El paro del 21: ¿Una protesta reaccionaria?

El paro del 21: ¿Una protesta reaccionaria?

Manifestación convocada implica el riesgo de posponer varias reformas necesarias.

Paro de maestros
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César Melgarejo

Por: Ricardo Ávila
10 de noviembre 2019 , 04:24 p.m.

Según la enciclopedia libre Wikipedia, el 21 de noviembre no solo es el tricentésimo vigésimo quinto día del año en el calendario gregoriano. También es la fecha en la cual Judas Macabeo reconstruyó el templo de Jerusalén en el año 164 antes de Cristo o en la que Napoleón Bonaparte fue ascendido a general de la República francesa en 1791, entre muchos otros acontecimientos.

Sin embargo, para un buen número de colombianos, la importancia de la jornada se ubica en el futuro inmediato: la convocatoria de un paro nacional por las centrales sindicales y otros sectores que comprenden bancadas políticas u organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de movilizarse en contra de una serie de temas que van desde la reforma pensional hasta las privatizaciones de activos públicos, pasando por la fusión de entidades estatales o la presencia de la corrupción.

Dados el clima imperante en la región y el ambiente cargado de la política local, el llamado al cese de actividades ocasiona inquietud, sobre todo entre aquellos que temen que las marchas se salgan de madre. La semana pasada, el senador Álvaro Uribe señaló que la protesta planeada “hace parte de la estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina”.

Cambios en la mira

Más allá de esa lectura, un buen número de analistas comparten la preocupación de que las manifestaciones reduzcan todavía más el margen de maniobra del Ejecutivo a la hora de proponer los cambios que plantean distintos expertos. Dicho en una frase, el temor es que triunfen las propuestas reaccionarias, definidas por la Real Academia como aquellas “que tienden a oponerse a cualquier innovación”.

La consideración es válida tras la aparición del más reciente ‘Informe nacional de competitividad’, dado a conocer el miércoles. A lo largo de 448 páginas, el trabajo plantea tareas que tienen como foco central impulsar el crecimiento de la economía, disminuir la mala distribución del ingreso, mejorar la provisión de diferentes servicios y aumentar la calidad de vida de la población. El marco conceptual es el que nace de la Constitución de 1991, que reconoce el papel del sector privado en el desarrollo, de manera que aquí no se considera aquello que se podría describir como un cambio de modelo.

Iván Duque
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Presidencia

El diagnóstico sobre lo que está mal es descarnado. “Desde 2007 venimos haciendo un ejercicio concienzudo sobre diferentes temas que nos impiden avanzar más rápido o hacen que las instituciones no funcionen en forma adecuada, con propuestas de soluciones específicas”, dice Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

Más allá de que en 2019 Colombia tenga una evolución muy superior a la de sus vecinos y que el desempeño proyectado de la economía supere con creces el promedio de la zona, el mensaje de fondo es que seguiremos atrapados en la mediocridad y la injusticia si no se hacen una serie de correcciones de fondo.

Un caso concreto es el de la seguridad social. Según las estadísticas, tan solo uno de cada cuatro ciudadanos en edad de jubilación recibe una mesada. Peor todavía es que la mitad de esos pensionados se encuentran en el 20 por ciento más rico de la población o que tres cuartas partes de los subsidios que salen de las arcas públicas benefician al 40 por ciento de mayores ingresos. En contraste, el 20 por ciento más pobre apenas recibe el 4 por ciento de esas transferencias.

Más allá de que en 2019 Colombia tenga una evolución muy superior a la de sus vecinos, el mensaje es que seguiremos atrapados en la mediocridad y la injusticia si no se hacen  correcciones de fondo

Debido a dicha circunstancia, los índices de desigualdad que nos hacen una de las sociedades más inequitativas del mundo empeoran cuando se incluyen los pagos a los jubilados.

Diferentes observadores señalan que aquí no funciona la fórmula de Robin Hood, que consiste en quitarles recursos a los ricos para darles a los pobres, sino de la ‘Hood Robin’: los más de 40 billones de pesos salidos del presupuesto nacional que el próximo año servirán para garantizar el pago de las mesadas serán financiados por el grueso de la población en pro de una minoría. Si bien las organizaciones sindicales sostienen que se oponen a la eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores o al supuesto propósito del Ejecutivo de convertir a Colpensiones en un fondo privado, parten de una falacia, pues hacen creer que hay un texto oficial, cuando este no existe.

La propuesta gubernamental, todavía desconocida, no se presentaría hasta la próxima legislatura. Ante la crispación actual, el riesgo es que el espacio para cualquier discusión técnica se cierre y se prolongue el statu quo de manera indefinida.

Más tareas en veremos

Y ese no es el único caso aberrante. Los estudiosos afirman que uno de los motivos de las disparidades que nos afectan es la informalidad. En lo que atañe al plano laboral, 64 por ciento de los trabajadores realizan oficios en los cuales no se cumple con las normas de la seguridad social. Al mismo tiempo, el 60 por ciento de las empresas no están dentro del régimen formal.

