlar la evasión o reformar los impuestos territoriales no dan espera. Y en leyes anteriores se acordó el fin de impuestos como el 4 × 1.000 o la sobretasa del Cree, cuyos recursos hay que reemplazarlos.

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Para el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, entre tanto, no tramitar la reforma sería nefasto. “El país está sometido a un choque de origen externo, de profundo calado. Nuestros niveles de deuda explícita e implícita son muy altos, y las perspectivas de bajarlos, por el lado del crecimiento de largo plazo, son muy sombrías, en buena parte por la gigantesca carga impositiva que tiene la actividad formal”.

Y tramitarla sin IVA “no sería ‘ni chicha ni limoná’. Pondría en cabeza de la tributación empresarial el grueso del yugo financiero de corto plazo, con efectos nefastos en el crecimiento y, por ende, en la sostenibilidad fiscal futura. Políticamente, el IVA luce imposible si no se acompaña de una decisión de mediano y largo plazo que ataque las rigideces del gasto público. Pero eso se puede hacer”.

Una vez radicada la tributaria, según Carrasquilla, el riesgo es “que la discusión se trivialice, se apruebe una reforma mal hecha y se profundice el sesgo del Estatuto actual, que va en contra del crecimiento económico y la actividad empresarial formal”.

No obstante, tanto a los congresistas como a los consumidores y empresarios les preocupa el IVA.

Para Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá “el IVA es la parte clave de la reforma, por el recaudo que generaría. Cada punto de IVA recaudaría en promedio 0,25 por ciento del producto interno bruto (PIB), y esto bien podría ser la mitad de lo que se necesita”.

Es por esto que, según la propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios, echarían mano de muchos de los productos que en la actualidad no tienen el impuesto, excluyendo solo los alimentos. Es así como entrarían a ampliar la base de bienes y servicios gravados con IVA, la venta de bienes inmuebles, los intereses y comisiones que cobra el sistema financiero, entre otros.

Por el lado de las empresas, aunque le temen al IVA, la reforma se promueve como favorable a la competitividad, por lo que elimina el impuesto de renta y el Cree (contribución empresarial especial) y lo reemplaza por un impuesto a las utilidades, cuyo rango estaría entre el 30 y el 35 por ciento.

Para las personas naturales también habría un impuesto de renta único, sin posibilidades de declarar a través de los formularios del Imán (impuesto mínimo alternativo) y el Imás (simple). En este grupo de contribuyentes, la Comisión propone aumentar la base de aportantes en por lo menos 3 millones de personas, toda vez que los obligados ya no serían los que tienen ingresos superiores a 3 millones de pesos, sino desde 1,5 millones.

Entidades sin ánimo de lucro, como los clubes sociales, que han estado exentos de impuestos, tendrían un gravamen sobre la renta presuntiva.

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La Comisión también argumenta que en Colombia hay espacio para la ‘gravación’ de los dividendos pues no hacerlo “es una de las razones del bajo impacto progresivo del impuesto de renta, porque los dividendos los reciben en su gran mayoría las personas naturales de mayores ingresos”.

Eliminar el impuesto a la riqueza y mantener el 4 × 1.000, pero aumentando el porcentaje de deducción (lo que generaría una reducción en su recaudo, de 768.000 millones de pesos) para las empresas al 100 por ciento, en el momento en que las finanzas públicas así lo permitan, son otras de las propuestas que podrían entrar en la reforma.

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