Las opiniones sobre la jornada laboral y el impacto de las horas nocturnas en la remuneración no han parado desde el miércoles, cuando la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que amplía el horario de trabajo en las noches, el cual comenzará ahora a las 9:00 p. m. y no a las 10:00 p. m., como decidió el Congreso al comienzo de la administración Uribe.
En principio, nadie parece haber quedado completamente satisfecho con la decisión –que pasó a conciliación con el texto de la Cámara–, pues los empleadores alegan que afectará su competitividad, mientras que el grueso de los trabajadores quería regresar al esquema que rigió hasta el 2002, en virtud del cual se pagaban horas nocturnas desde las 6:00 p. m.
Estas son las dos posturas que dominan la discusión.
Si bien es cierto que esta ley es una muy buena noticia que debe alegrar a los trabajadores de Colombia porque mejora los ingresos de cerca de medio millón de ellos, hubiéramos querido que se hiciera justicia devolviendo el recargo nocturno desde las 6 p. m. o al menos desde las 8, pero este es un avance hacia la consolidación del concepto de trabajo decente y la equidad, que es lo que nosotros queremos para el país.
En cuanto a la opinión del empresariado, creo que no es cierto que se destruyan puestos de trabajo o se incentive la informalidad.
Nuestra iniciativa es seria y muy responsable, y consultó también los verdaderos intereses de los empleadores como la productividad y la competitividad. Y explico por qué:
a. La elasticidad-precio de la demanda, que mide la respuesta a la demanda de un bien cuando se incrementa el precio de este (para este caso, la demanda de la mano de obra, cuando se sube el valor de esta) nos muestra, según la teoría económica que está por debajo de 1, es decir, es inelástica (insensible). O sea que para el caso del aumento del costo de la mano de obra no se espera un cambio significativo en la demanda de esta, máxime cuando estamos hablando del recargo del 35 % en una sola hora diaria.
b. Los mayores recursos pagados justamente a los trabajadores por el aumento en el recargo nocturno son utilizados por estos para el consumo diario, lo cual varía de manera positiva la demanda agregada, convirtiéndose en unas mayores ventas (ingresos) para las empresas y contribuyendo al crecimiento económico.
Sarcásticamente podemos decir que ese dinero en manos de los trabajadores no se va a ir para paraísos fiscales, sino que ayuda a la economía; por lo tanto, el efecto en la generación de empleo es neutro (no destruye puestos de trabajo).
c. Estamos hablando de unos 500.000 trabajadores, donde cada uno en promedio recibirá $ 35.000 mensuales adicionales para un total de 210.000 millones en el año, valor pagado por los empleadores y recibidos por los trabajadores para un mayor consumo interno.
En el 2002, cuando se extendió cuatro horas la jornada diurna, los trabajadores perdieron ingresos anuales de $ 840.000 millones a precios de hoy, es decir, en estos 15 años de la norma, unos 12,6 billones; no existe ningún estudio que demuestre la incidencia de esa medida en la generación de nuevos empleos.
Así mismo, no podemos pensar que la competitividad se puede lograr solo disminuyendo costos, y sobre todo los laborales, porque si precarizamos el empleo no va a haber competitividad.
Si nos comparamos con los países con los cuales competimos, tenemos una de las jornadas diurnas más largas, es decir, donde menos se reconoce el recargo nocturno, porque a alguien se le dio por pensar que el día termina a las 10:00 p. m. y no a las 6:00 p. m., como lo traía el Código del Trabajo.
Y hay que ver que los trabajadores beneficiarios de esta norma tienen ingresos que oscilan mayoritariamente entre uno y dos salarios mínimos, es decir, muy bajos. Colombia es el segundo país más desigual después de Honduras, según Naciones Unidas.
El cambio en el recargo nocturno no le conviene al país. Las decisiones que van en contra de las iniciativas empresariales terminan afectando a todos: menos inversión y actividad productiva lleva también a menor creación de empleos formales. Por eso es un contrasentido pensar en el recargo nocturno como un tema de ganadores y perdedores. En el fondo, los obstáculos a la actividad empresarial dejan al país sin empleos de calidad, que de lo contrario se habrían creado.
