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El problema con las jubilaciones es otro

Apenas una de cada cuatro personas con la edad requerida está debidamente pensionada.

Apenas una de cada cuatro personas con la edad requerida está debidamente pensionada.

Foto:Federico Puyo. Archivo EL TIEMPO

El sistema pensional requiere reformas, pero la solución no es tomar los aportes a fondos privados.

ricardo ávila pinto*
Óscar Julián Vásquez cuenta desde Medellín que comenzó a recibir la pensión en 2015, después de haber planeado con la debida anticipación su retiro. Tras señalar que se siente satisfecho con la vida, dice que “hoy mi preocupación más grande es mirar un horizonte que parece que fuera oscuro, con todas las propuestas que lanzan de lado y lado. Se ve y se nota que tienen un desconocimiento de lo que son los fondos privados, como aquel al que estoy vinculado”.

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Luz Marina Contreras, por su parte, habita en Bogotá y sabe con exactitud cuántas semanas le faltan para completar las 1.300 que necesita para jubilarse en Colpensiones. “Este año las cumplo”, dice con orgullo. Y aunque sabe que le habría tomado menos tiempo llenar los requisitos en el sistema de ahorro individual, afirma que no se arrepiente, “porque me da más tranquilidad el respaldo estatal”.
En otros países, casos como los señalados formarían parte de la norma y no de la excepción. Lamentablemente, tanto Óscar Julián como Luz Marina son y van a ser parte de una minoría en Colombia, en caso de que nada cambie.
De acuerdo con los datos disponibles, apenas una de cada cuatro personas con la edad requerida está debidamente pensionada en el territorio nacional. Cerca de la mitad no cuenta con amparo alguno, mientras que la cuarta parte restante recibe un modesto estipendio del programa Colombia Mayor.
Ese es el principal motivo por el cual cerca del 26 por ciento de aquellos con más de 60 años viven en condición de pobreza, muy por encima de los guarismos de Chile o Brasil y más arriba de Ecuador o Perú. Debido a ello se han barajado múltiples ideas para remediar la situación.
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El más reciente en hacerlo fue Gustavo Petro, quien en el debate presidencial organizado por esta Casa Editorial y la revista Semana afirmó literalmente que “en lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces libera al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y los gasta en los que no tienen pensión”.
Numerosos comentaristas se refirieron a la propuesta del candidato del Pacto Histórico, señalando tanto sus errores fácticos como conceptuales. Aparte de que no hay bancos, ni tampoco se cobra el 30 por ciento de administración, la reacción más sonora tuvo que ver con la posibilidad de que los aportes que hacen las personas a cuenta individual se pasen por la derecha al régimen de prima media, en lo que equivaldría a una nacionalización de los flujos actuales.

Pensar en mañana

Si acaso, lo rescatable de la cuestionada idea es que el tema haya pasado a ocupar la atención de la ciudadanía. A fin de cuentas, en un país en el cual lo urgente usualmente no le deja tiempo a lo importante, resulta clave una discusión de fondo sobre un sistema de protección económica a la vejez que funciona muy mal.
La razón es sencilla. Aparte de que este apenas cubre a una fracción minoritaria de la población adulta, sostener el esquema vigente es costoso y sus grandes ganadores son las personas que están en la parte de arriba de la pirámide de ingresos. Como lo señala un escrito de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el modelo actual es “regresivo, excluyente e ineficiente”.
Semejante diagnóstico no es nuevo. Desde hace más de una década numerosos especialistas han hecho propuestas de reforma orientadas a corregir las inequidades actuales. Durante la campaña presidencial de 2018 varios candidatos plantearon propuestas que son similares a lo que recomiendan los técnicos.
No obstante, ni el Gobierno de ahora ni el previo han querido exponerse al desgaste de presentar una propuesta al Congreso. Más allá del diagnóstico sobre la inconveniencia de mantener el statu quo, aparecen las realidades políticas que le dan a cualquier planteamiento bien estructurado un pronóstico reservado en el Capitolio.
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De un lado, están los que desean mantener los privilegios que benefician a los individuos de altos ingresos afiliados a Colpensiones o a quienes están en regímenes especiales, como los maestros o el personal de las Fuerzas Armadas. Del otro, aparecen las posturas de corte más ideológico, que cuestionan la existencia de un sistema mixto y que preferirían algo exclusivamente estatal.
Una muestra de esa circunstancia es que en los paros nacionales de finales de 2019 y mediados de 2021 uno de los puntos inamovibles impulsado por las organizaciones sindicales fue la negativa a cualquier intento de cambiar las reglas del juego en materia pensional. Los jóvenes de hoy, cuya probabilidad de recibir una mesada es baja cuando les llegue el momento del retiro laboral entrada la segunda mitad del siglo, repiten como una letanía el “no a la reforma”.
Evidentemente, no se dan cuenta de que tendrán que pagar los platos rotos de una vajilla que heredaron. Si no se hace nada, tarde o temprano habrá que subir impuestos o contribuciones para poder cumplir con obligaciones que serán más y más onerosas.
Semejante esfuerzo acabará beneficiando apenas a una fracción de los mayores de 60 años, un grupo cuyo tamaño viene expandiéndose. Los cálculos de los demógrafos son claros: el proceso de envejecimiento de la población colombiana es inexorable debido al aumento en la esperanza de vida y a las menores tasas de natalidad.
Con esa perspectiva, la viabilidad del modelo de reparto –que en un comienzo fue la norma– está en entredicho en las más diversas latitudes. En la medida en que haya menos trabajadores activos que hagan sus aportes para pagar las mesadas de una cantidad cada vez más alta de pensionados, será necesario subsidiar el faltante con más aportes del presupuesto.
Esa es la razón por la cual unas cuarenta naciones ya han adoptado, así sea parcialmente, el concepto del ahorro individual. Las combinaciones con el esquema tradicional son múltiples y seguramente seguirán evolucionando con el correr del tiempo, pero es claro que cada vez se impone más el principio del “ayúdate, que yo te ayudaré”.
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Mirar al sur

