Desfalco a Interbolsa es 'pequeño' ante lío de libranza extrabancaria

Hace menos de un mes, el 22 de agosto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) expidió el decreto 1348 del 2016, que fija mecanismos adicionales de control para los administradores de créditos de libranza (los que se descuentan por nómina) no bancarios, cuyos pagarés se pueden comercializar mediante la figura del endoso, en aplicación de la Ley 1527, del 2012.

Las medidas, sin embargo, llegaron cuatro años tarde, cuando las autoridades han detectado operaciones irregulares en este mercado, que han llevado a la Superintendencia de Sociedades a decretar la liquidación de la firma Estrategias en Valores (Estraval) y de otras seis sociedades vinculadas a ella. Y esta semana se decretó la reorganización de la firma Elite International Americas S. A. S. (Lea también: Gobierno les sigue la pista a las firmas de libranzas)

También se intervino, por captación ilegal, a la sociedad panameña Colombia Land S. A., dentro del proceso de liquidación de Estraval; y la Superintendencia de Economía Solidaria, cinco días después de dichas medidas de control, intervino a las cooperativas Cooprosol, Coopsonal, Coopdesol, Coonalrecaudo, Coopreal, Jota Emilio’s Cooperativa y Coopreal, que hacían, con Estraval, operaciones de compra y venta de cartera de créditos a través de pagarés de libranzas.

Estos movimientos incluían no solo el valor de los créditos, sino también servicios de asesoría legal, odontológicos y de asistencia al hogar, que les subían los costos de los asociados.

Hoy, luego de que en el 2012 el país le abrió la puerta a que cualquier agente no bancario pueda hacer préstamos de libranza, el centro de estudios económicos Anif estima que en este mercado puede haber prestados unos 10 billones de pesos, de los cuales alrededor de 3 billones podrían estar en problemas.

Fuentes cercanas a las investigaciones de los casos hasta ahora detectados creen que el escándalo de Interbolsa podría ser pequeño ante la magnitud de este nuevo lío financiero, que incluso ha afectado, en una proporción pequeña, al sector financiero formal, en el que el 3 por ciento de la cartera de libranzas actual ha sido comprada a originadoras no bancarias, según la Superintendencia Financiera.

Mientras esta entidad dice que no hay que estigmatizar el negocio y que la situación vista en algunas firmas no es generalizada, pues hay compañías con una adecuada gestión y buenos indicadores de riesgo, en las investigaciones de la Superintendencia de Sociedades ya hay evidencias de operaciones indebidas, cuya magnitud está todavía por determinarse.

Mientras la ley de libranzas permitió que, una vez colocado el crédito, los pagarés puedan comercializarse, con el respectivo endoso, y emitir títulos sobre estos documentos, en el caso de Estraval se han encontrado tres tipos de irregularidades. La primera son las anomalías en la manera de llevar la contabilidad, con las consecuentes fallas de gobierno corporativo, la obtención de recursos por inversionistas sin que exista una fuente de pago proveniente de operaciones de libranzas o sin justificación financiera de ninguna naturaleza, y la venta de pagarés identificados con el mismo número a varios inversionistas, sin que en la enajenación exista una cadena de endosos en la que el acreedor siempre sea uno solo. (Lea también: Ordenan liquidación de siete firmas de libranzas)

“Por ejemplo, un pagaré de 20 millones de pesos podía ser vendido a varios inversionistas en su totalidad, o vender una parte de este”, señaló una fuente.

Entre tanto, la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) dice que el problema se dio con la creación de firmas que ofrecen productos soportados en créditos recaudados por libranza, con tasas muy atractivas, a inversionistas que desconocen que adquieren en su totalidad el riesgo de crédito de los pagarés. Y ante cualquier evento que afecte el normal recaudo del crédito, se da un incumplimiento para quien adquirió el título ofrecido por la firma de inversión.

El presidente de Confecoop, Carlos Ernesto Acero, dice que las indagaciones mostraron que estas firmas intermediarias negociaron en más de una ocasión los pagarés que eran soporte de las libranzas, para lo cual, presuntamente, crearon ‘cooperativas fachada o de papel’, con el fin de obtener los códigos de las pagadurías de varias empresas privadas y estatales.

