En último debate fue aprobado en plenaria de Senado el proyecto de ley que busca reducir del 12 al 4 por ciento, el pago que hacen los pensionados para recibir atención en salud, pero la iniciativa no solo tendrá que ir a conciliación en el Congreso, sino que el Gobierno mantiene su oposición y pediría declarar la inconstitucionalidad.
La Cámara de representantes le había dado el visto bueno, de manera que el beneficio fuera para todos los que culminan su vida laboral. Entre tanto, en la plenaria del Senado, le introdujeron una modificación: el beneficio solo será para las mesadas inferiores a 4 salarios mínimos, es decir, cerca de 3 millones de pesos.
El problema, según conceptuó el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, es que en ambos casos, el Gobierno se opone, por considerar que habrá un golpe duro a las finanzas de la salud. En el primer caso, el impacto sería de 3,3 billones de pesos que dejaría de percibir el fisco por aportes de los pensionados, mientras que en el segundo, el faltante sería de 2,3 billones.
Según el funcionario, como se trata de un proyecto que requiere el aval del Gobierno y no lo tiene, podría ser declarado inconstitucional.
Mientras tanto, el Congreso ya está listo para aprobar uno de los dos textos, lo que ocurrirá en próximos días.
En el país, en el 2016, había alrededor de 1’600.000 pensionados, la mayoría de ellos, con bajos salarios, mientras que el verdadero pasivo pensional lo generan las altas mesadas que recibe un porcentaje mínimo de los jubilados y deben ser subsidiadas con recursos públicos.