El abecé de la reforma tributaria que va por 25 billones de pesos

A lo largo de las dos últimas semanas, el Gobierno Nacional ha ido destapando las cartas de la que ha llamado la ‘Reforma social, solidaria y sostenible’, contenida en el proyecto de ley que radicará en el Congreso de la República después de Semana Santa.

De manera progresiva ha dejado sentada no solo la urgencia de sacarla adelante para lograr un recaudo no menor a 25 billones de pesos, que en buena medida se usarán para pagar el endeudamiento crecido del país y financiar programas de apoyo económico para millones de familias en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema.

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También ha dejado claro que las fuentes principales de estos recursos son el impuesto al valor agregado (IVA) y el pago de renta de personas naturales; con ambos se apunta a lograr no solo que una mayor cantidad de personas aporten, sino que los recaudos más grandes provengan de quienes tienen los mayores ingresos y patrimonios.

En primer término, se ampliará la base de productos que pagan IVA, y la tasa del 5 por ciento con la que están gravados muchos otros subirá al 19 por ciento; para no afectar a las familias más pobres, se ampliará el programa de devolución de este impuesto a 4,7 millones de hogares.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, se introducirán modificaciones para evitar que las exenciones e incentivos contenidos en el estatuto tributario sigan siendo usados por quienes más tienen para pagar tasas efectivas del impuesto de renta bajas e incluso obtener saldos de cero.
Los pensionados que reciben mesadas de 7 millones de pesos o más también empezarán a pagar impuestos sobre estos ingresos.

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El proyecto propone, además, aumentar y convertir en permanente el impuesto al patrimonio, incrementará la tarifa fijada para los dividendos y creará un impuesto solidario para los trabajadores de los sectores público y privado que, tras descontar salud y pensión, tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos al mes. Estos son los detalles de la reforma.

Hay varias razones de peso. La primera, hay que hacer frente al endeudamiento del país (aumentado por la pandemia), que cerró el 2020 en 619,5 billones de pesos, el equivalente al 61,4 por ciento de su producto interno bruto. De acuerdo con fuentes del Gobierno, entre el 2020 y lo corrido de este año el país se ha gastado 80 billones de pesos por causa de la emergencia sanitaria: 40 billones de pesos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y 40 billones de pesos adicionales, que dejaron de recaudarse por IVA a causa del cierre de las actividades productivas. También es necesario sostener programas sociales que se crearon para mitigar los efectos de la pandemia entre los más pobres.

La meta es obtener mínimo 25 billones de pesos. De ese total, 10 billones de pesos se destinarán a financiar programas para el apoyo de hogares en vulnerabilidad y pobreza extrema, como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Compensación del IVA; los otros 15 billones se usarán para pagar la deuda.

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Como hay urgencia de garantizar estos recursos, el Gobierno optó por recurrir a dos impuestos a través de los cuales se puede lograr un mayor recaudo: el IVA, con el que se buscarán 16,8 billones de pesos, y el de renta, particularmente de personas naturales, a través del cual se recogerían 10,5 billones. A estas fuentes se sumarían 3 billones de pesos de tributos a empresas. Si bien estos componentes suman 30,3 billones de pesos, hay que descontar 5,1 billones de pesos de un monto negativo del Sistema General de Participaciones (SGP), toda vez que hay una mayor presión de distribución de este rubro.

La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios y el Gobierno han evidenciado que, al contrario de la tendencia global, buena parte del peso tributario en Colombia recae sobre las empresas y no sobre la gente. El año pasado, por ejemplo, las empresas aportaron 51 billones de pesos en renta: el 80 por ciento del recaudo total. Se teme, además, que un aumento de este impuesto a personas jurídicas debilite todavía más a las empresas, tras la crisis de la pandemia, y espante la inversión extranjera.

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En Colombia, de acuerdo con la Dian, declaran renta 3,57 millones de personas; de ese total, solo 1,5 millones pagan el impuesto. De hecho, el aporte total el año pasado de la gente fue de 12,9 billones de pesos (20 por ciento del recaudo general de renta).

El Gobierno buscará que al menos 1 millón más de personas paguen efectivamente renta. En ese orden de ideas, propondrá en el proyecto que quienes acumulen ingresos anuales por 30 millones de pesos, es decir, 2,5 millones de pesos, declaren renta.

No. Quienes tengan ese nivel de ingresos no van a pagar impuesto; quienes tengan ingresos superiores a ese monto sí comenzarían a tributar. Por ejemplo, una persona que devengue 3 millones de pesos mensuales (36 millones anuales) pagaría por todo el año alrededor de 400.000 pesos, que aportará vía retención en la fuente (alrededor de 33.000 mensuales). El valor del aporte subirá con los ingresos.

Sí. El impuesto del 1 por ciento que debían pagar, de manera extraordinaria, los patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones de pesos en el país, durante los años 2019, 2020 y 2021, no solo será permanente a partir de esta reforma, sino que su tasa subirá al 3 por ciento. Por esta vía, el Gobierno espera recaudar 1 billón de pesos anuales. También se fortalecerá el impuesto a los dividendos. Hoy en día, quienes reciben ingresos de 10 millones de pesos o más por este concepto al año pagan una tasa del 10 por ciento. Este porcentaje se elevará al 15 por ciento para quienes obtengan cada año 30 millones de pesos o más por este concepto.

