Política de vivienda asegura recursos hasta el año 2026

Una de las cartas que aseguran la continuidad en la política de vivienda del actual Gobierno es la suma de 6,9 billones de pesos, por lo menos hasta el 2026. Con estos recursos, la megameta de entregar 450.000 viviendas en este cuatrienio estaría asegurada. Elsa Noguera, ministra de Vivienda, habló con EL TIEMPO sobre dicha inversión, de los proyectos que deja el 2016 y las metas para el 2017.

La política de vivienda no cubre el déficit de unidades en el país, que sería de 300.000 nuevas al año.

Las 300.000 incluyen todos los segmentos. Lo cierto es que el déficit habitacional es en todos los estratos socioeconómicos. El desafío es muy grande y lo único que no podemos desconocer es que, pese a las restricciones en materia fiscal, el país ha dado grandes pasos. De hecho, el déficit cuantitativo habitacional se ha reducido en un 50 % (estábamos en 12,9 % y hoy estamos en 6,7 %).

Pero el país requiere reducir más el déficit habitacional.

Esto apenas comienza, el camino es largo, pero hay que reconocer que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha hecho un esfuerzo gigantesco no solo en gestión, sino en materia presupuestal. De hecho, en el Confis, que nos acaban de aprobar, ya garantizamos todos los recursos de aquí al 2026.

¿De qué manera está asegurado el presupuesto?

De aquí al 2019 garantizamos todo lo que es subsidio familiar de vivienda y las viviendas gratuitas. Pero la cobertura del Confis, como tiene 7 años, llega hasta el 2026. Nos aprobaron 1,7 billones de pesos en vigencias futuras para completar 6,9 billones. Esto es una supernoticia en un momento de ajuste fiscal. Para nadie es un secreto cómo cayeron las rentas nacionales.

¿Y si el próximo Presidente no le apuesta al programa?

Lo primero es que las 450.000 viviendas a las que se comprometió el gobierno Santos están totalmente financiadas y se terminarán de pagar desde el 2019 hasta el 2026. ¿Hoy qué vamos a encontrar? Un buen marco legal que permita la continuidad sin problemas del programa, pero necesariamente se va a requerir la voluntad política del próximo presidente para que asigne recursos al sector de la vivienda. La buena noticia es que el colombiano lo exige. Antes, todo el mundo soñaba con una vivienda. Ahora saben que sí es posible.

¿Cuál es el reto en materia de vivienda para el 2017?

Uno es cómo llevarles vivienda a los informales, pues ellos no tienen cómo demostrar su capacidad de endeudamiento. Una de las salidas que tenemos para aumentar con mayor rapidez la colocación de créditos hipotecarios en la población informal es a través del arrendamiento con opción de compra; es decir, una familia informal empieza en calidad de arriendo y después de unos años, cuando demuestra que tiene capacidad de pago, adquiere un crédito. Muy seguramente esa política la dejaremos lista el próximo año. No es solo arriendo con capacidad de compra, sino leasing habitacional.

¿Cómo funcionaría ese ‘leasing’ habitacional?

Le sirve especialmente a la clase media. Cuando ellos van a comprar vivienda, de golpe no tienen los recursos para la cuota inicial; sin embargo, ésta baja cuando es un leasing. Así, le facilita la compra de vivienda en la medida en que no requiere un ahorro tan alto para la cuota inicial, y la puede acumular mientras que está en el leasing.

¿Qué tuvo que hacer el Gobierno para que más de tres millones de personas tengan casa propia?

Identificó que hay muchas familias que viven en la pobreza extrema, que ganan menos de un salario mínimo y que jamás, por más que les den subsidios, hubieran podido tener acceso a una vivienda. Así que decidió que unas viviendas tenían que ser totalmente gratis. También identificó que hay unas familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos que podrían pagar menos de lo que pagan de arriendo, como cuota del banco.

¿Las familias estaban preparadas para vivir en comunidad?

Empiezan a vivir en conjunto residencial, donde hay unas reglas de propiedad. Al principio sí hubo situaciones de conflicto, de violencia. Afortunadamente, eso ha venido mermando. El Ministerio hace acompañamiento social con fundaciones que tienen experiencia en el tema, que conocen la idiosincrasia de la gente que vive en las regiones. Hoy hemos logrado reunir casi un billón de pesos para construir colegios, bibliotecas, parques, puesto de salud, CAI.

En cifras, ¿cómo le va al programa de vivienda?

Por donde lo miremos, tiene un impacto social y económico. Hubo reducción de la pobreza, según el Dane; reducción del déficit habitacional, que pasó de 12,9 a 6,7; ha contribuido a dinamizar la economía, que en los primeros trimestres del año estaba en 1,9; en cambio, la construcción está en 8,1; es un generador de oportunidades de trabajo: estamos hablando de 3,1 millones de empleos que generan la construcción de vivienda y las actividades relacionadas.

En el 2017, ¿la gente va a poder acceder a más viviendas?

