La reciente modificación parcial que hizo el Congreso a la ley de garantías, a través de la suspensión de un parágrafo que permite a alcaldes y gobernadores contratar a través de convenios interadministrativos en el período electoral, ha suscitado todo tipo de polémicas, desde que el cambio quedó avalado en la votación del Presupuesto General de la Nación del 2022.
Sin embargo, el sector empresarial del país, representado por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), planteó, a raíz de todas estas preocupaciones, el desarrollo de un nuevo tipo de ejercicio de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos públicos que se den a través de convenios interadministrativos.
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Por ello, la Andi propuso crear un proyecto piloto que brinde en forma pública información de la totalidad de los recursos a ser ejecutados mediante convenios interadministrativos, que incluya contratos con entidades territoriales, priorización de proyectos, procesos licitatorios, oferentes, procesos de selección, ejecución detallada del objeto contractual, el manejo de recursos (anticipos y plan de pagos), así como la liquidación de los mismos.
De acuerdo con la agremiación, este rastreo se hará con el Sistema Electrónico de Contratación Pública - Secop I y Secop II- en cabeza de Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, y que tiene a su cargo todas las herramientas necesarias para este objetivo.
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Según la Andi, este ejercicio podría ser el primer paso para generar mecanismos de acompañamiento ciudadano que garanticen el correcto uso y la construcción de escenarios de confianza sobre los recursos que ciudadanos y empresas le aportan al Estado.
“Este debe ser un propósito nacional de todos los actores y de la misma ciudadanía para salvaguardar los recursos públicos. Por esto hemos hecho un llamado a concretar un proyecto especial de la mano del Gobierno Nacional, entidades dedicadas a la construcción de transparencia y lucha contra la corrupción y entidades de control”, indicó la agremiación.
Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hoy más que nunca se requieren mecanismos de transparencia que incluyan la identificación y seguimiento de todos los recursos públicos a nivel nacional y territorial.
“La ciudadanía de hoy quiere conocer a profundidad los destinos de sus recursos, estar segura del uso eficiente de los mismos. Construir confianza debe ser un objetivo en toda democracia. La mejor forma de hacerlo es involucrando a toda la sociedad, a la academia, a los medios de comunicación en el monitoreo y seguimiento de los recursos públicos”, aseguró el dirigente gremial.
De hecho, el gremio le hizo la invitación al Ministerio de Hacienda, que ya aceptó ser parte de este proyecto al que se han sumado EL TIEMPO y Juntos por la Transparencia, como aliados a esta iniciativa.
La Andi dijo que también invitó a otras entidades para este seguimiento cuyo monitoreo se hará usando el Secop, señalando que este mecanismo debe ser especialmente útil en los periodos electorales.
Lo anterior porque, de acuerdo con Transparencia por Colombia, “hoy en día es claro que las campañas políticas requieren un alto volumen de recursos (el tope de gastos para una lista al Senado llega a 96.000 millones de pesos, y para la primera vuelta a la presidencia, a 27.000 millones de pesos), y que quienes acceden a mayores montos de recursos son quienes tienen mayor oportunidad de ser elegidos”.
Recientemente esta entidad advirtió que la modificación de la ley de garantías podría servir de incentivo para que intereses particulares busquen capturar fondos públicos y desviarlos hacia gastos de campañas.
“Es preciso lograr un compromiso con los entes territoriales para que aquellas entidades que cuentan con regímenes especiales cumplan con los mismos estándares de la contratación e información, para que también sea de conocimiento público toda la ejecución paso a paso de sus propios presupuestos”, recalcó la agremiación.
Por ello, la Andi y las entidades que son parte de esta propuesta proponen que se adelanten los siguientes entregables bajo este piloto de seguimiento.
1. Reportes mensuales que contengan los montos de los convenios interadministrativos, a qué sector corresponden y a qué municipios o departamentos fueron asignados.
2. Difusión de los mismos a través de diferentes canales de comunicación (prensa inscrita/digital).
3. Trabajar junto con el Gobierno para que éste mismo ajuste las distintas plataformas que permitan mayor facilidad para la ciudadanía en cuanto a la búsqueda oportuna en línea de toda la contratación.
Y, con base en esto, darle seguimiento detallado a la totalidad de los recursos movilizados a través de la figura durante el período electoral.
Como se recuerda, lo aprobado por el Congreso, en el artículo 125 del proyecto de ley de presupuesto, modificó el artículo 36 de la citada ley de garantías con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, y autorizó que se podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para la ejecución de programas y proyectos del Presupuesto General de la Nación.
El parágrafo del artículo incluye que todos los convenios serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. Esta iniciativa busca también trabajar con los organismos de control y convertirse en fuente de información para el cumplimiento de su función.
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