La radicación del proyecto de ley, por parte del senador Álvaro Uribe, generó diversas opiniones en el país. Entre los empresarios se suscitó una división entre las compañías grandes, representadas por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), y el gremio que aboga por las pequeñas.
Mientras que para la Andi la iniciativa se ajusta al objetivo de tener mejores ingresos a fin de que los trabajadores cuenten con más poder adquisitivo para aumentar el consumo y, por esta vía, ayudar a dinamizar la economía; entre pequeñas y medianas empresas, y el comercio, que son las que más empleados con salario mínimo vinculan, el tema no cayó tan bien.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sostuvo que “en general se puede decir que es una medida interesante que merece ser estudiada”.
Anotó que la propuesta “es coherente con lo que el presidente Duque había manifestado en su campaña sobre el tema salarial y el tributario, como parte de un pacto nacional que incluya aumentos en competitividad y productividad. Puede responder a uno de los pilares del programa de gobierno: búsqueda de equidad”.
No obstante, Mac Master advirtió que “hay que tener cuidado en que no genere impacto en lo fiscal, en que no se constituya en elemento inflacionario, para que no se genere una inflación de costos. Y asegurarnos de que no sea incentivo para la informalidad”.
Por el contrario, los pequeños y medianos empresarios, representados en Acopi, aseguraron que si a través de dicha ley (en caso de aprobarse) se le dan facultades hasta por 6 meses al presidente Duque para que aumente el salario mínimo de forma extraordinaria, esto sería un factor excluyente para generar empleo.
La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, consideró que con el nivel de productividad, que es menor en las pymes, el gremio está convencido de que mientras no se flexibilicen las normas laborales para premiar a los trabajadores que son más eficientes y aportan más al desempeño de la empresa, no se está logrando ningún cambio sustancial.
Desde el punto de vista de Anif, que interviene con argumentos técnicos cuando se dan las negociaciones habituales del salario mínimo cada fin de año, “la propuesta luce inconveniente”. Según Sergio Clavijo, director de Anif, “la iniciativa de Uribe es contradictoria con la idea de volver más competitivas las empresas, pues encarece la generación de empleo, así diga que contiene el impacto inflacionario al obligar a ahorrar esos recursos; en otras palabras, ello no tiene ningún impacto positivo de estímulo a la demanda (o al agravamiento inflacionario), pero sí representa una erogación adicional para las empresas en momentos de una lenta recuperación económica”.
A los sindicatos, entre tanto, la idea les sonó muy bien. Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT (Confederación General del Trabajo), calificó la iniciativa como positiva, que va en línea con lo que los sindicatos vienen reclamando desde hace 30 años en la comisión permanente de concertación de la política salarial.
“En este país toda propuesta está bajo sospecha, pero esta vez queremos partir del principio de buena fe”. Anotó que no se necesitarían facultades extraordinarias para el presidente, pues ya la ley lo faculta para expedir el decreto del salario mínimo. “Con solo concertar con la comisión, que tiene mandato constitucional para negociar, sería suficiente”.
Los comerciantes, agremiados en Fenalco, calificaron la propuesta como “novedosa e interesante”, mientras que Jaime Tenjo, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, argumentó que “es bueno para los que mantienen sus empleos, pero no para quienes los pierden por despidos tras aumento de costos a las empresas”. Agregó que “a independientes, desempleados e informales el aumento del salario mínimo no los favorece. Por el contrario, puede dificultarles conseguir empleos formales”.
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