Embargar ahorro pensional y otras 9 ideas al respecto, en el Congreso

Ahorros de pensiones usados para pagar deudas en mora, haciendo que luego la pensión sea más baja o no alcance el saldo para pensionarse; mujeres jubilándose con 1.000 semanas si se esperan cinco años más; jubilados con pensiones más bajas luego de que se les permita sacar hasta el 10 por ciento de sus cuentas. Este podría ser parte del panorama si el Congreso aprueba nueve proyectos de ley y uno de reforma constitucional que constituyen toda una reforma pensional.

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A continuación, las propuestas que se tramitan en el Congreso, que no alcanzarán a ser ley este año, pero que siguen vivas para el año entrante.

Un proyecto le apunta a que las trabajadoras afiliadas a Colpensiones, que se jubilan con 1.300 semanas al cumplir 57 años de edad, tengan la alternativa de jubilarse con 1.000 semanas, al cumplir 62 años.

Un proyecto similar al de los traslados exprés permite que, durante un año, cualquier afiliado se pueda cambiar de régimen sin condiciones como semanas cotizadas o tope de ingresos. El único requisito es que el afiliado no se haya pensionado.

Una iniciativa quiere permitir que una parte del ahorro pensional se pueda usar como garantía para sacar plata prestada. El proyecto se refiere a afiliados a los fondos privados, cuyos aportes se ahorran en una cuenta individual. El ahorro que se volvería garantía para un préstamo dependería de la edad de la persona.

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Otro proyecto plantea que personas que ya tengan las semanas para pensionarse, pero no la edad y estén cesantes por la pandemia, puedan pensionarse anticipadamente. Se permitiría que hombres se pensionen a los 55 años y mujeres, a los 50 años.

Otra iniciativa propone crear un fondo especial de ahorro social para la pensión y el emprendimiento, y asigna un bono solidario para los recién nacidos de familias vulnerables.

Un proyecto tiene como propósito establecer un Programa de Retiro Parcial de Pensiones del régimen de los fondos privados, en donde se les permitiría sacar hasta el 10 por ciento del ahorro pensional a afiliados a los fondos privados.

Otro de los proyectos obliga a que el 3 por ciento de los ahorros de los trabajadores se entregue a fondos de capital privado para que los inviertan en negocios exclusivamente nacionales.

Un proyecto establece restricciones adicionales a la publicidad de las administradoras de fondos de pensiones en la promoción de sus productos, con el fin de mejorar la transparencia ante usuarios, afiliados y pensionados del sistema general de pensiones.

Busca establecer un techo a las mesadas pensionales, de 25 salarios mínimos, es decir, en los niveles actuales, que no haya mesadas superiores a algo más de 17,5 millones de pesos.

Un proyecto de ley plantea permitir que hasta el 50 por ciento de las cesantías se puedan retirar para usar el dinero en la creación de negocios familiares o pequeñas y medianas empresas. Pueden ser negocios del trabajador o de su pareja o de hijos de entre 18 y 28 años de edad. Con esa finalidad, también se podrían sacar ahorros en pensiones voluntarias.

Entre las observaciones de conocedores del sistema, una de las más frecuentes es que cuatro de los proyectos ponen en riesgo que la gente se pensione o les reduce el monto de la pensión a los trabajadores.

Permitir que se embargue el ahorro para la pensión, que se retire parte del ahorro o que obliguen al administrador a que lo invierta en negocios nacionales, sin importar si son más rentables, podría disminuir la posibilidad de llegar al monto necesario que permita pensionarse o llegar a un monto que dé una mesada inferior o tener que pensionarse a más edad.

En el caso de permitir el traslado entre regímenes de pensiones, decisiones equivocadas podrían poner en riesgo los derechos pensionales de los afiliados. Por ejemplo, una persona con salario mínimo que decida pasar de un fondo privado a Colpensiones perdería el derecho a pensionarse con 150 semanas menos.

En cuanto al aumento del déficit fiscal, este ocurriría si a las mujeres en el régimen de prima media toca pagarles pensión con recursos públicos, sin cumplir las semanas, o si se modifica el requisito de edad y se anticipa el momento de la pensión, pues aumentan los subsidios estatales para el financiamiento de esas pensiones. El proyecto del bono al nacer también dependería del presupuesto nacional, impactando el déficit.

Entre tanto, en dos de los proyectos se quiere entregar los recursos para la pensión de los trabajadores para que se usen en otra cosa, aunque la Constitución lo prohíbe. Por ejemplo, usar los ahorros para pagar embargos o hacer retiros.

También puede haber tratos discriminatorios en los proyectos, como distinguir entre mujeres que se pensionan con 1.300 semanas y otras que lo harían con 1.000. O el proyecto de retiros parciales que necesariamente deja por fuera a los afiliados a prima media, que no tienen un fondo de ahorro individual.

Así mismo, el proyecto que se refiere al retiro de pensiones voluntarias sin condiciones permitiría la evasión de impuestos, en tanto que estos fondos deben permanecer un tiempo mínimo para no tener que pagar retención en la fuente en el momento del retiro.

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