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Ingreso solidario, matrícula cero y empleo, ejes de la reforma
Congreso 20 de julio

La cobertura del Ingreso Solidario, que se dio por la pandemia, regirá hasta el año 2022.

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Congreso de Colombia

Ingreso solidario, matrícula cero y empleo, ejes de la reforma

La cobertura del Ingreso Solidario, que se dio por la pandemia, regirá hasta el año 2022.

Ingreso solidario va hasta diciembre de 2022 y el Paef se extiende pero a máximo 50 empleados.

El eje de reactivación económica del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno acaba de radicar ante el Congreso de la República y que este comienza a discutir en la nueva legislatura que inicia este 20 de julio, ratifica los anuncios del Gobierno sobre el ingreso solidario, al tiempo que precisa su alcance, al igual que el de otros programas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).

Estas son, punto por punto, las novedades en cada uno de los programas de ayudas para la recuperación de las actividades productivas tras el impacto de la pandemia.

(Continúe leyendo: En solo un mes, el paro hizo caer la economía 5,8 %)

Ingreso solidario, hasta diciembre de 2022

El artículo 18 del proyecto de reforma precisa que la cobertura de esta ayuda, que se dio por la pandemia, regirá hasta el año 2022, en las mismas condiciones de monto y tributarias que están rigiendo. Se plantea la opción de habilitar giros extraordinarios y que, a partir de julio de 2022 el monto del giro deberá considerar el número de personas de cada hogar y el grupo de clasificación del Sisbén IV.

(Le puede interesar, además: Los tres gastos que más daño le hacen a su bolsillo)

Para los hogares vulnerables el monto de la transferencia no podrá ser más alto que el que se les da los hogares unipersonales en condición de pobreza.

Ampliación temporal del Paef

La extensión de este programa, desde julio hasta diciembre de 2021, aplicará a los beneficiarios potenciales que para marzo de 2021 tuvieran máximo 50 empleados. Pero si a la hora de postularse la empresa beneficiaria tiene más de este número de trabajadores, no perderá la ayuda sino que esta le cubrirá a los primeros 50 empleados.

Además, desde julio, al Paef no podrán acceder las personas naturales con menos de dos empleados ni las personas expuestas políticamente.

Impulso a la creación de empleo

Con el ánimo de mitigar los efectos sociales y económicos asociados al covid-19, el proyecto de ley crea un incentivo la creación de nuevos empleos, con énfasis en puestos de trabajo para jóvenes y prevé las siguientes condiciones, mediante la financiación a cargo del Estado, de una parte de los pagos a seguridad social y los parafiscales (cajas de compensación y Sena):

1. Para jóvenes entre 18 y 28 años. El empleador recibirá el 25 por ciento de un salario mínimo mensual por cada trabajador adicional.

2. Trabajadores adicionales. Por cada nuevo trabajador que no sea joven y que gane hasta tres salarios mínimos mensuales, el empleador recibirá un aporte estatal del 10 por ciento de un salario mínimo legal por cada empleado adicional.

Según el proyecto, este incentivo estará vigente desde la promulgación de la ley hasta agosto del año 2023, pero el empleador podrá recibir máximo 12 pagos y para postularse a pagos posteriores a septiembre de 2022, deberá haber recibido al menos un aportes estatal antes de ese período.

Y si contrato de trabajo se suspende o se otorga licencia no remunerada, la empresa no recibirá el aporte estatal. Y para recibir los pagos el empleador que aspire deber tener un producto de depósito de una entidad financiera o cooperativa, que sea vigilada por las superintendencias Financiera o de Economía Solidaria, respectivamente.

Matrícula cero universitaria para jóvenes vulnerables

El proyecto de Ley de Inversión Social contempla que de forma permanente el Gobierno destine cada año, a los jóvenes de las familias más vulnerables, los recursos para cubrir el valor de las matrículas de pregrado en universidades e instituciones de educación superior públicas, a través del programa Generación E y otros esquemas de acceso a la educación superior.

Si el Icetex u otra entidad han constituido fondos con este instituto para programas de acceso a la educación superior, deberán dar estímulos y programas de alivio a esta misma población.

Salvavidas a sistemas de transporte masivo

En el proyecto de ley se incluyó que en lo que resta de 2021 el Gobierno y las entidades territoriales podrán establecer mecanismos de cofinanciación para cubrir el déficit de los sistemas de transporte masivo, originado exclusivamente en las medidas de restricción del flujo de viajeros a raíz del covid-19.

Bajo este esquema, el Gobierno aportará la mitad del saldo en rojo, que será calculado con una metodología que determine el Ministerio de Transporte.

Espacio para endeudamiento territorial

En la iniciativa se prolonga hasta 2023 la posibilidad de que las entidades financieras contraten créditos de tesorería con entidades financieras para aliviar eventuales faltantes de sus gastos de funcionamiento y de inversión, medida que fue habilitada en el Decreto Legislativo 678 de 2020 y que vencía en 2021.

Además, se incluye un artículo que permite a las entidades territoriales emitir deuda pública entre 2021 y 2023, para ejecutar proyectos de inversión necesarios para fomentar la reactivación económica en sus jurisdicciones, siempre que la relación entre el saldo de la deuda y sus ingresos corrientes no supere el 100 por ciento.

Comercio electrónico para días sin IVA

El articulado mantiene el beneficio de la exención de tres días sin IVA el año en ciertos grupos de productos, para impulsar la reactivación a través del estímulo del consumo, pero el articulado radicado también busca permitir que el beneficio aplique a las ventas por comercio electrónico que la Ley de Financiamiento del 2020 no permitía, según explicó el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

Para ello, el articulado señala que cuando la compra se haga por comercio electrónico, la emisión de la factura se deberá hacer realizar a más tardar a las 10 de la mañana del día siguiente a la jornada sin IVA, y los bienes vendidos deberán entregarse al consumidor o ser reclamados por este, máximo a las dos semanas.

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