Ocho de 19 licoreras que existieron en el pasado quedan vivas en Colombia: dos pequeñas y seis entre medianas y grandes.
Ellas son las protagonistas en el monopolio rentístico, el cual motivó el proyecto de ley que está a punto de ser votado en último debate en el Senado de la República.
Dicho monopolio genera recursos a los departamentos para financiar la salud y la educación. Esos recaudos, que con el proyecto crecerán en 19,3 por ciento, es decir, 270.000 millones desde 1,4 billones de pesos, según cálculos presentados por el Ministerio de Hacienda. Y la plata terminó siendo el argumento principal para la defensa a ultranza de la iniciativa, que aún causa reparos.
Así, aparte de las inconformidades de los importadores, que dicen no ver por ningún lado la equidad en el tratamiento impositivo para competir con el producto nacional, las regiones colombianas, principalmente a través de la Federación de Departamentos, han dado una dura batalla en el proceso de debate y aprobación del proyecto de ley, porque tampoco se sienten del todo bien tratadas. (Lea también: 'El licor más caro debe pagar más impuestos': viceministra de Hacienda)
“Con el nuevo proyecto se subsanó el tema de la concertación, pues, aunque hayamos tenido discrepancias, se han hecho foros abiertos en las regiones”, indicó el director del gremio de departamentos, Amylkar Acosta.
No obstante, las preocupaciones de las regiones persisten, pues, “en pos de eliminar la discriminación se ha venido imponiendo el criterio de que aquello que se le conceda al licor producido por la industria nacional se les termine cediendo también a los licores importados, cuando el monopolio por sí mismo es discriminatorio”, sostuvo Acosta.
En este contexto, no son pocos los que critican la obsolescencia del monopolio rentístico, que por Constitución se mantiene en el país para favorecer las rentas departamentales.
“El proyecto quedó mal por donde se le mire. No cumple con las exigencias internacionales, y no fortalece el monopolio sino que lo debilita”, señala el consultor y exnegociador de acuerdos comerciales Andrés Espinosa Fenwarth. (Además: Antioquia y Caldas 'abren fronteras' para el comercio de licores)
Desde esta perspectiva, los monopolios, como los que se aplican en Estados Unidos y Canadá, son totalmente discriminatorios, para poder aportar al tema que se intenta favorecer (en este caso, la salud y la educación regionales).
Pero, para nadie es un secreto que los diferentes esquemas mediante los cuales se explota el monopolio rentístico para las regiones se han politizado, lo que ha contribuido a acabar con varias licoreras a las que poco se les metió el acelerador.
En consecuencia, de la que antaño fue una potente industria nacional quedan ocho, y solo tres están adscritas a su respectivo departamento.
Sus productos bandera son el ron y el aguardiente, cuyas ventas no andan precisamente por las nubes.
Entre todas, de acuerdo con cifras de Cedetrabajo, generan 1.500 empleos directos y, en un año como el 2014, de expansión económica en Colombia, aportaron el 13,5 por ciento del recaudo propio de los departamentos.
“Tanto interés de los departamentos en este proyecto es porque sus rentas propias son supremamente exiguas; estos impuestos son poco dinámicos”, indicó Acosta. (Lea: 'Ley de licores les conviene a departamentos': agencia Fitch Ratings)
Y no es para menos. El senador Iván Duque sostiene que uno de los problemas para estas industrias es el mercado ilegal, cuyo tamaño es de 1.358 millones de dólares.
Ese flagelo, sumado a la poca gestión que se hace en algunas licoreras, tiene las rentas departamentales con un crecimiento casi nulo: del 12 por ciento en total en ventas de aguardiente en el primer semestre del 2016, pero impulsado principalmente por la Fábrica de Licores de Antioquia.
La mayor parte de estas licoreras no producen sino que mandan a producir. Algunas solo comercializan, otra (Boyacá) está en concesión. Así, según la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), entre el grupo de compañías adscritas al departamento está la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, que produce y comercializa ron y aguardiente, y es una de las pocas pujantes.
Durante el primer semestre de este año promovió el crecimiento de las ventas, con una variación del 23,4 por ciento en el caso del aguardiente y del 80,8 por ciento en el del ron, frente al mismo periodo del año pasado.