Además, la decisión es particularmente negativa en la coyuntura actual. El PIB creció solo 1,1 por ciento en el primer trimestre, y el empleo y la inversión se desaceleraron, creando gran incertidumbre sobre cómo va a retomar el país la senda. En un momento así, nadie le pediría al Banco de la República que subiera sus tasas de interés para frenar la inversión, al contrario.
Pero, en el caso del recargo nocturno, se da un mensaje opuesto al que el país necesita para que la economía repunte a favor de todos.
La productividad se refiere, en últimas, a qué tanto valor se puede crear en la actividad empresarial, porque ese valor es el que le permite a una empresa remunerar a sus empleados y costear sus inversiones.
Pero la productividad no se incrementa haciendo más costoso contratar a los trabajadores. Se logra con acciones de eficiencia: formación de esos trabajadores, su capacidad para utilizar tecnología e inversiones que hagan las empresas en innovación.
Y cuando se ven las cifras, la productividad de los trabajadores en Colombia es muy baja. De hecho, se necesitan casi cinco trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos. El país debería estar concentrado en revertir esa historia, con estrategias como la política de desarrollo productivo, que se concentra en la formación, la tecnología y la innovación.
Como lo mencioné anteriormente, el costo para contratar de manera formal a un trabajador que labore en horas nocturnas será mayor sin que esto repercuta en ninguna ganancia en materia de productividad. La prioridad debe ser otra: ver cómo aumentar la eficiencia de las empresas y de los trabajadores, y hacer que se creen más empleos formales.
Y frente a lo que se dice que los trabajadores que podrían beneficiarse más con esta norma son los que menores salarios devengan, la realidad es algo diferente, puesto que cuando se hace más costoso contratar a un trabajador con todos los requerimientos de ley, lo que sucede es que a una persona que busca empleo se le hace más difícil encontrar un trabajo que le dé todas esas condiciones, y muchas veces se ve obligado a aceptar un trabajo informal.
Situaciones como esas son las que han llevado a que más del 60 por ciento de los colombianos que trabajan lo hagan en puestos informales, con lo que no tendrían, por ejemplo, acceso a una pensión.
En cambio, el Gobierno debería aprender de las buenas reformas que se han hecho en el pasado. En el 2012 se redujeron los costos parafiscales a la contratación laboral, y el resultado ha sido contundente: en los últimos cinco años se aumentó la tasa de empleo formal en cerca de 5 puntos porcentuales, algo nunca visto en Colombia.
En la reforma laboral del 2002 (Ley 789) se redujeron, entre otras cosas, las horas de recargo nocturno, y el porcentaje por trabajo dominical con la idea de que aumentara el empleo. Los diversos estudios para medir los resultados llevaron a conclusiones contradictorias.
Uno contratado en aquel entonces por la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y el Ministerio de la Protección Social indicó que tras la puesta en práctica de dicha reforma laboral, el 64 % de las empresas que crearon nuevos empleos fueron impulsadas por esa ley.
Sin embargo, un ejercicio similar hecho por el Banco Mundial señaló que solo el 3 % de las firmas habían creado puestos de trabajo por esa reforma.
El estudio de la Andi y el ministerio incluyó a 191 empresas, frente a las 1.021 del Banco Mundial. Esa misma entidad encargó dos estudios adicionales y encontró, al cruzar los resultados, que la reforma laboral del 2002 sí había tenido efectos positivos sobre el empleo.
Alejandro Gaviria, investigador de la Universidad de los Andes en aquella época –y hoy ministro de Salud– fue el encargado de adelantar y dirigir uno de los estudios encargados por el Banco Mundial, precisamente el que encontró los resultados más pobres, es decir, el que indicaba que solo el 3 % de las empresas había creado puestos de trabajo gracias a la reforma del 2002.
Otra encuesta desarrollada en su momento por el gremio de las pequeñas y medianas empresas (Acopi), el Cinset y la Fundación Konrad Adenauer arrojó resultados diferentes a los que se habían obtenido en el estudio llevado a cabo por la Andi y el Ministerio.
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