En medio de la protesta social, ¿ya arrancó la campaña hacia el 2022?

No se trata, digamos, de criticar el derecho a la protesta, que tenemos que defender como parte de nuestra democracia. Pero las actuales son condiciones muy especiales. Los efectos que tuvo la cuarentena sobre Colombia fueron significativamente mayores que en otros países, en términos económicos. Y eso ha producido, sin duda, indicadores malísimos, en empleo y en pobreza. El tercer indicador es el producto interno. No podemos darnos el lujo de enfrentar nuevas cuarentenas.

Como ha sido planteada hasta ahora, es violatoria de todas las recomendaciones desde el punto de vista de salud, porque hace imposible el distanciamiento social. Hablamos de un número muy importante de personas que se han ido moviendo por varias ciudades. No se permite que se abra un cine o eventualmente un hotel, pero sí se permite que haya aglomeraciones de miles de personas.

Cierto. La mayoría de las personas que hoy en día defienden a ultranza a la minga fueron las mismas que hace seis meses defendieron el hecho de que teníamos que confinarnos y parar la economía. Y no solamente era tesis de la alcaldesa, también, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, quien incluso sostiene que toda Colombia se tiene que convertir en una gran minga.

Uno siente que realmente le importa muy poco la vida de las personas y que está mucho más casado con una estrategia política, su principal prioridad. Somos un país que solo tiene en este momento grandes y urgentes emergencias desde el punto de vista de la actividad económica para recuperar los indicadores sociales. La protesta interfiere en la actividad económica, cuando la reactivación tiene que ser una prioridad de índole humanitario.

Es verdaderamente una infamia que en este momento se trate de evitar que Colombia se reactive. ¿A quién le interesa que no se reactive? ¿A quién le interesa que se profundice la pobreza? Esa es la pregunta que nos tenemos que responder. ¿A quién le interesa que en Colombia aumente el descontento por la vía de que no haya actividad económica y no haya empleo? ¿Por qué se utiliza esa estrategia de campaña para el desprestigio del Gobierno o de un modelo económico?

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Es una carga de profundidad a las metas sociales del país. Luego, evidentemente, esta minga en particular ha sido pensada y apoyada por algunos sectores políticos para terminar coincidiendo con lo que han denominado el paro nacional.

¿A quién se le puede ocurrir, con una economía que decrece el 8 %, y que ha lanzado a las calles a más de 4 millones de desempleados, que puede parar actividades económicas en este momento? Eso es querer generarle un inmenso daño a la población, para que se vea muy afectada, y quizá por esa vía generar propuestas populistas. Eso incluye, por supuesto, la idea de que una minga le puede hacer un juicio político a un presidente.

Todos tenemos el derecho de criticar políticamente a este gobierno, y a todos los gobiernos, y, de hecho, los indígenas tienen cómo hacerlo desde sus curules en el Congreso, desde donde incluso pueden hacerle control político al Gobierno.

Pero pretender que un gobierno, o concretamente este Presidente, les rinda unas cuentas a ellos, inclusive sobre temas que han sido históricos, es, por decir lo menos, descabellado.

En múltiples ocasiones todos hemos criticado a los distintos gobiernos, incluyendo a este, porque no ha atendido algunas situaciones con suficiente celeridad y, por tanto, se le salen de las manos.

En esta ocasión, el Presidente mandó a medio gabinete a sentarse en Cali para conversar con 10.000 personas. No quisieron. Querer endilgarle al Presidente la responsabilidad por el desplazamiento de la minga es sacarle el bulto al problema.

Todos esperamos que las autoridades atiendan las responsabilidades que tienen dentro de su competencia y fuero. Estoy convencido de que el orden público, el espacio público y la protección real de Bogotá y de los bogotanos es responsabilidad de la alcaldía.

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Esa idea que se ha venido incubando de que yo me vuelvo dueño de las cosas que me favorecen, pero le tiro la pelota al otro de las cosas que no me favorecen, pues en realidad habla muy mal de la responsabilidad de los mandatarios, que deben ser responsables tanto en lo bueno como en lo malo.

