Luego de que el presidente Iván Duque confirmó que presentará el proyecto de reforma tributaria en la presente legislatura, EL TIEMPO pudo establecer, según fuentes enteradas del tema, que el Ministerio de Hacienda ya tiene un borrador de la iniciativa, que le fue presentado al mandatario el viernes 5 de febrero por el equipo en pleno del ministerio.
La presentación fue encabezada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a esta asistieron el viceministro general, Juan Alberto Londoño; el viceministro Técnico, Juan Pablo Zárate; el director de Crédito Público, César Arias, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez.
Según las mismas fuentes, el lunes el Gobierno recibió el último documento de la Comisión de Expertos Tributarios que se conformó en agosto pasado para hacer una revisión a fondo del estatuto tributario, y que está enfocada en las millonarias exenciones que se hacen a los impuestos, que suman más de 90 billones de pesos cada año.
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No obstante, el viceministro Londoño aseguró que la Comisión aún se encuentra trabajando en la versión preliminar del informe, que será un insumo clave para incorporar en el texto definitivo de la reforma.
Con los anuncios del Presidente, los ojos están puestos ahora en las exenciones relacionadas con el impuesto al valor agregado (IVA), pues de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos Anif, el valor que se deja de recaudar cada año en IVA por las exenciones, exclusiones y tarifas más bajas que la general del 19 por ciento pueden costar 75 billones de pesos, de los cuales 61,28 billones de pesos corresponden a los bienes y servicios que están excluidos de este impuesto.
El lunes, el Presidente dio pistas que apuntan a la eliminación de estas exenciones, pero garantizando que no se les cobre a los más vulnerables, vía devolución de esos dineros. “Muchos creían que eso no era posible –dijo Duque en entrevista con la Radio Nacional–, pero el año pasado logramos devolverles el IVA a un millón de personas, y este año vamos a llegar a dos millones”.
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Susana Correa, directora de Prosperidad Social, explicó que de ese total 700.000 pertenecen a los hogares más vulnerables del programa Familias en Acción y las otras 300.000 son adultos mayores vulnerables que estaban en la lista de espera del programa Colombia Mayor. “Se trata de personas que, dentro de sus respectivos programas, tienen los mayores niveles de pobreza, de acuerdo con el Sisbén”, señaló.
Y agregó que el millón adicional de hogares a los que esperan cobijar corresponde a quienes, según el Sisbén, están en pobreza extrema y no son beneficiarios de programas de transferencias monetarias de la Nación, y la población más pobre, beneficiaria de Ingreso Solidario.
Según Correa, el año pasado se giraron a estas poblaciones, por devolución de IVA, 370.840 millones de pesos; “para el 2021 el Gobierno ajustó el valor de la transferencia a 76.000 pesos y aumentó un ciclo adicional de pago para completar seis ciclos. Este año se harán transferencias por 912.000 millones de pesos”, dijo la funcionaria.
¿Qué pasaría con la población ‘sánduche’ cuyos ingresos son bajos, pero que no es suficientemente pobre para beneficiarse con devoluciones?
Pese a estos reportes, algunos analistas consideran que es necesario afinar muy bien los mecanismos de focalización de la población y giro de los recursos.
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Horacio Ayala, exdirector de la Dian, señala que “el IVA tiene el inconveniente de no ser un impuesto progresivo, por lo que es muy difícil hacerle modificaciones que no impacten a todo el mundo. Se creó el mecanismo de devolución, pero no es tan sencillo establecer a quiénes efectivamente se les debe devolver. En ese proceso pueden cometerse errores e injusticias”.
Ante el escenario de eliminar todas las exenciones del IVA, se pregunta “¿Qué pasaría con la población ‘sánduche’ cuyos ingresos son bajos, pero que no es suficientemente pobre para beneficiarse con las devoluciones?”.
Por eso, Ayala señala que si bien el IVA es importante dentro de una reforma, no puede ser el eje principal, y recomienda tener en cuenta el análisis de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios para tomar determinaciones: “Dentro de la legislación hay una cantidad de beneficios distintos del IVA que deben ser modificados. En cuanto a la tributación de personas naturales, esta ha llegado a niveles importantes, el problema es que hay una enorme informalidad. En otras palabras: el contingente de personas naturales en capacidad de tributar es pequeño, por la informalidad y la pobreza”.
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Al economista Luis Jorge Garay le preocupa el impacto regresivo que podría tener una universalización del IVA a toda la canasta familiar, con una tarifa del 19 por ciento, porque agudizaría la desigualdad y llevaría a hogares en pobreza o de clase media a caer, respectivamente, en pobreza extrema y en vulnerabilidad. Y sobre el mecanismo de devolución, Garay no descarta que puedan presentarse inequidades por falencias en el sistema de información sobre todos los hogares vulnerables.
En ese orden de ideas, propone recurrir a mecanismos como el de imputación del IVA que le corresponde a cada hogar según el nivel de ingreso, con base en la composición y magnitud del gasto de bienes y servicios de la canasta familiar.
La propuesta consiste en aplicar una tarifa del 0 por ciento a hogares que no sean de altos ingresos en el país y tarifa del 19 por ciento para los de altos ingresos. La idea es que la administración tributaria estime el valor del IVA que le correspondería pagar a esa tarifa del 19 por ciento, por ejemplo, y en la declaración de renta imputarla como impuesto a pagar.
Para Garay, esto supone ventajas como una mayor facilidad en la administración; además, se evitaría la regresividad del impuesto y no se pondría en riesgo a hogares vulnerables no focalizados, por no contar con un sistema de información perfecto.
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