Poco a poco, buena parte de la opinión pública, de la academia y de los sectores políticos ha comprendido la necesidad de una reforma pensional, comenzando con un creciente acuerdo sobre el diagnóstico del enorme problema que enfrenta el país.
En primer lugar, el enorme hueco fiscal de las pensiones públicas, que alcanzan unos $ 38 billones, entre todos los subregímenes de prima media (incluidos los denominados regímenes especiales), de los cuales Colpensiones representa $ 13 billones, y si se incluye la financiación por traslados desde los fondos de ahorro individual, esta cifra sube a $ 18 billones.
Esta es una suma inmensa, que se come una tercera parte de lo que el gobierno recibe en impuestos, es mayor que lo que el país gasta en educación y en defensa, y favorece a solo dos millones de personas, mientras el gasto en educación, que es de unos $ 32 billones, llega a cerca de 9 millones de niños.
El valor presente de los futuros déficits alcanza un 111 por ciento del PIB, según el Ministerio de Hacienda, y el solo déficit de Colpensiones es prácticamente igual a la deuda soberana explícita del Gobierno. Para dar una idea de este enorme hueco, con esta plata, que pagamos todos los colombianos, se podrían hacer 2,4 ampliaciones del Canal de Panamá: ¡cada año!
En segundo lugar, además del enorme déficit, hay ya un consenso sobre la inmensa inequidad de las pensiones que se otorgan en el régimen público.
Los subsidios a las pensiones más altas de Colpensiones, para no hablar de los otros subregímenes de prima media, pueden alcanzar los mil millones de pesos, lo que ha llevado a caracterizar a este régimen como un Robin Hood, pero al revés, en donde los afiliados de menos ingresos subsidian a los que más tienen.
En realidad, la mayoría de los afiliados no alcanzará una pensión y recibirá una devolución de saldos solo ajustados por la inflación, lo que equivale a que los más pobres se ven forzados a prestarle plata a Colpensiones a una tasa del cero por ciento real, para que unos pocos reciban una pensión exageradamente alta. Como bien lo ha argumentado Eduardo Lora, “los ricos son los principales beneficiados de Colpensiones”, (Dinero, 25/05/2017).
En tercer lugar, los regímenes de reparto, o de prima media como los llamamos en Colombia, sufren el gran problema de fondo, que es la transición demográfica.
Para recordar, en estos regímenes las pensiones se pagan con las cotizaciones que hacen los trabajadores activos. Cuando Bismarck creó el primer sistema de reparto, en Alemania, en 1881, los trabajadores solo podían jubilarse a los 70 años, pero la expectativa de vida al nacer de los alemanes era de tan solo 45 años. Esto quiere decir que había demasiados trabajadores activos por cada adulto mayor, lo que mantuvo, por muchos años, en superávits estructurales a los regímenes pensionales de muchos países.
Sin embargo, lo que, en un principio, fue una fuente enorme de recursos a los gobiernos, se fue transformando en un dolor de cabeza, por cuenta del envejecimiento de la población, y el aumento en la expectativa de vida, gracias, en gran parte, a los avances de la medicina.
Por supuesto, Colombia no ha sido la excepción. Hacia 1950, teníamos más de 11 trabajadores activos por cada adulto mayor de 65 años, cifra que cayó a unos 6,7 en la actualidad. Si suponemos que no existiera el déficit actual de $ 38 billones y que no existiera el régimen de ahorro individual y que, por lo tanto, todos los trabajadores activos de nuestro mercado laboral cotizaran a prima media, hoy en día, este régimen podría estar en equilibrio.
Pero el problema estructural radica en que, ya en 2030, la relación de trabajadores activos a adultos mayores caerá a cuatro y, en 2060, será solo dos. Esto quiere decir que, aun asumiendo que toda la población activa cotizara, un régimen de prima media no es sostenible en Colombia, pues enfrenta hacia el futuro un déficit estructural.
Haciendo unos supuestos razonables, esto implicaría subir la tasa de cotización a pensiones de un 13 por ciento a un 27 por ciento, hacia 2035, y a 37 por ciento, hacia 2050, para mantenerlo en equilibrio, lo que no suena muy posible.
Pero, el problema es aún más crítico, porque, por cuenta de las condiciones de nuestro mercado laboral, solo hay dos trabajadores activos formales por cada adulto mayor de 65 años. Es como si la informalidad laboral nos envejeciera prematuramente. O sea, la cifra que deberíamos alcanzar en 2060 la tenemos ya, ¡hoy en día!
Con esta relación de activos formales a adultos mayores no es viable un régimen de prima media, aunque a la mayoría se le pague pensión de subsistencia y, menos aún, si tenemos en cuenta el enorme déficit que ya tenemos, de $38 billones.
La solución a esta dramática situación del régimen pensional público no es, por supuesto, cerrar Colpensiones. Aprendiendo de las reformas que están implementando los países con la mejor seguridad social del mundo, como los escandinavos y Australia, una reforma pensional, incluyendo a Colpensiones, debería incorporar unos principios fundamentales.
Primero, las pensiones deberían ser proporcionales a lo que el trabajador ha cotizado durante toda su vida. Si cotiza más, tiene una pensión más alta y viceversa. Esto implica un sistema de cuentas individuales por cada trabajador, y puede ser de capitalización, como tenemos en Colombia, o nocionales, como en Suecia.
Segundo, el régimen contributivo debe ser autofinanciable, es decir, no debe recibir recursos diferentes a los aportes de los mismos trabajadores.
Tercero, si en este sistema contributivo se quiere subsidiar un pilar se debe hacer con parte de los aportes de los trabajadores, como existe en el régimen de ahorro individual con solidaridad nuestro, donde se financia las pensiones de salario mínimo con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que actúa, ‘de facto’, como un pilar de reparto, pero, hoy en día, sin subsidio del Gobierno nacional.
Cuarto, como argumenta el profesor Peter Diamond, premio Nobel de economía, los países con bajas tasas de ahorro deberían tener las cuentas individuales en fondos de capitalización, como ya lo tenemos en Colombia.
En países como Suecia o China, Diamond recomienda cuentas nocionales, dadas sus altísimas tasas de ahorro. En Colombia, gracias a unas rentabilidades de más del 8 por ciento real, los fondos de pensiones alcanzan ya unos $ 200 billones, un 22 por ciento del PIB, han contribuido al ahorro nacional, han tornado a los trabajadores en dueños de buena parte de las empresas del país, a pesar de que, en forma completamente equivocada, una exministra afirme que esos recursos pertenecen, no a los trabajadores, sino a las AFP (El Tiempo, 23/05/2017).
Con buena voluntad, con cifras, con los aportes de los mejores académicos nacionales y del exterior, con una amplia discusión que incluya a todos los sectores sociales y políticos, los colombianos tenemos la oportunidad de hacer una buena reforma pensional, que sea sostenible en el tiempo, que combine administradores públicos y privados y que, sobre todo, sea justa con las generaciones venideras.
SANTIAGO MONTENEGRO
Especial para EL TIEMPO
