Una sobretasa de renta a bancos y demás firmas del sector financiero; el cambio del IVA en cervezas y gaseosas, y el límite de 90 por ciento en el IVA descontable por las empresas son varios de los puntos que la mesa de trabajo conformada por congresistas y Gobierno estaba teniendo en cuenta este lunes para la ponencia definitiva de la ley de financiamiento.
Con las fuentes que le agregaron en la recta final a la propuesta financiera que se ha ido construyendo en los últimos días, el Estado podría disponer de un ingreso de 13,7 billones de pesos, más un colchón adicional de 2,2 billones provenientes de la sobretasa al IVA o IVA presuntivo.
“Sería un impuesto directo al consumo, de carácter compensatorio”, indicó una fuente de la mesa.
Tras una jornada de discusión con los parlamentarios, el equipo del Gobierno continuó hasta altas horas de la noche de este lunes su trabajo para redactar el articulado definitivo de la ponencia de la ley de financiamiento.
De esta manera, se espera que el documento esté listo para este martes, luego de una nueva jornada de encuentro de la mesa de trabajo (Gobierno-Congreso) que tendrá lugar en horas de la mañana. Así, se llegaría a la etapa de radicación y anuncio del debate de votación, el cual podría ser de miércoles a jueves.
Con los 13,7 billones de pesos incluidos en las discusiones de este lunes, se está cerca del faltante del Presupuesto general del 2019, que es de 14 billones de pesos.
El rubro principal sigue proviniendo del IVA, pues se plantea limitar los descuentos por este tributo hasta el 90 por ciento, que inicialmente fue una propuesta de los liberales a la que se fueron sumando algunas bancadas. Allí hay que resaltar que con solo un 10 por ciento que le restringen a las devoluciones por IVA se obtiene casi la mitad del ingreso esperado en la reforma: 6 billones de pesos.
Es por esto que, para Catalina Ortiz, una de las ponentes, “es una cifra solapada que a la bancada de mi partido aún no convence”.
Entre tanto, la sobretasa del IVA para personas que declaran renta, provendrá del 10 por ciento de la población con altos ingresos que más consumos hace, que son los declarantes del impuesto de renta (2,5 millones de personas).
Como gran novedad en el esquema de financiamiento también está una sobretasa de renta del 5 por ciento para el sector financiero, por el cual el Gobierno aspira a recaudar 700 mil millones de pesos.
Hay que destacar que, en el transcurso de las discusiones se previó el mismo impuesto para el sector minero, lo que al final (hasta este lunes) estaba descartado, pues, según explicaciones de Jhon Milton Rodríguez, uno de los ponentes, “los commodities son variables. Someter a una industria a una tasa fija, cuando las condiciones de estos productos no son fijas, no sería responsable, principalmente para asegurar el impacto fiscal”.
En el documento divulgado por los ponentes también se incluye un impuesto al consumo del 2 por ciento para la venta de vivienda de más de 918 millones de pesos, con lo cual, el recaudo previsto es de 1,1 billones de pesos.
La sesión de este lunes en el equipo de trabajo que pulía la reforma tributaria tuvo una amplia controversia. Uno de los puntos álgidos fue el de la gravación de las pensiones alrededor del cual no hubo acuerdo.
Pesaron los argumentos que sostuvieron que los pensionados ya han hecho aportes durante su vida laboral y, además, tienen una reducción significativa en su ingreso al salir del mercado de trabajo.
En la ley de financiamiento, hasta la noche de este lunes, estaban vigentes propuestas que generaron polémica en los últimos días, como el IVA plurifásico a cerveza y gaseosa, por el cual se recaudaría una suma de 960 mil millones de pesos.
Además, entre las fuentes de financiamiento ya conocidas, se mantendrían firmes el impuesto al patrimonio a partir de 5 mil millones de pesos; el gravamen a los dividendos con dos tarifas (15 % desde $ 10 millones y 7,5 % cuando se giren al exterior); la reorganización del impuesto de renta eliminando el esquema de renta cedular y agregando dos nuevas tarifas para los ingresos más altos (pero sin gravar las pensiones).
Según expresó la parlamentaria Catalina Ortíz, durante la jornada de este lunes se barajaron hasta 12 propuestas de financiamiento que aún siguen en discusión y que podrían ser parte de las debates en plenarias.
Es el caso de la resurrección del beneficio de auditoría, que se utilizó en el pasado y tuvo vigencia hasta el año gravable 2012. Técnicamente, este beneficio consiste en que, dependiendo del incremento del impuesto que presente el contribuyente, el tiempo durante el cual la Dian puede auditar, revisar, cuestionar o modificar la declaración del contribuyente se reduce.La dificultad en este momento es el corto tiempo que le queda al proyecto para hacer su trámite en el Congreso.
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