Hacer un paro en este momento es realmente ponerle un palo en la rueda a la reactivación. Eso es ir en contra de las familias y del empleo colombiano. Me parece increíblemente inconsistente de parte de los representantes de los trabajadores –lo pondría yo entre comillas–, ‘representantes de los trabajadores’, ir en contra de la generación de empleo y de su reactivación. En este momento tenemos que estar todos, solidaria y además responsablemente, dedicados a generar más empleo. Creo llegado el momento de pensar en otras formas de protesta, válidas, pero que sean cuidadosas con la sociedad, con los más vulnerables, con el ingreso diario de las personas. El objetivo común tiene que ser el bienestar de la población. Inclusive por encima de las ideologías y de los dogmas.

Nos hemos reunido en varias ocasiones con el padre De Roux. Incluso ha estado invitado, junto con otros miembros de la Comisión de la Verdad, a la Junta de la Dirección Nacional de la Andi, y allá, durante estos dos años, hemos tenido interesantes y profundas conversaciones.

Somos unos convencidos de que la Comisión de la Verdad tiene que ser un instrumento de tres cosas: reparación, reconciliación y no repetición. Así lo hemos dicho y se lo repetiremos al padre De Roux. Inclusive, uno de los primeros ejercicios que hicimos con el padre y también con el abogado Rodrigo Uprimny fue el de tratar de que no existiera una asimilación conceptual entre la idea de que terceros era un símil de empresarios, cuando resulta que terceros son civiles que no eran actores del conflicto armado. Ellos estuvieron de acuerdo.

La Comisión de la Verdad tiene que ser un organismo que les dé confianza a los colombianos. En realidad, si uno hiciera un censo, se encontraría con que más del 90 % de los colombianos fuimos de una u otra forma víctimas del conflicto, porque tuvimos parientes que murieron en él o tuvimos secuestrados cercanos, o fuimos parte de regiones en las que hubo tomas guerrilleras o paramilitares, y donde prácticamente no se podía salir. En ese orden de ideas, la comisión tiene que hacer ese reconocimiento muy fuerte.

Hemos estado más que dispuestos a sentarnos a conversar. He sido durante cuatro años parte del Consejo Nacional de Paz, y ahí me he sentado con representantes de los indígenas, de mujeres, representantes de víctimas, de juntas de acción comunal, de cultos religiosos. Estamos más que abiertos a dar esta conversación en forma permanente. Si nos invitan a una conversación de este estilo, yo iré con la mayor de las voluntades, siempre y cuando se trate, por supuesto, de construir.

Lo único que no puede ser es la agenda de un grupo político en particular que esté buscando básicamente crear el descontento para tratar de generar un ambiente que le sea propicio en las elecciones del 2022. A eso sí no le podemos hacer juego. Pero el diálogo en Colombia es necesario.

Aquí saltamos de las diferencias a la radicalización y, eventualmente, inclusive a la guerra, y no pasamos por un estadio, normal de las civilizaciones y de las sociedades, que es el de poder discutir teniendo diferencias, debatir sabiendo que pensamos distinto y que probablemente todos tenemos un objetivo general de beneficio de la población, pero con instrumentos distintos para expresarlo y para lograrlo.

Colombia tiene una Constitución que mucha gente considera de las más progresistas del mundo. Tenemos que aprovecharla en lugar de traer desde afuera reglamentos especiales alrededor de los cuales, por ejemplo, deben darse las consultas ciudadanas. Lo que tenemos que hacer es reglamentar la consulta previa. Pasarle esa autonomía a un tratado internacional, que además va a ser de muy difícil modificación, no tiene ningún sentido. Se necesita que además los inversionistas sepan cuál es la estabilidad jurídica de sus inversiones, y si sí vale la pena invertir y crear empleos en Colombia, o no. De manera que yo no tengo la menor duda de que este debate hay que darlo, pero pensando en el bienestar de todos los colombianos, en lugar de ponerle más obstáculos.

No parece haber ninguna duda de que muchas de las cosas que están pasando hoy en día responden a intereses electorales del 2022. Por ejemplo, vemos cómo, más que de resaltar las virtudes de uno u otro candidato, hay más empeño en destruir la imagen y la reputación de quien pudiera ser eventualmente un contendor, o de grupos que pudieran representar ideas contrarias. Arrancó este año aparentemente con una versión muy destructiva del contradictor. Algunos de los movimientos de protesta social tienen un componente de esa naturaleza, muy fuerte.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO