Un proyecto de acto legislativo del representante a la Cámara Rodrigo Lara Restrepo fue radicado el viernes pasado en el Congreso y prevé cambiar la Contraloría general de hoy por un tribunal de cuentas que será el máximo órgano del control fiscal, con funciones jurisdiccionales y cuyos pronunciamientos sean sentencias y no solo actos administrativos que pueden ser modificados por otras instancias.
“La única manera de luchar contra la corrupción en Colombia es crear un órgano para el control fiscal que sea independiente de la Rama Ejecutiva”, sustentó Lara, al tiempo que agregó que es el camino para llegar a lograr el verdadero equilibrio de poderes.
El nuevo modelo dejaría al tribunal con un poder como el de la Corte Constitucional y, precisamente, trabajará a partir de salas temáticas.
A la luz del proyecto, que antes fue una propuesta en la iniciativa sobre equilibrio de poderes (allí no prosperó), se crearán cámaras departamentales y municipales de cuentas, las cuales serán apoyadas por las actuales contralorías territoriales.
En cambio, la Auditoría General, que hoy se encarga de vigilar a la Contraloría General y a las contralorías territoriales, desaparecería, toda vez que el tribunal de cuentas tendrá autonomía e independencia, por lo que no sería necesario el control del control. “La Auditoría no tiene razón de ser”, expresó Lara.
Al respecto, el actual auditor general, Felipe Córdoba, indicó que, a su juicio, “el punto de encuentra de todas las contralorías es la Auditoría General. Es el tablero de control a nivel nacional de lo que sucede con los dineros públicos”.
No obstante, agregó que “lo importante en el país es fortalecer el Estado como institucionalidad para que, llegue el que llegue, el ciudadano quede tranquilo y seguro de que las arcas presupuestales, es decir, su dinero, estén bien cuidadas”.
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