Las crisis políticas, los escándalos y la disfunción siguen dominando la agenda noticiosa global. No sorprende, por lo tanto, que mucha gente haya pasado por alto el anuncio del Reino Unido el mes pasado de que invertirá 600 millones de libras (779 millones de dólares) para brindar acceso a otros 20 millones de mujeres y niñas en el mundo en desarrollo a la planificación familiar.
Sin embargo, la decisión del gobierno del Reino Unido –basada en una investigación del Centro de Consenso de Copenhague que muestra que la planificación familiar es una de las inversiones en desarrollo más inteligentes– es de vital importancia. En la actualidad, cientos de millones de mujeres no pueden elegir la cantidad de hijos, el momento de tenerlos y los intervalos entre ellos –a veces con consecuencias fatales, porque los embarazos no deseados pueden cobrase la vida de madres jóvenes y de niños–. Es más, como el acceso universal a la contracepción fomenta el crecimiento, existen poderosos argumentos económicos para hacer de esto una alta prioridad.
En los países en desarrollo, 232 millones de mujeres en edad reproductiva que quieren evitar un embarazo no utilizan un método anticonceptivo moderno. Casi una cuarta parte de las mujeres en África, y una de cada diez en Asia, América Latina y el Caribe, tiene una necesidad no satisfecha de planificación familiar.
Hace cuatro años, los líderes mundiales prometieron lograr un acceso universal a los servicios de planificación familiar en 2030. Sin embargo, en 2017, el último año sobre el cual hay disponibilidad de datos, el financiamiento de donantes globales para este tipo de servicios fue de alrededor de 1.270 millones de dólares –muy por debajo del pico de 1.430 millones de dólares en el 2014–. Claramente, más gobiernos necesitan seguir el ejemplo del Reino Unido.
Algunos programas de planificación familiar cuentan con un financiamiento crónicamente insuficiente. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al igual que sus recientes antecesores republicanos, ha abandonado muchas de estas iniciativas porque no quiere utilizar el dinero de los contribuyentes para ‘financiar abortos’. (En general, el gasto en desarrollo de Estados Unidos se ha mantenido, de todas maneras, estable). Pero la política de la administración Trump tal vez no alcance su objetivo buscado: según un estudio de la Universidad de Stanford, una ley estadounidense similar en el gobierno del entonces presidente George W. Bush resultó en más abortos, porque recortó el financiamiento a ONG que ofrecen anticonceptivos.
La investigación del Centro de Consenso de Copenhague utilizada por el gobierno del Reino Unido demuestra por qué deberíamos luchar por un acceso universal a la contracepción moderna. En el estudio, Hans-Peter Kohler y Jere Behrman, de la Universidad de Pensilvania, estiman que constaría unos 3.600 millones de dólares por año ofrecer servicios de planificación familiar a las mujeres que carecen de acceso.
Los embarazos y nacimientos muy poco espaciados y que llegan en un momento inoportuno contribuyen a altas tasas de mortalidad infantil, mientras que la evidencia sugiere que las mujeres que tienen más de cuatro hijos enfrentan un riesgo de mortalidad mayor.
Kohler y Behrman estiman que alcanzar un acceso universal a la contracepción resultaría cada año en 640.000 muertes menos de recién nacidos, 150.000 muertes maternas menos y 600.000 niños menos que pierden a sus madres. Al cuantificar estos beneficios para la salud en términos económicos, Kohler y Behrman encuentran que cada dólar invertido en mejorar el acceso a la contracepción genera un beneficio de 40 dólares para la sociedad.
Es un dato bastante impresionante. Pero los países pobres con un mayor acceso a la contracepción también se benefician con un “dividendo demográfico” –específicamente, el crecimiento económico acelerado que puede resultar de un incremento en la relación entre gente en edad laboral y dependientes–.