En concepto de Acero, los asociados o deudores de estas obligaciones no tienen por qué responder por los negocios que las firmas como Estraval hicieron, ya que la prueba del pago de los créditos está precisamente en los descuentos mensuales que les hicieron sus empresas. Y señaló que las libranzas no están para irse al mercado secundario, lo cual no lo produjeron las cooperativas.

Según la Anif, no solo los riesgos fueron mal evaluados, sino que se disfrazó la captación de recursos del público a través de la re-venta de la cartera de libranza al inversionista (incluyendo a los fondos de inversión colectiva).

Datos oficiales dan cuenta de que en el Registro Único Nacional de Libranzas (Runeol), filtro para quienes quieran otorgar créditos de libranza, existen en la actualidad 405 sociedades. De estas, una está en liquidación judicial; seis, en liquidación voluntaria, y cuatro han cancelado su registro mercantil.

Es decir que hay 394 sociedades facultadas para recibir pagos en operaciones de libranzas, a las cuales la Superintendencia de Sociedades ya les pidió, de manera formal, que informaran si entre sus actividades estaban la compra y venta de pagarés-libranzas. (Además: Medio billón en libranzas, tras liquidación de la firma Estraval)

Hasta la fecha se han visitado o hecho investigaciones administrativas a por lo menos 35 sociedades relacionadas con la actividad de libranzas.

Solamente en la liquidación de Estraval, los cálculos preliminares hablan de un impacto de 400.000 millones de pesos, aunque el liquidador está revisando todavía las reclamaciones de los inversionistas que compraron pagarés de libranzas.

Precisamente por la crisis de esta firma, el Gobierno expidió el Decreto 1348 del 2016 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), que fija mecanismos adicionales de control a los administradores de libranzas.

La norma obliga a estos administradores a suministrarles a sus clientes toda la información necesaria acerca de los riesgos de las operaciones de libranzas. Para ello el inversionista debe ser informado de diversos aspectos inherentes al negocio, entre ellos los resultados obtenidos durante los tres meses previos a la firma del contrato, la calidad de la cartera vendida –con o sin responsabilidad–, el grado de endeudamiento que tenga la compañía, y sobre las contingencias relacionadas con diversos aspectos.

Según la Superintendencia Financiera, a la fecha el monto total de la cartera en libranzas en el sistema financiero asciende a 38,8 billones de pesos.

De esta suma, el 97 por ciento corresponde a créditos que han sido originados directamente por las entidades vigiladas y el resto, 1,2 billones de pesos, es decir, un 3 por ciento, corresponden a compras de cartera de libranzas de originadoras no bancarias.

El organismo señala que algunos establecimientos de crédito compraron libranzas a 64 originadoras no bancarias, entre las que se encuentran Estraval y Elite. Sobre estas dos últimas, con corte a julio del 2016, en Estraval estas compras ascendían a 26.400 millones de pesos y en Elite a 900 millones de pesos, valores que equivalen al 0,07 por ciento del total de la cartera de libranzas del sector, por lo que para la entidad es claro que “no podemos estigmatizar el negocio de las libranzas”.

Fuentes del sector señalaron que desde el 2013, con la circular 4, la Superfinanciera dio la instrucción a sus vigilados de que al comprar estos créditos deben manejarlos como si los hubieran originado ellos mismos y, en caso de dañarse esta cartera, deben provisionarla y responder con su patrimonio.

Según la Superfinanciera, estos créditos tienen los menores indicadores de cartera vencida del sistema, con un índice de calidad del 2,29 por ciento, por debajo del 4,9 por ciento del total de la cartera de consumo.

Según pudo establecer EL TIEMPO, entre las entidades que han comprado créditos de libranza a originadores no bancarios están el Banco Agrario, Banco Popular, Banco Caja Social, GNB Sudameris, Colpatria, Multibank, Banco Pichincha, Bancoomeva y las firmas Serfinansa, Dann Regional, Coltefinanciera, Credifinanciera, Confiar, WWB y Juriscoop.

El Banco Agrario indicó que al corte de agosto cerró con 281.116 millones de pesos en créditos comprados a originadores no bancarios y que desde el 2013 ha comprado cartera a las firmas Bayport, Centro de Servicios Crediticios, Activos y Finanzas, y Credivalores, con los cuales la cartera vigente está al día.

“Lo único que provisionamos corresponde a la cartera de Estraval, que asciende al 100 por ciento del saldo de capital, por valor de 12.208 millones de pesos”, señaló la entidad.

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