Perú solicitó formalmente su ingreso en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) durante la visita a China del presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, en septiembre pasado.
No está claro cuándo ni cómo lo hizo Venezuela.
El BAII fue planteado en 2014 por el presidente chino, Xi Jinping, en un intento del país de ganar presencia en el orden financiero global, dominado por Estados Unidos.
Su creación fue considerada como una victoria diplomática para Pekín porque logró arrastrar a países como Australia, Corea del Sur, el Reino Unido o Alemania, aliados tradicionales de Washington.
La entidad anunció la incorporación de 13 nuevos miembros: además de Perú y Venezuela, se unen Afganistán, Armenia, Fiyi, Hong Kong, Timor Oriental, Bélgica, Canadá, Etiopía, Hungría, Irlanda y Sudán.
Estos nuevos integrantes deberán ahora ratificar los estatutos del organismo en sus respectivos países para formalizar la admisión.
Entre los fundadores de la entidad están también España y Brasil, aunque aún tienen pendiente completar su proceso de adhesión y depositar en el banco la primera cuota de fondos que les corresponde.
Una docena de países más se han interesado en formar parte del BAII –que empezó a operar formalmente el año pasado con un capital autorizado de 100.000 millones de dólares y de 50.000 millones suscrito–, entre ellos algunos latinoamericanos.
“Ha habido conversaciones con varios: algunos simplemente se han acercado y mostrado interés, otros han comenzado ya la primera fase de los trámites. Esperamos poder anunciar más miembros potenciales en los próximos meses”, explicó la portavoz del organismo, Laurel Ostfield.
Con esta primera ampliación, el número de países miembros del BAII alcanza los 70, más que los 67 del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), una institución dominada por Estados Unidos y Japón.
Precisamente estos dos países son los más reacios a unirse a la entidad china porque recelan del control de Pekín sobre esta, así como de su sistema de gobernanza y concesión de préstamos.
“No hemos recibido ninguna solicitud, pero la puerta sigue abierta”, dijo Ostfield en referencia a ambas potencias.
La participación en el accionariado del banco depende del tamaño de la economía de los países socios y da más peso a los miembros regionales (asiáticos) que al resto.
Con el reparto actual, China cuenta con un 27,85 por ciento de los votos, lo que le otorga en la práctica poder de veto para bloquear cualquier resolución importante.
La entrada de estas 13 naciones cambiará ligeramente este equilibrio, pero como las economías de los nuevos integrantes regionales son pequeñas, es muy probable que la pérdida de derechos de voto para China sea mínima.
Solo la entrada de Japón comportaría un cambio significativo en ese sentido.
Entre los primeros proyectos financiados por la organización se destacan la construcción de un gasoducto en Azerbaiyán, una terminal portuaria en Omán, una central eléctrica en Birmania o una autopista en Pakistán.
La organización es también una forma de canalizar y dotar de mayor transparencia a sus proyectos de financiación en el exterior, hasta ahora llevados a cabo por bancos comerciales o bancos institucionales únicamente chinos.
Varios de estos proyectos, sobre todo entregados a países africanos y latinoamericanos, no han tenido la rentabilidad esperada, han provocado protestas entre la población local y hasta se han visto envueltos en escándalos de corrupción.
XAVIER FONTDEGLORIA
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