Dicha observación no desconoce que hay aquellos que desean mover el reloj para atrás. Basta examinar lo ocurrido en Argentina en años recientes para darse cuenta de lo que puede suceder cuando se toman malas decisiones.
Tras numerosos problemas en el sistema público, incluyendo atrasos en el giro de las mesadas a finales de los años 80 del siglo pasado, a mediados de 1994 entró en vigor un esquema de capitalización individual que acabó siendo muy popular: 90 por ciento de los argentinos acabarían escogiéndolo. El desempeño fue bueno, con rendimientos reales anuales por encima del 6 por ciento, a pesar de múltiples turbulencias.
Sin embargo, con ocasión de la crisis financiera internacional de 2008, los rendimientos de los fondos privados se volvieron negativos. Esa fue la coyuntura perfecta para que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsara una ley promulgada el 9 de diciembre de ese año, que expropió de un plumazo 30.000 millones de dólares de los ahorradores, incluyendo cuentas obligatorias y voluntarias.
Los fondos se trasladaron a una entidad estatal, con muy poca supervisión. En el proceso, el Estado argentino se volvió accionista de un número importante de empresas privadas y, tras la prohibición de invertir en el extranjero, los recursos se usaron para títulos de deuda pública y a financiar programas sociales.
“Hoy en día el sistema está de nuevo en quiebra”, cuenta la experta costarricense Karol Fernández. Como si eso fuera poco, 85 por ciento de los afiliados de los fondos privados no recibieron pensión alguna. Residente en Chile, y con una larga experiencia en asuntos pensionales, resume lo ocurrido con una afirmación contundente: “en resumen, mataron a la gallina de los huevos de oro”.
Dado que en el caso de Colombia el valor de los recursos que manejan las administradoras de fondos de pensiones llegó a 358 billones de pesos en diciembre, vale la pena encender las alarmas. Tener acceso a esas sumas seguramente les suena tentador a algunos y si bien ninguno de los aspirantes a suceder a Iván Duque ha llegado a proponerlo, es mejor elevar el nivel de alarma.
Uno de los motivos es que Chile también quiere meterle el diente al tema. Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, Gabriel Boric hizo la promesa de acabar con las AFP, cuya imagen entre la población era muy mala.
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No obstante, hubo un cambio importante durante la pandemia por cuenta de las autorizaciones de retiros parciales para aliviar la situación de los hogares. Tener acceso al dinero guardado “le dio a la gente mucho sentido de apropiación de los fondos”, explica Karol Fernández.
Debido a ello y a la aprobación de una pensión mínima universal hace unas semanas, el ambiente ha cambiado. Tanto, que el recién inaugurado gobierno habla de algo mixto, cuyos detalles están por conocerse.

Puntos pendientes

Lo que acabe pasando en el país austral, seguramente acabará siendo un referente para Colombia, incluyendo el propósito de financiar un mayor gasto social incrementando de manera sustancial la recaudación de impuestos. Pero, aparte de mirar afuera, lo que vale la pena es examinar el juicioso trabajo de numerosos académicos y conocedores que han planteado ajustes responsables a nivel nacional.
Así quedó expresado en lo que se denominó un ejercicio de “diálogo improbable” promovido por Sura y Protección, que convocó a personas de diferentes trayectorias y orientaciones ideológicas para hablar del sistema pensional y el bienestar de la vejez. Al final, los participantes coincidieron en cinco principios básicos que no se pueden olvidar: universalidad, solidaridad, equidad, flexibilidad y sostenibilidad.
Un diseño general de la fórmula que debería operar parte de la idea de que los dos sistemas de hoy deberían complementarse e incluir un pilar solidario. Es decir, una suma que cubra a todos los adultos mayores que no alcancen una pensión contributiva y que Fedesarrollo plantea dejar en el equivalente de tres veces la línea de pobreza extrema: algo menos de medio salario mínimo mensual.
A lo anterior se sumaría un esquema para que las personas que han hecho aportes, pero no cumplen con las condiciones para obtener una pensión, la logren. Y a partir de allí vendría un pilar de capitalización individual que sería administrado por entes públicos y privados, con las mismas reglas de juego.
Así se eliminarían de tajo los enormes subsidios que hoy reciben los jubilados de más altos ingresos, pues el que desee recibir más, tendrá que poner de su bolsillo para asegurarse un futuro más holgado. Ello facultaría a Colpensiones a tener su propia AFP, por ejemplo.
En definitiva, la controversia de los últimos días debería convertirse en una oportunidad para que la gente entienda las opciones y los remedios a la mano. Si eso pasa, podría venir un cambio de ambiente que permita que la nueva administración destape sus cartas y el Congreso adelante una discusión seria e informada.
Que la ciudadanía se involucre y los expertos hagan oír su voz evitarán que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad. Preferir el conocido “deje así” sería un gran error, pero más grave sería empeorar las cosas, en caso de que se escuchen los cantos de sirena que sonaron en el debate de esta semana. Para que ese no sea el desenlace, no queda otra que ponerle manos –y voces– a la obra.
RICARDO ÁVILA PINTO*
Especial para EL TIEMPO
@ravilapinto
* Integrante de la junta directiva de Colfondos y del Grupo de Diálogo Improbable sobre el sistema pensional colombiano.

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