Así como el país avanza en la inclusión de las víctimas del conflicto armado y de los reinsertados a actividades que impulsen su entrada al mercado laboral, la población con discapacidad intelectual requiere una política de Estado para que pueda ingresar, como cualquier trabajador, a una empresa o a una entidad pública.
Esta fue una de las principales conclusiones del primer foro ‘Inclusión laboral: una realidad’, a cargo de Foros 'El Espectador' y de la organización Best Buddies Colombia.
Olga Lucía Lacouture, fundadora y presidente del Consejo Directivo de Best Buddies, dijo que, tras haber formado a unas 1.200 personas en habilidades sociolaborales, ya son 606 personas en esta condición vinculadas a 70 empresas del país.
Sin embargo, el potencial de las empresas es mayor, pues en los últimos nueve años cada mes han tocado las puertas de Best Buddies unas 50 familias, es decir, 6.000 personas, mientras en Colombia hay unas 500.000 empresas, de las cuales 3.500 son grandes compañías.
En el evento, el procurador general, Fernando Carrillo, llamó la atención sobre la necesidad de tener políticas de Estado para esta población y avanzar en las regiones donde las personas con discapacidad intelectual no tienen derecho a casi nada. “Mirar para otro lado es la peor de las opciones”, aseguró.
Por su parte, Anthony Kennedy, fundador y presidente ejecutivo de Best Buddies International, recalcó que los empresarios deben asegurarse de que en sus firmas trabajen personas de todas las condiciones.
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 1.000 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Y en Colombia se calcula que el 20 por ciento de las personas con discapacidad intelectual la tienen por factores congénitos.
Por ello, Carlos Enrique Moreno, presidente de la Organización Corona, sostiene que hay que derribar las barreras legales, burocráticas y, sobre todo, las mentales, para avanzar.
Empresarios y abogados como Carlos Umaña, de Brigard Urrutia, señalan que el próximo Plan Nacional de Desarrollo debe tener un capítulo del tema, ya que, según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la tasa de desempleo de esta población es del 67 por ciento, más alta que la de las víctimas o la de los reinsertados.
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