Con ese mismo esquema (ascrita al departamento) está la fábrica de aguardiente Nariño, que no produce ni comercializa. Esta labor se la encargó a la Industria Licorera de Caldas. (También: Así cayeron los 'zares' del trago adulterado en el país)
La tercera es la Unidad de Licores del Meta, que tampoco produce sino que encarga la producción a otras licoreras oficiales, y ella comercializa directamente. En el primer semestre, con los productos que la mantienen en el escenario: el aguardiente tradicional y el tapa azul, decreció ventas en 28,5 por ciento.
Y la última de este grupo, la Industria Licorera de Boyacá, produce y comercializa, pero está concesionada. Sus resultados semestrales, según cifras de Acil, fueron negativos: (2,29 por ciento menos en aguardiente y 0,96 por ciento menos en ron).
Las restantes licoreras funcionan como empresas industriales y comerciales del Estado, es decir, aunque su régimen de contratación es público, tienen autonomía administrativa y financiera.
Entre estas están la Industria Licorera de Caldas, que junto con la de Antioquia y Valle fueron las únicas que tuvieron crecimiento en ventas de aguardiente (6,29 %) y ron (28,4 %).
También son empresas industriales y comerciales del Estado la licorera de Cundinamarca, que decayó en ventas de aguardiente (19,6 %), mientras que subió ligeramente en ron (4,18 %).
La Industria de Licores del Valle, si bien tiene menores cifras de venta en botellas que la de Antioquia, pedaleó en el primer semestre del 2016. Vendió 2’511.851 unidades de aguardiente, lo que representó un crecimiento del 2.821 por ciento, pues venía de cifras ínfimas: 85.982.
Cabe destacar que la de Antioquia vendió en el mismo semestre 10’234.912 botellas.
En el caso del ron, para la licorera del Valle representó un crecimiento en ventas de 514 por ciento, correspondientes a 199.300 botellas.
La licorera de Antioquia vendió en el semestre 4’835.804 botellas.
También son empresas industriales y comerciales del Estado la Fábrica de Licores del Tolima, que decreció las ventas de ambos productos, y la Licorera del Cauca, que bajó ventas de aguardiente en 14,7 por ciento, pero creció en ron 35,2 por ciento, con la salvedad de que sus ventas de este producto solo fueron de 8.762 botellas.
El recaudo por licores tiene peso mayor a 30% en 4 departamentos, 3 de los cuales tienen licorera.
Regiones dicen que se mejoró el proyectoA un paso de la aprobación del proyecto de ley “por el cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”, la inconformidad es mayoritaria.
Este proyecto, que en un principio intentó pasar de agache –como un pedazo invisible en el plan de desarrollo–, lo que no obtuvo la venia en el Congreso, debió ser tramitado después como propuesta independiente. Originalmente tiene la intención de reglamentar el monopolio rentístico que les genera recursos a los departamentos para financiar la salud y la educación. Pero de por medio está el compromiso internacional que tiene Colombia con varios países con los que ha suscrito acuerdos comerciales, para que se unifiquen los impuestos de los licores nacionales con los importados y garantizar así la libre competencia.
Un efecto colateral del proyecto debía ser el incremento en el recaudo regional, lo que al parecer terminó como lo esencial. Aún así, “el proyecto es mejor que el que se intentó pasar por el plan de desarrollo”, dijo Amylkar Acosta.
Los importadores siguen preocupadosEntre las sustentaciones del Ministerio de Comercio, que es uno de los autores del proyecto de ley, “la iniciativa propone que, de gravar los licores de hasta 35 grados con 306 pesos por cada grado y los de más de 35 con 502 pesos se pase a una tarifa específica de 220 pesos por grado de alcohol, más un componente ad valorem del 25 por ciento sobre el precio final”.
En este sentido, las asociaciones de vinos y licores, con el respaldo de Fenalco y la Andi, propusieron al Gobierno y al Congreso “fijar una tarifa ad valorem de 20 por ciento para todos los productos, manteniendo la tarifa específica de 220 pesos para licores y aperitivos no vínicos y una tarifa diferencial específica para vinos y aperitivos vínicos de 120 pesos por grado alcoholimétrico”.
El proyecto también propone IVA del 5 por ciento sobre el precio sin impuestos, descontable para la industria nacional, por pago de insumos al producir.
De igual manera, la ponencia que se votará este miércoles, y que según algunos congresistas aún es susceptible de modificar, incluye el cobro del 2 por ciento por derechos de explotación y la obligatoriedad para productos importados de poner a la botella una etiqueta que diga que el producto es introducido para el mercado colombiano.
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