Los resultados del control fiscal, medidos por el nivel de recuperación de recursos públicos que deben rescatar de las garras de la corrupción, han mejorado, pero aún siguen siendo muy bajos.
Según las cuentas de la Auditoría General, entidad que hace seguimiento a la labor de las 63 contralorías territoriales y a la Contraloría General, de cada 1.000 pesos en procesos de responsabilidad fiscal solo se recuperan 40 (el 4 %).
El avance es visible si se tiene en cuenta que en el 2011 el entonces auditor general, Iván Darío Gómez Lee, reveló que la cifra era de 8 pesos por cada 1.000 (0,8 %).
Por ello, el consenso hoy en el país es que, para el buen uso de los recursos públicos se requiere cambiar el esquema, para fortalecer la vigilancia por parte de las entidades de control fiscal pues, por ahora, hay serias falencias.
Las estadísticas de la Auditoría General, muestran que en el último cuatrienio (2012 a 2015), del presupuesto total de esos años: 406 billones de pesos, solo se les puso la lupa a 312 billones, es decir, el 76,8 por ciento.
Una de las razones por las cuales en ese periodo quedó tanta plata por fuera del radar del control fiscal ($ 94 billones) es la escasez de recursos, tanto humanos como económicos, para ejercer su misión en las regiones. A ello se le agrega que, muchas de ellas, no cuentan con el personal idóneo.
“Tenemos unos auditores que conocen la materia, son muy buenos, pero necesitan personal técnico que les dé apoyo, según el tema. En contralorías como la de Amazonas hay 7 funcionarios y no tienen posibilidades de financiar ingenieros civiles, ambientales, documentólogos, grafólogos”, señala Felipe Córdoba, auditor general.
El auditor destacó que, además de la recuperación de recursos, tras los procesos de responsabilidad fiscal, también hay que tener en cuenta los beneficios que aportan las auditorías. Esto no es otra cosa que la plata que no se pierde porque hay organismos haciendo seguimiento y advirtiendo para que se haga buen uso de la plata pública. En este sentido, “400 pesos de cada 1.000 que están en riesgo de despilfarro son salvados con las auditorías”, expresa Córdoba.
No obstante, su preocupación es grande, pues los recursos que hay en las regiones para adelantar esta labor son escasos.
Es así como los sujetos vigilados son 8.442, entre alcaldías, departamentos y sus institutos descentralizados. Pero también hay empresas mixtas como EPM, Emcali y otros institutos descentralizados.
Para todos ellos, el control territorial cuenta con 3.254 funcionarios. Esto implica que a cada trabajador del control fiscal le correspondió vigilar 95.000 millones de pesos.
En términos de habitantes, cada funcionario vigila a 12.528, sin contar a Bogotá. Al incluir la capital, teniendo en cuenta que la Contraloría General y la de Bogotá son entidades con más fortaleza institucional, el indicador es de 5.742 habitantes vigilados por funcionario.
Hay que destacar que esta cifra, en países avanzados, como Suecia, es de 5 habitantes por funcionario.
Con respecto a los recursos económicos la situación no es mejor. En Colombia se invierten 23.159 pesos por habitante para controlar el buen uso de los recursos públicos, con la salvedad de que hay regiones que tienen un presupuesto ínfimo.
En consecuencia, “se requiere un cambio de modelo de control fiscal, para que aquel que investigue, no sea el mismo que juzga. Que la vigilancia sea en todo momento de la ejecución presupuestal y no solo a posteriori. Y que cada organismo de control sea eficiente en lo que hace: unos se especialicen en investigar, otros en monitorear, otros en recuperar. Esta es la oportunidad de oro. El control fiscal para la paz así lo requiere”, propone el auditor.
'En menos tiempo hemos recuperado más'
Recaudo de la Contraloría en los últimos dos periodos administrativos.
Según la Contraloría General, “el recaudo total acumulado, desde que se inició la actual administración, es de 127.000 millones de pesos, mientras que el total del periodo anterior fue 68.000 millones”.
A este organismo de control fiscal, en el 2015, le correspondía auditar 563,8 billones de pesos, de los cuales, 520 son nacionales y 43,7 territoriales. El porcentaje auditado fue del 52,3 por ciento, es decir, 295,2 billones de pesos.
En el año pasado, esta entidad estableció hallazgos fiscales por 224.000 millones de pesos y, según su reporte, la recuperación fue de 34.000 millones, es decir, un 15 por ciento ($ 150 × $ 1000).
Para el contralor general, Edgardo Maya, “confrontando los beneficios del proceso auditor en lo corrido del presente año 2016 ($ 628.000 millones) versus el presupuesto de apropiación inicial para la Contraloría ($ 489.726 millones), por cada peso invertido está retornando $ 1,28 por acción del control fiscal”.
De acuerdo con el funcionario, existen varias razones por las cuales los resultados no son mayores. “Los presuntos responsables fiscales transfieren sus bienes a terceros para evitar que se decreten medidas cautelares sobre los mismos o los gravan con patrimonio de familia inembargable, impidiendo que se asegure el cobro”.
Otra de las dificultades es que “las entidades públicas adquieren pólizas de manejo global del sector público a las compañías de seguros, con amparos y coberturas insuficientes siendo el valor asegurado muy bajo frente al monto por cubrir”, entre otras. Lo cierto es que de nuevo en Colombia hay una fuerte presión para que se reforme el control fiscal. Rodrigo Lara, representante a la Cámara, radicó en días pasados, en el Congreso, un proyecto de ley para crear un tribunal de cuentas que se encargue del tema, que sea independiente de la rama Ejecutiva, y que tenga funciones jurisdiccionales, con un poder similar al de la Corte Constitucional.
¿Qué se ha hecho para mejorar?Según el auditor general, Felipe Córdoba, hoy la Auditoría General cuenta con su aplicación en los celulares. De esta manera cualquier ciudadano puede visualizar lo que pasa con el recurso público. “Hacemos informes mensuales para saber quiénes son los contratistas. En ese mapa de recursos se puede ver cuál es el presupuesto por departamento, por municipio y su contratación”. Las cifras de recuperación no nos ayudan pero estamos tratando de cambiarlas. La estrategia regional es pedirle cuentas al contralor, cada tres meses, en presencia de la ciudadanía”.
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