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El sistema tributario hoy tiene al menos 12 incentivos de los que echan mano muchas personas para reducir el impuesto por pagar, obtener saldos de cero e incluso a favor. Para evitar que eso siga pasando, con la reforma quedará establecido que la tarifa de renta efectiva por pagar en todos los casos no sea inferior al 20 o 21 por ciento. Por ejemplo, quienes ganen más de 500 millones de pesos al año ya no tendrán una tasa efectiva del 16 por ciento, sino de al menos el 20 por ciento.

Como ya lo había sugerido la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, con este proyecto se buscará aplicar un impuesto a las pensiones. La idea inicial es empezar a gravar las más altas, es decir, a partir de los 7 millones de pesos al mes.

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Se va a ampliar la base de productos gravados con el impuesto, y eso incluye subir la tarifa del 5 por ciento al 19 por ciento a aquellos considerados suntuarios. Se buscará, de este modo, que las personas de más ingresos aporten más con el pago del IVA. Para reducir el efecto que pueda tener en las familias más pobres, los bienes y servicios básicos seguirán exentos del cobro del IVA.

El programa de compensación del IVA, que hoy entrega 76.000 pesos cada dos meses a las familias más pobres y vulnerables, sería ampliado con la reforma. La idea es subir el valor de la compensación a 45.000 pesos mensuales y cobijar con estos recursos a 4,7 millones hogares.

El proyecto dará vida a este impuesto que se les cobrará a los trabajadores de los sectores público y privado que mensualmente (y tras descontar aportes a salud y pensión) devenguen 10 millones de pesos o más. Estas personas pagarían, durante el segundo semestre de este año, una tarifa mensual del 10 por ciento sobre su ingreso. Estos recursos se destinarán a financiar, hasta finales del 2021, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef); se trata del subsidio a la nómina de empresas pequeñas y medianas que por causa de la pandemia vieron afectados sus ingresos en al menos un 20 por ciento. Este impuesto tiene una compensación: los contribuyentes podrán deducir los recursos que aporten de futuros pagos que deban hacer por concepto de renta.

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El primero es Ingreso Solidario, que a partir de la reforma sería permanente y cobijaría a unos 4,7 millones de familias en pobreza extrema y vulnerabilidad; estas pasarían a recibir 360.000 pesos mensuales y 45.000 pesos adicionales al mes por compensación del IVA (programa que también será permanente). Se consolidará el Fondo de Solidaridad Educativa, para garantizar matrícula cero a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas; se crearán incentivos para empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años y se ampliará el Paef hasta finales del 2021.

El Gobierno incluirá en el proyecto cuatro herramientas de tipo fiscal para combatir la contaminación: la primera modifica el impuesto al carbono, incluyendo en la base gravable del tributo el carbón que se quema para producir energía en centrales térmicas o en industrias como la cementera y las siderúrgica (los 1,27 billones de pesos que se recauden se destinarían a la generación del Fondo del Clima); se crea un gravamen para vehículos automotores; se gravarán los plásticos de un solo uso y se generará un tributo al uso de plaguicidas no orgánicos.

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La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) considera que así será, porque quienes compren carbón para sus procesos de generación o industriales entrarían a pagar un impuesto equivalente al 26 por ciento del costo de la tonelada del mineral; además, podrían encarecerse los productos e insumos para la construcción producidos por cementeras e industria siderúrgica. Así las cosas, cada año los consumidores finales de energía pagarían 1,5 billones de pesos adicionales. Ahora: mientras que Andeg calcula que el costo por kilovatio aumentará en 18 pesos, el Gobierno señala que el incremento será de unos 7 pesos y asegura que este impuesto entrará gradualmente y no se pagará los dos primeros años.

Hoy es posible recurrir a los créditos de vivienda, las pensiones voluntarias y las cuentas AFC para descontar del pago del impuesto de renta. El rango de dicho descuento está entre el 25 y el 40 por ciento, pero a este tope solo acceden las personas de altos ingresos. La reforma plantea invertir el beneficio para que llegue a quienes más lo necesitan. Así, solo habrá una base del 25 por ciento y quienes tengan ingresos hasta de cuatro salarios mínimos y exijan facturas electrónicas podrán descontar hasta 10 puntos adicionales, para llegar a un máximo del 35 por ciento.

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El ICA que cobran los municipios a las empresas puede ser tomado por estas como descuento de renta en un 50 por ciento; el próximo año el descuento iba a ser del 100 por ciento, lo que representaba una pérdida de recaudo de entre 2,5 y 3 billones de pesos. El proyecto lo deja en 50 por ciento. Se buscará congelar la reducción progresiva que venía dándose sobre la renta corporativa, que hoy es del 31 por ciento; la idea es que se mantenga así en el 2022. La renta para micro y pequeñas empresas bajará al 24 por ciento.

Sonia Perilla Santamaría
Economía y Negocios
En Twitter: @soniaperilla

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