Con el mecanismo conocido como ‘golpe de mesa’, fue aprobado este martes el monto del presupuesto general del 2017, por 224,4 billones de pesos, sin que los congresistas que así lo pidieron lograran que se incrementara la cifra, para garantizar una mayor destinación a la inversión, que solo está en 32,9 billones. (Lea también: Proponen reacomodar $ 3 billones del presupuesto de la Nación)
Dentro de las comisiones terceras y cuartas conjuntas hubo tres votos negativos anunciados públicamente: María del Rosario Guerra, Carlos Mejía y Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático.
Ramos expresó que su voto negativo se basaba en varios argumentos: “Hay 15 billones de pesos aplazados que no se sabe dónde están; las proyecciones del Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo no se van a cumplir porque solo en materia petrolera vemos que hay 100.000 barriles menos cada día, sin contar con el bajo precio”.
El parlamentario agregó que “el Ministerio de Hacienda está presentando cada año un presupuesto incompleto, sin los recursos, para luego aparecer como generoso, por mejorar la destinación para algunos sectores”.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que este monto es compatible con la meta de reducción del déficit fiscal, como lo manda la ley de regla fiscal. “Hubo voces que pidieron aumento en el monto, pero el Gobierno y el Congreso se mantuvieron firmes para ponerle un techo a la cifra. Lo que viene ahora es un ejercicio de recomposición, con miras a aumentar el gasto de inversión para favorecer a algunos sectores”.
La idea de un presupuesto escaso para inversión llevó incluso a poner sobre el tapete la idea de que se echara mano de los recursos que el país va obteniendo de contribuyentes que antes eran evasores y ahora, tras el destape de los papeles de Panamá, tendrán que aportar impuestos.
La idea no le sonó al Gobierno, que consideró que se trataba de recursos inciertos que no podía incluir en el proyecto de la ley más importante para un país: el presupuesto.
En consecuencia, el camino de la distribución de los recursos continúa con lo que hay.
Precisamente este viernes, el Departamento de Planeación Nacional radicó en el Congreso la propuesta de distribución de los 32,9 billones que corresponden a la regionalización de la inversión y que deben ser repartidos atendiendo las necesidades sectoriales.
La tarea de distribuir esta cifra será compleja, toda vez que Colombia está ante una nueva realidad: la firma del fin del conflicto con la guerrilla de las Farc, lo que implicará poner más ojo a regiones que durante décadas se rezagaron del desarrollo por ser escenario de la guerra.
Según la propuesta de Planeación Nacional, “en el 2017, el 87,8 por ciento de la inversión se concentra en los sectores de inclusión social y reconciliación, que contará con 8,1 billones de pesos (24,8 %); transporte, 4,8 billones (14,8 %); trabajo, 4,6 billones (14,2 %); hacienda, 2,3 billones (7,0 %); educación, 2,2 billones (6,9 %); vivienda, 1,8 billones (5,7 %); minas, 1,6 billones (4,9 %); agropecuario, 1,1 billones (3,6 %); comunicaciones, 1,1 billones (3,4 %), y justicia, 0,8 billones (2,5 %).
Por regiones, la más favorecida es centro oriente, con el 24 por ciento de los recursos, es decir, 7,7 billones de pesos, de los cuales, Bogotá contará con 3,3 billones. Le sigue la región Caribe, con el 23 por ciento de la torta presupuestal del 2017: 7,5 billones; mientras que a la Pacífica le correspondió el 14 por ciento (4,4 billones). Al Eje Cafetero, en esta distribución preliminar, le asignaron 3,5 billones (11 %); a la región Centro Sur, 1,2 billones (8 %), y al Llano, 1,2 billones (4 %).
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