Luego de que la comisión de 11 expertos independientes, designada por el Gobierno para revisar la viabilidad y conveniencia de la exploración de yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking), le recomendó al país avanzar con proyectos piloto para la búsqueda de crudo y gas, pero cumpliendo estrictos requisitos, la conclusión de los asistentes es que viene una ardua e intensa tarea de alistamiento antes de acometer las actividades.
Lo anterior porque durante su fase de campo, en las comunidades de San Martín (Cesar), Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander), los expertos corroboraron que el rechazo a este tipo de técnicas obedece a factores como la falta de acceso a información pública de estos procesos, la desconfianza porque “se extrae riqueza y se instala pobreza” (baja infraestructura que compense los impactos), la pobre capacidad para gestionar los territorios y el incumplimiento de la normatividad ambiental, a tal punto que ni siquiera hay capacidad de las entidades encargadas de hacerla cumplir.
Dicho alistamiento, según Juan Pablo Ruiz, miembro de la comisión y experto en política ambiental y manejo de recursos ambientales en América Latina, deberá contar en todo momento con la activa participación de las comunidades, y se deberá dar en tres fases.
Las recomendaciones de la comisión para esta preparación e investigación en aspectos como la caracterización de los acuíferos, los efectos en la salud humana y en las condiciones sísmicas de las zonas elegidas, entre otros, coinciden con las preocupaciones de ambientalistas como Carlos Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, quien señala que no existe la información suficiente para identificar los riesgos asociados a estos factores.
Precisamente, según la Comisión de Expertos, todos estos factores se deberán tener muy estudiados y revisados antes de iniciar un piloto para búsqueda de crudo y gas mediante el fracking. “Entre mayor conocimiento, menores son los riesgos”, recalcó Ruiz.
El informe se da tres meses después de que el Consejo de Estado suspendió las normas con las que el Gobierno definió el reglamento técnico y las condiciones para la exploración y explotación de estos recursos.
Sobre este aspecto, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que a este fallo se le interpuso un recurso de súplica y que este insumo de la Comisión de Expertos será útil en esa discusión. “Vamos a analizar y nos van a entregar el documento la próxima semana. Algo que hay que resaltar es que las recomendaciones son integrales, no solo sobre la técnica sino sobre el relacionamiento social”, agregó la funcionaria.
Se están recomendando proyectos pilotos por fases que comenzarían por un número pequeño de pozos exploratorios. Con menos pozos, menores son los riesgos en fase inicial
La Comisión de Expertos estableció tres fases para avanzar en la exploración de estos recursos, los cuales le darían al país unas reservas adicionales por 5.000 millones de barriles de crudo y suficientes recursos de gas para asegurar el abastecimiento futuro para hogares y la generación de energía.
En primer lugar, antes de hacer un piloto se deberán identificar carencias de información a nivel de ecosistemas, hidrogeología y sismicidad, ya que, según Gonzalo Andrade, biólogo con maestría en Ciencias Biológicas, el país desconoce cerca del 85 por ciento de su agua subterránea.
La comisión también recomendó, antes de iniciar los pilotos, divulgar la tecnología de mínimo impacto que se utilizará, acordar con los pobladores cercanos al lugar el manejo de riesgos de salud, identificar las necesidades de capacidad institucional para hacer seguimiento al piloto, construir líneas bases sociales (salud, económica, uso de recursos naturales) y ambiental (ecosistemas terrestres y acuáticos).
También sugirió revisar las necesidades de capacitación de personal local para participar en las actividades y acordar mecanismos de participación ciudadana.
Todo esto bajo el entendido de una institucionalidad reforzada para la actividad, tanto del Ministerio de Minas y Energía como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre otros.
Carlos Alberto Vargas, geólogo con posdoctorado en Tectónica e Hidrocarburos del Institute for Geophysics de la Universidad de Texas, y experto en geodinámica y geofísica, propuso la creación de una superintendencia de asuntos ambientales y mineroenergéticos que ejerza vigilancia de las actividades y que garantice el acceso a la información.
Un paso clave para ejecutar los pilotos mediante el uso del fracking, como el que tiene en estudio Ecopetrol, debe ser, de acuerdo con el informe, complementar las líneas base de información ecosistémica, hidrogeológica y de sismicidad asociada al proyecto, así como gestionar la licencia social para la exploración y explotación con técnica de fracking.
Entre los requerimientos se destaca la novedad de que se definan esquemas para identificar las utilidades que deberían recibir las comunidades si los proyectos son comerciales y su uso para la gestión de territorios sostenibles, un esquema parecido al que funciona en Estados Unidos.
Al respecto, David Neslin, otro de los expertos de la comisión y consultor en asuntos energéticos y ambientales de EE. UU., destacó que las normas que se han definido en Colombia son comparables con las más estrictas en su país. “La comisión está recomendando algo más cauteloso que lo aplicado en Estados Unidos. Se están recomendando proyectos pilotos por fases que comenzarían por un número pequeño de pozos exploratorios. Con menos pozos, menores son los riesgos en fase inicial”.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, calificó como positivo que entre las recomendaciones esté la aplicación de pruebas piloto, que deberían adelantarse en el curso de un par de años. Y señaló que el fortalecimiento institucional no tendría por qué demorar el proceso, ya que la perforación de unos 12 pozos, inicialmente, puede hacerse de la mano de la identificación de necesidades institucionales y de un proceso de afianzar la confianza con las comunidades.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Comentar