Arranca la segunda fase de las viviendas gratis (30.000). El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) las asigna con base en la lista de desplazados o personas en situación de extrema pobreza. Pero Mi Casa Ya tiene todos los subsidios disponibles. Los lectores pueden entrar a la página www.micasaya.gov.co para conocer los proyectos que tenemos en todo el país. Acá en el Ministerio somos, según la Función Pública, el número uno en el ranking de atención al cliente por la forma como se atiende y da respuestas a la gente.

¿Los municipios tendrán un papel clave en el 2017?

Para poder ejecutar la totalidad del programa Mi Casa Ya es necesario tener aliados en los territorios. La invitación es a que los gobernantes de los municipios habiliten tierras.

¿De qué manera han blindado el proyecto de vivienda contra la corrupción?

Lo primero es el proceso de convocatoria, de presentación de los lotes, etc. Para eso utilizamos a Findeter, que tiene toda la trayectoria. Lo vemos en la cantidad de oferentes, pero también en la calidad. Cada vez ofrecen más metros cuadrados, mejor calidad y mejores precios. Eso por el lado de la oferta y la contratación, pero por el lado de la demanda, Mi Casa buscó eliminar a los intermediarios; aquí no hay que llenar formularios, etc. Y lo mejor, aquí no pagamos un solo peso hasta que esté totalmente terminada la vivienda. Se le dice al constructor: “Casa entregada, casa pagada”. Con esto garantizamos que no se pierda un solo peso.

¿Cómo está el país en materia de acueducto?

Si en algo ha avanzado el país en los últimos años es en mayores coberturas en materia de agua y alcantarillado. En estos seis años hemos llevado, por primera vez, el servicio de agua potable a 5,6 millones de colombianos, y el alcantarillado, a 6,1 millones de personas. El reto es incrementar, para cuando nos vayamos, a dos millones de colombianos con acceso.

Para llegar a esa meta, ¿cuál será el gran desafío?

El trabajo está en las zonas rurales, porque el acceso allí es más complejo. Pero hay que lograr cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Ahora con el posconflicto, ese es, precisamente, uno de los compromisos.

Había acueductos sin terminar, ¿cómo se blindó el proceso?

Hubo un cambio en el esquema de contratación. Infortunadamente, la experiencia en los años anteriores es que se enviaban los recursos a algunos territorios y no construían la infraestructura. Por eso, ahora, lo que financia la Nación lo contrata la Nación. Se hace una gran contratación. Pero lo más importante es que hemos llegado a lugares donde nunca antes habíamos llegado, como Chocó. En Quibdó se hizo una inversión de 100.000 millones de pesos, que dejaron 82 por ciento de cobertura en agua. Pero además se están haciendo obras por 120.000 millones en 13 municipios. Son inversiones sin antecedentes, como lo ejecutado en Providencia y Yopal.

¿Cómo se explica que la gente siga protestando en esas zonas?

Lo que ocurre en La Guajira es que en el casco urbano está, en gran parte, resuelta la situación (Rioacha, Manaure, Tibuya y Maicao), pero todos estos incidentes, lamentablemente, ocurren en las zonas rurales, donde hay dispersión geográfica y falta más inversión.

Se ven las obras. ¿Cómo asegurar que no se descuiden y se les haga mantenimiento?

Parte de nuestra responsabilidad es que cuando se haga inversión en infraestructura (sean plantas de tratamiento o de aguas residuales), queden operadores regionales especializados, que garanticen la sostenibilidad del sistema.

¿Cuáles son esas inversiones como para sacar pecho?

Chocó, que pasó de cobertura 0 a 82 por ciento. Providencia, por ser una zona lejana. Y en el 2017 se va a entregar a Yopal. El decreto de esquemas diferenciales es un superlogro del Ministerio. Esto va a permitir aumentar cobertura en zonas rurales. No podemos pretender llevar agua potable en los esquemas tradicionales, porque la cultura indígena es totalmente diferente.

Durante el próximo año se realizará una ampliación del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Ovejas, Sucre. Además, se aumentará la cobertura en el sistema de alcantarillado sanitario para la población de San Andrés.

La mayor inversión se realizará en Yopal, donde $ 68.165 millones serán destinados a la construcción de un sistema de abastecimiento, con el que se podrá suministrar agua potable a toda la población de la ciudad.

En Turabá, municipio de Atlántico, se incrementará la capacidad de almacenamiento de agua potable de un 37 por ciento a un ciento por ciento para el sistema del acueducto costero, a través de una estación de rebombeo.

Adicionalmente, se iniciarán las 30.000 viviendas de la segunda fase del programa de vivienda gratis; se llevará a cabo la terminación de los equipamientos en diversos proyectos de vivienda gratis de la fase 1, que corresponden a colegios, parques recreo-deportivos, bibliotecas, estaciones de Policía, centros de integración ciudadana y centros de desarrollo infantil, entre otros; y se realizará el piloto de Visiones Regionales, un plan que busca promover un mayor aprovechamiento de todas las inversiones en infraestructura que está desarrollando el Gobierno Nacional en el país.

EL TIEMPO