Una fuerte controversia antecedió la aprobación del proyecto de ley para reformar las normas de contratación pública y de infraestructura, y ahora, al proyecto solo le queda un debate en el Congreso.
Fuentes allegadas a la Cámara de Representantes señalaron que dos artículos eliminados del texto aprobado fueron los de mayor controversia. Se referían a la protección de la infraestructura ferroviaria, uno de los puntos débiles en ese sector. Y es que la organización de la contratación es un tema clave en el país, en medio de los casos de corrupción que han impedido el desarrollo de la infraestructura para la competitividad.
Por ello, el articulado hasta ahora pone en cintura las interventorías, además de establecer que, en adelante, todos los contratos de obras públicas se deberán hacer por pliegos tipo (con lineamientos), aspecto que se aplicará en el orden nacional y regional.
La polémica en el Congreso se suscitó también porque el proyecto prohíbe a entidades estatales contratar consultorías de estudios y diseños de obra e interventorías bajo modalidad de contratación directa (a dedo) a través de convenios interadministrativos o contratos interadministrativos con instituciones de educación superior públicas.
Con la ley se aspira a mayor transparencia y agilidad en los procesos de contratación, para darles seguridad a instituciones financieras, teniendo en cuenta la necesidad de que le apuesten a financiar la infraestructura en el país.
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