Embarazos y nacimientos muy poco espaciados y que llegan en un momento inoportuno contribuyen a altas tasas de mortalidad infantil
En los países menos desarrollados, más del 40 % de la población normalmente tiene menos de 15 años, y depende de los adultos en edad laboral para un sustento financiero. Pero cuando las mujeres pueden elegir cuándo y con qué frecuencia quedarse embarazadas, es más probable que tengan menos hijos, a la vez que están en mejores condiciones de lograr su tamaño familiar deseado. Y cuando las tasas de nacimiento caen, la cantidad de dependientes se achica en relación con la población en edad laboral.
Cuando hay menos gente que sustentar y, llegado el caso, más gente en edad laboral, un país tiene una ventana de oportunidad para un crecimiento económico rápido.
Es más, tener familias más pequeñas les permite a los padres invertir más en cada hijo. Los hijos con menos hermanos tienden a quedarse más tiempo en la escuela, por ejemplo. Y con menos hijos en cada grupo etario, cada hijo también podrá usar más capital de la sociedad, lo que los torna más productivos.
En total, estos beneficios demográficos suman hasta 288.000 millones de dólares por año, según Kohler y Behrman. Cuando sumamos este dividendo demográfico a los beneficios de salud, cada dólar invertido en mejorar el acceso a la planificación familiar redunda en un bien social por un valor de 120 dólares.
Esto representa una inversión absolutamente fenomenal. De hecho, un panel de expertos economistas reunido por el Centro de Consenso de Copenhague, incluidos dos premios nobel, concluyó que el acceso universal a la planificación familiar –junto con un comercio más libre, una mejor nutrición, inmunización e inversión en educación preescolar– es uno de los objetivos de desarrollo más poderosos que puede perseguir el mundo.
Ahora es el turno de que otros gobiernos y donantes equiparen el compromiso financiero del Reino Unido para que la planificación familiar esté más disponible. Lograr un acceso universal a la contracepción salvaría y mejoraría millones de vidas, y colocaría a las sociedades en una vía más rápida hacia la prosperidad compartida. Con tanto en juego, el mundo debería dedicar mucha más atención y recursos a este objetivo.
BJØRN LOMBORG*
© Project Syndicate
Praga
Los datos del censo nacional evidenciaron un fenómeno que ha sorprendido, y es que cada vez más los colombianos tienen menos hijos y la población está envejeciendo. Mientras que en 1965 una mujer colombiana que llegaba a la edad reproductiva tenía 6,8 hijos en promedio, para 2015 la cifra ya era de solo 2 hijos.
Y en la pirámide demográfica ya es evidente el cambio: respecto al censo de 2005, los grupos poblacionales mayores de 45 años han crecido, mientras que se ha observado una tendencia a la disminución de los habitantes menores de 40 años en los últimos 13 años.
Son varias las explicaciones de este fenómeno, pero, sin duda, una de las más poderosas es que con el tiempo se ha generado más conciencia sobre la planificación familiar. Bogotá es un claro ejemplo de la estrecha relación entre el envejecimiento poblacional y las prácticas de planificación. En la ciudad, los menores de 15 años son el 19 por ciento de la población mientras que hace 15 años eran el 27 por ciento. Y en cuanto a planificación familiar, la capital es la ciudad del país con mayor prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, con un 80 %.
Académicos e instituciones confirman esta relación y, además, aseguran que tiene que ver con un sistema educativo que refuerza la importancia de estas prácticas desde la infancia. Un claro ejemplo es el trabajo que ha hecho el profesor Luis Miguel Bermúdez, del colegio distrital Gerardo Paredes, en la localidad de Suba, donde logró reducir los embarazos adolescentes de 70 casos a 0. Su trabajo ha sido replicado en otros colegios de Bogotá, de Colombia y del mundo. Y su metodología es muy sencilla: se ha centrado en educar a sus estudiantes por medio de un enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, y en hablarles sobre sexo sin pelos en la lengua.
