Infraestructura: un potencial formidable para el país

Infraestructura: un potencial formidable para el país

Es indudable la capacidad del sector para transformar y generar crecimiento.

Infraestructura: un potencial formidable

En materia vial, a julio de este año, 24 de los 29 proyectos contratados del programa 4G están en ejecución.

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Jaime Moreno / EL TIEMPO

Por: Juan Martín Caicedo F.
30 de agosto 2019 , 08:00 p.m.

En años recientes, el país ha evidenciado una revolución en infraestructura sin precedentes en América Latina. Ello ha traído consigo beneficios contundentes: desarrollo económico y prosperidad general. Las cifras así lo demuestran: el PIB de obras civiles fue el que más aportó, con el 13,9 %, al crecimiento del 3 % que mostró la economía durante el segundo trimestre de este año. 

Algunos escollos subsisten, claro está. Para superarlos, el Gobierno y el sector trabajan de la mano. Ahora bien, no cabe duda de que los indicadores positivos de los últimos días obedecen, en buena medida, al compromiso y la tarea del sector privado, de manera particular, de las concesiones viales a cargo de los proyectos y sus socios. Todos ellos han hecho grandes esfuerzos para lograr los cierres financieros del programa 4G, mediante el aporte de significativos recursos de capital.

Más de $ 8 billones

El monto de los recursos, por concepto de equity, desembolsado por los concesionarios a cargo de las 4G, a través de sus accionistas, supera los 8 billones de pesos en los 29 proyectos contratados por el Gobierno, de los cuales 17 ya cuentan con cierre financiero definitivo. Esta es una contribución transcendental del sector privado a la financiación de grandes iniciativas y demuestra, además, la solidez y el compromiso que tienen los empresarios de la infraestructura en Colombia.

A partir de los recursos propios, aportados por los concesionarios, se fortalecen los encadenamientos productivos del sector. Las estadísticas así lo demuestran: según el Dane, en el segundo trimestre del año en curso, los pagos a proveedores de obras civiles se incrementaron en un 13,3 % respecto al mismo periodo de 2018.

El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos aumentó en 17,7 % sus pagos y sumó 7,9 puntos porcentuales a la variación anual.

En materia vial, a julio de este año, 24 de los 29 proyectos contratados del programa 4G están en ejecución, impulsados por las intervenciones y rendimientos de obra que, a través de diversos frentes a lo largo y ancho del país, han dispuesto los concesionarios y sus contratistas. De los 24 proyectos, dos muestran un avance superior al 95 % (Girardot-Honda-Puerto Salgar y Cartagena-Barranquilla) y 15 tienen una ejecución por encima del 25 %.

En esta realidad, hay que tener en cuenta, además, la generación de empleo. Solo con el programa de vías 4G se han generado más de 60.000 trabajos, lo cual se constituye en un aliciente de desarrollo para las regiones donde las concesiones se reconocen como una fuente de empleo estable, digno y formal.

Un sector fuerte y robusto

Las reconfortantes cifras mencionadas no serían realidad sin la fortaleza institucional y normativa que ha sabido consolidar el sector en los últimos años. La creación de instituciones robustas, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), ha demostrado el fuerte compromiso del Estado por modernizar la infraestructura con rigor y transparencia.

En efecto, la ANI, en su calidad de entidad pública que ejerce el liderazgo en materia de concesiones, logró contratar, sin tacha alguna, 29 proyectos viales de iniciativas públicas y privadas. La transparencia en dichos procesos se demuestra con el hecho de que un importante número de oferentes se presentó en las etapas de selección de contratistas del programa 4G, lo cual muestra que los pliegos de condiciones fueron diseñados de manera proba.

Por su parte, la FDN, que se constituye en un banco de desarrollo para la promoción de infraestructura, a través de diversos productos financieros, ha facilitado la consecución definitiva de recursos de deuda, para la cabal ejecución de los proyectos.

En el ámbito normativo sobresale la expedición de la Ley 1508 de 2012, que regula las asociaciones público-privadas (APP). De igual importancia, las leyes 1682 de 2013 y 1882 de 2018, que, en su conjunto, se convierten en marco jurídico para el renglón de la infraestructura. Tales regulaciones blindaron aún más al sector, con instrumentos como el denominado ‘pago por disponibilidad’ y la ‘asignación eficiente de riesgos’, para cumplir con la entrega de los proyectos.

Mediante el pago por disponibilidad, el Estado autoriza la remuneración al concesionario solo cuando la obra esté disponible y cumpla con los estándares de calidad y los indicadores de servicio pactados en los contratos. Con la asignación eficiente de riesgos se asegura que tanto el Estado como el concesionario gestionen y mitiguen los eventos que puedan afectar los proyectos durante su ejecución.

