Con un volumen de 10.000 proyectos que se financian con regalías por vigilar y el riesgo latente del mal uso de los recursos públicos, la Contraloría General anunció que recortará el 30 por ciento del personal temporal con el cual contaba desde hace unos años para auditar y hacer seguimiento al manejo de estos dineros.
Si bien se redujo el monto del Presupuesto General de Regalías, el cual tuvo que ser aprobado por decreto el año pasado, la disminución de 100 cargos, de los 304 que tenía la planta temporal de regalías, implicará una baja sensible en el control.
La creación de un rubro destinado específicamente al control de las regalías fue aprobado en el acto legislativo que transformó la manera de distribuir estos recursos.
Se estableció así que un 1 por ciento del recaudo bienal sería para garantizar el control y la vigilancia del buen uso de estos dineros. Tal porcentaje se reparte por mitades, entre Planeación Nacional y la Contraloría. En el bienio 2015-2016, cuando ya estaba pasando el auge de la minería, se destinaron 90.000 millones de pesos al organismo de control. Para 2017-2018, la baja es casi de la mitad del presupuesto: recibirán 58.796 millones.
Según la Contraloría, tendrán que disponer de 34.000 millones para cancelar la nómina de regalías en el bienio, lo que ha generado incertidumbre, pues no se sabe si la vigilancia en los dos años se financiará solo con menos de 15.000 millones de pesos, para pagar nómina, viáticos para las investigaciones y demás.
Solo durante el segundo semestre del 2016, las auditorías realizadas por la Contraloría General mostraron que en el país se sigue haciendo fiesta con estos recursos. 154 hallazgos con connotaciones fiscales, que involucran 149.156 millones de pesos, se revelaron en ese periodo.
