Mientras numerosos economistas dicen que la reforma tributaria es indispensable, los ataques políticos apuntan a que podría no aprobarse.

De acuerdo con Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, la reforma “es urgente y es plausible hacerla. Este es el año en que toca tramitarla por una situación fiscal que hace que haya una gran necesidad de financiación. Con enormes necesidades asociadas a la pandemia, el país necesita dejar claro que hacia el futuro se podrá recaudar más”.

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Por su parte, el exviceministro de Hacienda Francisco Azuero afirma que la reforma es necesaria, porque se requiere más recaudo.

Por el impacto de la pandemia, la pobreza puede haber subido del 35 por ciento registrado en el 2019 al 42 por ciento de la población, advierte el economista Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión. Sería perder los logros de una década. “¿Nos vamos a demorar otra década o hacemos un esfuerzo para recuperar el terreno más rápido? La única manera es adoptar una estrategia agresiva”.

Para Angulo, el peor escenario es que no haya reforma, y agrega que “una reforma que sea chuleada por las calificadores pero no mitigue pobreza me parece una oportunidad perdida”.

Sobre ese punto, Azuero y Eslava ven un escenario aún peor: que se aprueben gastos pero no los ingresos. “Si en el Congreso sí llegan a estar de acuerdo con el gasto, deben decir de dónde llegan los ingresos”, dice Azuero.

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Estas explicaciones, contrastan profundamente con el coro de rechazos de numerosos políticos incluso de bandos rivales, aún con las necesidades que está planteando la dura situación que ha traído la pandemia.

“Mi sensación –dice Eslava- es que en lugar de que primara la polarización sobre los argumentos, primó la politización por encima de la polarización y de los argumentos”.
Y prosigue: “Para cualquier ciudadano es fácil ver el Ingreso Solidario, las vacunas, los beneficios del Paef. La forma en que eso se financia (impuestos o préstamos contra la promesa de impuestos futuros) es mucho menos tangible. Políticamente es muy fácil decir ‘quiero todo eso’, pero es muy difícil decir que ‘tengo que asegurar los medios para financiarlo’ ”.

Angulo dice que la propuesta es mejorable, pero en su conjunto es mejor que el estado de cosas actual. Sobre las posiciones manifestadas por los políticos, agrega que “hay un sentimiento antigobiernista que prima sobre el centro de la discusión que es la estabilidad fiscal y la mitigación de la pobreza en el corto y mediano plazo. La quieren archivar, y en la discusión se ha hablado mucho sobre la clase media por encima del efecto de mantener el status quo en los pobres”.

¿Podrían primar los argumentos sobre intereses de la clase política? “Lo veo difícil, pero el país tiene que exigirles responsabilidad a los congresistas”, apunta por su parte Azuero.

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Si la idea, como dijo el presidente Iván Duque en entrevista con EL TIEMPO, es que en el Congreso, y en la elaboración de las ponencias, se puede ir construyendo el consenso, se deberá revisar qué se podría cambiar y qué, conservar.

Para Eslava, hay preocupaciones válidas para la discusión. Por ejemplo, la reforma “debe ser más ambiciosa en recoger ingresos del segmento de ingresos más altos de la población y más cuidadosa en la tributación del segmento que está entre dos y tres salarios mínimos como ingreso mensual”. Se debería –dice- asegurar más profundización de la tributación en el 1 o el 0,5 por ciento de la población de mayores ingresos.

A Azuero, le parece discutible que no se toquen beneficios como la tarifa diferencial para las zonas francas, las de la economía naranja o las megainversiones.

Dentro de los aspectos críticos para Azuero también están las tarifas diferenciales para personas jurídicas. Señala que plantear una tarifa diferente cuando la renta líquida supera los 500 millones de pesos puede incentivar el subreporte o puede llevar a escisiones.

Así mismo, considera que se debería cambiar la propuesta del paso de exentos a excluidos de productos que están en la cadena de producción del agro, pues, a su juicio, quitaría competitividad al mercado nacional. “El día sin IVA es otra equivocación –dice Azuero- pues las compras que se inducen son principalmente productos importados”.

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Para Eslava, el proyecto radicado en el Congreso camina en la dirección de lograr un Estatuto Tributario más eficiente y equitativo, porque la devolución del IVA, el Ingreso Solidario, la focalización de los subsidios de energía apuntan a un sistema de protección social más robusto, y también por “el hecho de extender en el tiempo el impuesto al patrimonio a los patrimonios más elevados, subir la tasa de tributación de los dividendos, y también la extensión –si bien, parca- del IVA”.

Azuero señala que entre los componentes que se deben defender está la consolidación del ingreso solidario. Al respecto, Angulo comenta que el proyecto prevé una estructura para crear un ingreso mínimo con varios frentes. Que apuesta a una mezcla de transferencias condicionadas y no condicionadas y no borra los aprendizajes de 20 años.

Azuero también ve con buenos ojos el cambio en la regla fiscal, que le da más independencia al comité, así como las disposiciones del proyecto sobre impuestos verdes.

Igualmente, piensa que es positivo que se quiten ciertas exenciones cuya única justificación es que “han sido resultado del lobby”. Por ejemplo, la tarifa especial de 9 por ciento para empresas comerciales e industriales del Estado, también, el incentivo para el desarrollo del campo o para el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales.

Angulo advierte que si los cambios se concentran en el lado de los ingresos, se perdería el alcance para aliviar la pobreza. Subraya que en la primera presentación que el Gobierno hizo a los gremios, y que desde allí se filtró, el efecto previsto era una reducción de 4 puntos porcentuales en la pobreza. Tras las primeras reacciones sobre esa versión hubo ajustes que se vieron en el proyecto radicado en el Congreso, y para ese momento, subraya Angulo, ya la reducción esperada en la pobreza había disminuido a 2,6 por ciento de la población.

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“¿Cuánta pobreza estamos dispuestos a sacrificar; si quitamos este o este otro punto, eso cuánta pobreza dejaría de mitigar?”, se pregunta el economista, al prever que lo planteado en el proyecto se siga peluqueando.

“Podemos decir –agrega- ‘esperemos a que haya un momento adecuado para hacer la reforma’. Uno como clase media puede aguantar un añito dos añitos… o los ricos. Pero los pobres no. Entonces frente al tema del status quo, uno diría quién es la voz de ellos. Ustedes pueden llamar a un gremio para saber la posición de los empresarios, o a otro para la posición del sector financiero. Pero quién va a hablar por los pobres, si una de sus características es la exclusión, es que tienen pocos canales de participación”.

¿Entonces por qué la marcha de los sindicalistas, no se supone que representan a los sectores populares? “Los sindicatos defienden los intereses de los que están adentro. De los asalariados. Los que están por fuera no son preocupación de los sindicatos. Por el vendedor ambulante o el maestro de obra que trabaja a destajo no hay ninguna preocupación”, dice Angulo.

Por su parte, Eslava dice que los beneficiarios de la reforma no son el 40 por ciento de la población en la pobreza. “Los beneficiario somos todos”, dice, porque se trata de asegurar el financiamiento del gasto fiscal que se necesita y que en el futuro el gobierno pueda tener el alcance fijado por la Constitución. Y agrega que históricamente ha sido difícil transmitir ese mensaje de que el país decidió tener unas amplias redes de protección social y quiere garantizar una serie de derechos, sumado a que ahora necesita inversiones de emergencia, y que eso cuesta, y entre todos nos toca pagar más.

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