No obstante, para el éxito del programa 4G es prioritario que el Gobierno gestione, de manera oportuna, entre otras, las actividades de tipo ambiental, social, predial y de manejo de redes, de forma tal que las inversiones necesarias para el crecimiento económico mantengan un ritmo adecuado.

El sector financiero

Imposible pasar por alto el hecho de que, sin el apoyo de los bancos, el desarrollo de las 4G hubiera sido inviable. Por cuenta de la fortaleza institucional del sector de la infraestructura, la banca y el mercado de capitales han financiado con cuantiosos recursos el desarrollo de los proyectos. Valga decir que su aporte al programa de vías 4G asciende a poco más de 30 billones de pesos.

De ahí la necesidad, entonces, de que los prestamistas sigan jugados a fondo por el desarrollo y la construcción de la infraestructura que demanda el país. Sin su participación, difícilmente los colombianos podrán seguir siendo testigos de los inocultables avances en materia de conectividad que ya se evidencian a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Los bancos pueden tener la certeza de que tanto el legislador como la Corte Constitucional han fijado las condiciones para que, en su calidad de terceros de buena fe, estén amparados en el evento de que se declare la nulidad absoluta de un contrato. Así lo establecen el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 y la sentencia proferida, posteriormente, por la Corte Constitucional.

Lucha contra la corrupción

Uno de los pilares fundamentales del sector de la infraestructura es la lucha contra la corrupción. Prueba de esto es su trabajo incansable para promover mecanismos que blinden la contratación estatal como la figura del pliego tipo.

Los beneficios que del pliego tipo se desprenden saltan a la vista: promueve y estimula la pluralidad de oferentes, a la vez que facilita las labores de control y vigilancia de entidades, tales como la Procuraduría y la Contraloría. Este instrumento permite, además, identificar rápidamente los eventos en los que se puedan configurar delitos contra la administración pública por parte de funcionarios y particulares.

De acuerdo con los recientes datos del Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, mientras que hace un año cerca del 70 % de la contratación pública del sector se realizaba con únicos oferentes, hoy este porcentaje se redujo al 14 %.

Las pymes de ingeniería, por su parte, habrán de beneficiarse con la implementación de tal mecanismo, en la medida en que incentiva, justamente, su crecimiento y fortalecimiento, mediante el acceso a la contratación estatal en términos de igualdad y transparencia.

Tal ha sido el éxito del pliego tipo en la lucha contra la corrupción que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca extender esta figura a todos los sectores de la contratación estatal.

La intermodalidad

Si bien es cierto que el halagüeño panorama del sector se desprende, en gran parte, de los inocultables avances en las carreteras, no menos importante es el impacto que han generado los modos aeroportuario y portuario sobre la conectividad y desarrollo del país. En la última década han sido intervenidos 91 aeropuertos con una inversión que supera los 7 billones de pesos. Ello ha redundado en un aumento del 80 % en la movilización de pasajeros.

Por el lado de los puertos, hoy existen 60 terminales en operación, y los recursos destinados a su cabal funcionamiento entre 2010 y 2018 alcanzaron los 4 billones de pesos.

De la misma manera, resulta plausible la decisión del Gobierno en el sentido de imprimir mayor dinamismo a la navegación fluvial y rescatar el ferrocarril para el transporte de carga, que en la actualidad moviliza, en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, 50 millones de toneladas de carbón al año.

El reto ahora es que el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, esa hoja de ruta de los proyectos de infraestructura que hacen falta en los modos carretero, aéreo, férreo, portuario y fluvial, se convierta en una política de Estado para hacer de Colombia un país más competitivo.

Bajo ese entendido, se hace imperativo consolidar un verdadero sistema de transporte intermodal, que permita culminar los corredores de comercio exterior para que, de esta forma, tal y como lo han manifestado expertos, se reduzcan los costos logísticos y se haga realidad una meta ambiciosa en materia de crecimiento económico.

Los hechos acaecidos en la Ruta del Sol II, bajo la sombra funesta de Odebrecht, no pueden opacar el innegable desarrollo de la infraestructura que, como se expuso anteriormente, genera empleos formales en las regiones más apartadas del país, dinamiza la economía de los territorios, incrementa los índices macroeconómicos, promueve la competitividad de la Nación y genera rendimientos de los dineros de los ahorradores, a través de la colocación de créditos en proyectos de infraestructura por medio de las entidades financieras.

JUAN MARTÍN CAICEDO F.
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
Para EL TIEMPO

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