Proponen reacomodar $ 3 billones del presupuesto de la Nación

El monto presupuestal para el 2017, por 224,4 billones de pesos, está a un paso de ser aprobado por las comisiones económicas del Congreso (martes y miércoles), pero la preocupación ronda entre congresistas y analistas.

El gasto público, como está planteado, no solo es considerado por algunos ineficiente, sino que –señalan– está construido con base en supuestos que son muy distintos a la realidad. “Es grave que se proyecte un presupuesto con inflación para el 2017 de 4 por ciento, cuando la de este año se estima en 6,5”, expresa Carlos Chacón, representante a la Cámara. (Lea también: Redireccionan medio billón del presupuesto)

La meta de crecimiento de la economía, cuya proyección para el 2016 fue revisada por el Gobierno, tras el crecimiento del segundo trimestre (2 %), pasó de 3 a 2,5 por ciento, lo que impactará los ingresos con los cuales se está presupuestando el año próximo.

La inflación más alta que la estimada para presupuestar las finanzas del próximo año implica que para cubrir los gastos se requerirán más recursos y un crecimiento más bajo de la economía, e indica que se dispondrá de menos ingresos de los previstos, pues la mayor parte de estos provienen de impuestos; y si la producción es baja, los contribuyentes aportarán menos. (Además: Congresistas buscan incrementar monto del presupuesto 2017)

Desde esa perspectiva, Javier Hoyos, director de la firma Gestión Legislativa, expresó que “persiste una mala programación del presupuesto. La mayoría de variables con las que se estimó no coinciden con los datos reales. Dados la rigidez en algunos campos como pensiones, los aumentos salariales, la necesidad de honrar deuda, entre otros, llevan a que el ajuste se haga sobre la inversión”.

Congresistas como Efraín Cepeda han barajado la idea de que el Gobierno debe incluir en el proyecto los ingresos que espera por reforma tributaria, lo que llevaría a que se cambiara el monto, pero esa opción, según confirmó María del Rosario Guerra, una de las ponentes de la iniciativa, no será viable.

“El monto se va a mantener. La propuesta que se le hizo al Ministerio de Hacienda es reasignar, recortando gastos destinados al servicio de la deuda y pensiones, de manera que se logre tener al menos 3 billones más para inversión”.

Del análisis realizado por Hoyos se desprende que la mayor parte de los gastos se hace en aspectos corrientes. Es así como el gasto de personal para el 2017, por 27,6 billones de pesos, una participación de 12,3 por ciento y un incremento en 5,6 por ciento frente al año pasado, lo que no tendría concordancia con la política de austeridad y congelamiento de la nómina mencionada por el Gobierno.

En la presentación del proyecto, el Ministerio de Hacienda señaló que el incremento, sumando gastos de personal con gastos generales, es de 2,9 por ciento.

Para Hoyos, en la dinámica que lleva el gasto en personal de este año “llama la atención que este, que fundamentalmente se va en salarios, mantenga el mismo valor en el presupuesto reajustado que en el aprobado para el 2016, pues este último se elaboró con una inflación del 3 por ciento y luego se reajustó la meta de inflación al 6,5 por ciento, y no se menciona la reducción de gastos de nómina para el citado año”, señala Hoyos.

En ese aspecto, en la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno manifiesta que “el valor de la nómina se encuentra congelado”. No obstante, “es necesario controlar los gastos de funcionamiento del Gobierno, sin menoscabar los derechos de los trabajadores del Estado”. (También: Hay serias dudas por la financiación del presupuesto del 2017)

En cuanto a las transferencias a las regiones, que son el mayor monto asignado en el presupuesto, 100 billones de pesos, el reparo es que, además de que no dan margen para inversiones distintas a lo social, se incrementaron para el 2017 con base en una fórmula distinta a la inflación.

Por el lado del gasto de las transferencias, la mitad son impostergables, pues no se puede dejar de financiar salud, educación, agua (Sistema General de Participaciones), además de cubrir el aseguramiento, atención de víctimas y población vulnerable. La otra mitad es para gasto en pensiones, fondo del magisterio y cuotas a entidades y organismos. Es así como el monto asignado a pensiones participa con 15 por ciento.

Y sobre el cambio de fórmula, se debió a que expiraron los actos legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007, por lo que se regresó a la fórmula de crecimiento (promedio móvil de los últimos 4 años) de los ingresos corrientes de la Nación.

En la decisión que tomaría el Congreso, de recortar del servicio de la deuda para aumentar inversión, hay varias preocupaciones.

Aparte de que se ha incrementado la obligación (solo la del Gobierno central será de 44,3 % del PIB en el 2017), ahora, al haber menores ingresos por menor renta petrolera, podría necesitarse o más deuda, o grandes recortes del gasto o mayor déficit fiscal.

Cabe destacar que, para el 2017, hasta ahora, de los 54,3 billones previstos para la deuda, 25,7 billones serán para amortizar la obligación, mientras que 28,5 se irán en intereses.

Con relación a los supuestos que se utilizaron para elaborar el presupuesto del 2017, la preocupación se basa en los cambios que han tenido las variables principales. Más aún si el presupuesto actual se hizo con base en unas cifras que luego fueron cambiando.

Así, Javier Hoyos anota algunos aspectos como, la tasa de cambio promedio esperada inicialmente era de 2.502 pesos y en lo que va del 2016 se calcula en 3.150; el crecimiento económico inicial era de 3,8 por ciento y ahora fue revisado a 2,5 por ciento; importaciones, se calculaban en 59.000 millones de dólares y ahora, en 46.000 millones; la producción de petróleo se esperaba por encima del millón de barriles/día y ahora, en 921.000; el precio del petróleo se fijaba en 64,6 dólares y ahora en, 42; el déficit total para el Gobierno central se estimó en 3,6 por ciento del PIB y ahora, en 3,9 por ciento del PIB.

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