Con la decisión del Gobierno, de no darle más espera al grupo español Gas Natural Fenosa (GNF) y ordenar la liquidación de Electricaribe, al Ejecutivo se le avecinan dos nuevas situaciones concretas que deberá lidiar: un mayor deterioro en la calidad del servicio y las demandas internacionales interpuestas por el grupo de origen ibérico.
Este martes, GNF, al criticar la decisión por dejar de lado el problema central (fraude y cultura de no pago), dijo que pese a su voluntad de diálogo no le quedó otra opción que acudir a una institución internacional para resolver la situación, utilizando los mecanismos previstos en el Acuerdo bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, salida que se demoró a la espera de una salida negociada.
La vía será el arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, y la reclamación partirá del agujero de 1.259 millones de euros de Electricaribe al momento de su intervención, suma a la que habría que agregar las inversiones y perjuicios.
Además, el Ministerio español de Relaciones Exteriores ofreció su apoyo a GNF “si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición” e instó a Colombia a seguir dialogando.
Pero, adicionalmente, EL TIEMPO conoció que en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) hay un documento que advierte porque las redes de Electricaribe están en cuidados intensivos, lo cual indica que ante cualquier aumento del consumo pueden salir de servicio e incrementarse los cortes de energía o las intermitencias de voltaje.
Sorprende la falta de importancia que la Superintendencia atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude
Incluso, en el documento que sustentó la liquidación, la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) señala no solamente que el mayor crecimiento de la demanda en la región Caribe frente a otras zonas del país y el rezago de inversiones ha venido afectando la frecuencia de las interrupciones, sino que un reporte de la firma Tetratech, contratada por la entidad, reveló que más del 90 por ciento de los transformadores y alimentadores están sobrecargados, “lo que impacta la calidad del suministro de electricidad a los usuarios y supone grandes inversiones para remediarlo”.
Además, según Andrés Taboada, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía (CCE), hay preocupación porque se afecten las nuevas conexiones a la red de Electricaribe, de las que están pendientes nuevos proyectos inmobiliarios, comerciales e industriales.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que el nuevo operador va a comprar unos activos y a financiar un plan de inversiones cuya rentabilidad va a garantizar la regulación.
El superintendente, José Miguel Mendoza, indicó que se iniciará la selección para encontrar un nuevo operador para los siete departamentos.
“Este proceso de venta de los activos de Electricaribe tendrá como finalidad principal encontrar un operador que esté dispuesto a hacer las inversiones que aseguren que los costeños tengan el servicio de energía que se merecen”, indicó. Para ello, se habilitará un cuarto de datos al que tendrán acceso los posibles interesados y luego se hará una subasta pública para escoger al nuevo operador de red.
Mendoza dijo que aspira a que este proceso dure un año aproximadamente y mientras tanto la compañía en liquidación seguirá prestando el servicio en la mayor calidad posible, pero reconoció que hay un “avanzado estado de deterioro en las redes de la compañía”.
Expertos del sector dudan de que algún inversionista oferte por toda la empresa. Andrés Taboada tiene la teoría de que nadie haga esa apuesta, sino que habrá quienes ofrezcan por partes “porque nadie va a volver a meterse en el mismo problema en el que estaba Gas Natural Fenosa.
“Veo bastante difícil que se encuentre un comprador que oferte por los 7 departamentos. La van a vender por pedazos y al final el Gobierno terminará usando una de sus empresas para que se quede con el hueso”, agregó.
Otras fuentes del sector señalaron que si bien la nueva resolución a consulta que sacó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) sobre la remuneración de las inversiones de los distribuidores mejoró, esta no tiene los estímulos suficientes para que los inversionistas se arriesguen a asumir una obligación tan grande como la de prestar el servicio a 2,5 millones de usuarios.
Mientras la Superservicios dice que es posible gestionar un mercado como el de la Costa, Gas Natural Fenosa aseguró que el Gobierno consintió el fraude y la morosidad.
“Sorprende la falta de importancia que la Superintendencia atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude. Es un hecho la necesidad de más inversiones, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a 1.300 millones de euros”, agregó.
Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, insistió en que Gas Natural Fenosa quiso volver público un problema de gestión. “La compañía se interviene porque se quebró y porque no cumple con un estándar mínimo de calidad”, subrayó al decir que es un problema de unos accionistas que no han administrado bien la empresa.
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