El día que los bonos de agua naufragaron

El día que los bonos de agua naufragaron

En el 2014, se llevó a cabo una sustitución de deuda por $ 500.000 millones.

Los bonos de agua

Minvivienda denunció desvíos de los recursos en el 2014.

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Juan Escobar/Archivo EL TIEMPO

Por: Economía y Negocios
10 de septiembre 2018 , 10:52 a.m.

La publicación, este fin de semana, del periodista Daniel Coronell en la que señala al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de haberse beneficiado de los 'bonos de agua' y la posterior convocatoria del Congreso a un debate de control político, reabrieron la puerta a la discusión sobre el polémico proyecto que se consideraba superado hace cuatro años. 

El 16 de agosto del 2014, en una operación de sustitución de deuda, liderada por el Ministerio de Hacienda, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) anunciaba que se convertía en el nuevo acreedor de los municipios que usaron el sistema de bonos de agua para los proyectos.

Los 117 municipios emitieron bonos para conseguir recursos y financiar la construcción y mejoramiento de sus acueductos.

El Gobierno nacional dio así por terminada la pesadilla de los bonos que durante varios años padecieron 117 municipios, con la reducción hasta 40 por ciento en la tasa de interés y propiciar un ahorro estimado en 200.000 millones de pesos.

Los ahorros que generaba la nueva estructura financiera podrían ser invertidos por los municipios en otros proyectos de agua potable y saneamiento básico o en otras iniciativas que beneficiaran a los pobladores.

Los 117 municipios emitieron bonos para conseguir recursos y financiar la construcción y mejoramiento de sus acueductos. Sin embargo, los intereses pactados se movieron en el rango de 11 a 17 por ciento, que con el correr de los días simple y llanamente los ahogaron.

El municipio de Bello, en Antioquia, se endeudó en 28.112 millones de pesos y comprometió el 80 por ciento de las transferencias recibidas para amortizar el crédito.

San Carlos (Córdoba), por su parte, demandó la nulidad de los actos administrativos que le dieron vía libre a la adquisición del crédito.

El malestar generado por esa situación fue creciendo y muchos de los mandatarios territoriales se sintieron afectados por una decisión que no fue suya y reclamaron soluciones al Gobierno central.

Las deudas, que estaban expresadas en la Unidad de Valor Real (UVR), pasaron a pesos impidiendo así que el saldo siguiera incrementándose.

Un informe presentado por el ministro de Vivienda de entonces, Luis Felipe Henao, señaló que en 113 de los 117 municipios visitados se habían construido obras, en 71 de ellos se terminaron, pero tan solo en 30 municipios eran funcionales. Además, en 49 de 117 municipios donde se ejecutarían los proyectos no se adelantaron procesos de selección que garantizaran la pluralidad de oferentes.

Según el exministro de Vivienda, se acudió a la contratación directa mediante la celebración de contratos y convenios interadministrativos sin contar con estudios y documentos previos que permitieran verificar la idoneidad, la experiencia y la capacidad de las entidades contratadas. También se identificaron contratos de obra sin interventoría externa y realizada por funcionarios del ente territorial.

“Además, se evidenciaron otros sin liquidar, suspendidos desde hace más de un año y trabajos abandonados por los contratistas”, señaló entonces el hoy exfuncionario.

El ministro de entonces también denunció malversación de fondos y destino de los recursos a otro tipo de obras.

Los bonos soportaban los créditos que los municipios obtenían a cambio de comprometer durante 19 años una parte (5,4 por ciento) de lo que recibían del Sistema General de Participaciones.

Esto permitía que se emitieran los títulos y se comercializaran en el mercado de valores porque es un dinero garantizado por ley, que aumenta cada año.

San Carlos, en Córdoba, multiplicó por 12 los recursos que recibía anualmente por transferencias. Es así como comprometió 480 millones de pesos y consiguió en un solo giro del banco 5.707 millones, que era la mitad de todo su presupuesto de entonces.

Carrasquilla dice que atenderá llamado del Congreso

Según la publicación de Coronell, Carrasquilla es socio de una firma que se favoreció de los 'bonos de agua', un proyecto que él promovió cuando ocupó el cargo de jefe de la misma cartera que ahora dirige durante la administración de Álvaro Uribe.

“Es falso que yo o mis socios nos hayamos apropiado de la diferencia entre la tasa de colocación y la de préstamo de los ‘bonos de agua’. Mi participación se limitó a la asesoría para la emisión de los mismos. La firma Konfigura Capital de la que fui socio, prestó –junto con otras firmas de reconocida trayectoria- un servicio de asesoría para su emisión y recibió unos honorarios que fueron debidamente registrados”, dijo el Minhacienda.

Carrasquilla hizo énfasis en que atenderá el llamado del Congreso para explicar en qué consistió la asesoría que prestó sobre los bonos y el trabajo que hizo con los mismos desde el Ministerio.


ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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