Semejante realidad lleva a la existencia de dos escenarios diferentes, con suertes muy distintas. De un lado, compañías que respetan las leyes y sobre las cuales recae el peso de diferentes responsabilidades. Del otro, negocios que se mueven al margen y van desde la tienda de barrio hasta la operación que vuela por debajo del radar de las autoridades.

De tal manera, el 1,2 por ciento de las sociedades registradas en Colombia –unas 19.000– generan el 67 por ciento de los empleos formales. En lo que corresponde a impuestos, menos del 0,2 por ciento de las personas jurídicas –3.500 empresas– declaran el 72 por ciento de lo que se recauda por tributos de renta.

Marchas
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Camilo Peña

No hay necesidad de expertos en la materia para concluir que seguir en las mismas no le conviene al país. Mostrar una de las tasas de desempleo más elevadas en el contexto latinoamericano se contrapone con el buen crecimiento relativo de los últimos tiempos. A pesar de ello, es una especie de herejía hablar de flexibilización laboral, y mucho más referirse a una cirugía del Código Sustantivo del Trabajo, como lo señala el Consejo Privado de Competitividad.

Otras propuestas también dan lugar a reacciones negativas. Implementar mecanismos de evaluación docente que desemboquen en una mejora de la calidad de la educación es algo a lo cual se resiste Fecode.

Tampoco es fácil hacerle una cirugía de fondo a la justicia, a pesar de que un proceso en la jurisdicción ordinaria se toma entre 336 y 366 días en promedio, en primera instancia. La tasa de imputación de homicidios, que a nivel global es del 60 por ciento, en nuestro caso es inferior al 29 por ciento. A pesar de esas circunstancias, los intentos de mejora han sido infructuosos, con lo cual avanzar en la lucha contra flagelos como el de la corrupción se hace mucho más difícil.

No todo es motivo de desesperanza, claro. El programa de desarrollo de la infraestructura de transporte avanza, sin desconocer que hay un gran desafío con respecto a las vías terciarias. De la misma manera, la matriz de generación eléctrica le apunta a una diversificación importante gracias a las fuentes no convencionales, que deberían hacerse presentes en un tiempo relativamente corto.

La cuestión política

No obstante lo anterior, el trecho que falta es mucho. “En último término, todo desemboca en la capacidad política de la administración de turno, que consiste en lograr que el Congreso apoye los proyectos de ley que presenta y la opinión acepte las reformas planteadas”, señala el politólogo Ricardo Santamaría.

Tanto la capacidad en el trámite legislativo como el respaldo de la ciudadanía a diferentes iniciativas están en veremos, en el caso del gobierno de Iván Duque. Los resultados del más reciente Gallup Poll, según el cual el índice de desaprobación del mandatario asciende al 69 por ciento, se mezclan con la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, ad portas de un voto de censura en el Capitolio.

Los observadores que se preocupan por los asuntos económicos ven con inquietud la posibilidad de que el texto que debería sustituir la ley de financiamiento declarada inexequible por la Corte Constitucional no logre salir adelante en las cinco semanas que quedan de sesiones. Además, está la incógnita de una mayor agitación social, que se deriva no solo del descontento popular –70 por ciento de los encuestados consideran que las cosas en el país van por mal camino–, sino de aquellos que buscan pescar en río revuelto.

¿Qué sociedad queremos?

Ante semejante escenario, los expertos señalan que la única salida posible es que la Casa de Nariño recupere la iniciativa. “Tenemos que encontrar una forma de llegar a acuerdos sobre la forma de sociedad que queremos”, afirma el columnista Camilo Granada.

En el esquema tradicional, lo usual era convocar a los líderes de los partidos políticos al palacio presidencial con el fin de alcanzar entendimientos que incluían cuotas burocráticas. Ahora, cuando la mayoría de la gente declara no estar afiliada a ninguna colectividad, la legitimidad de un pacto que se logre a puerta cerrada puede acabar siendo contraproducente.

Entre las opciones que se mencionan está la de seguir los pasos de Emmanuel Macron. El presidente de Francia estuvo en problemas serios hace un año por el surgimiento de los ‘chalecos amarillos’, un movimiento espontáneo que sumó decenas de miles de adeptos que se opusieron a varias medidas adoptadas por París. Tras una labor de más de dos meses que incluyó centenares de horas de reuniones con líderes y gente del común a lo largo y ancho del territorio galo, la amenaza de una revuelta generalizada se conjuró, sin desconocer que el descontento en ciertos sectores aún persiste.

Acceder a abrir los canales del diálogo, escuchar observaciones de diferentes sectores y mostrar propósito de enmienda, en lugar de creer que hay una conspiración en marcha, es una salida

La pregunta, entonces, es si aquí hay manera de desactivar las corrientes de inconformidad ciudadana que parecen ser la norma actual en buena parte de los países latinoamericanos. Acceder a abrir los canales del diálogo, escuchar las observaciones de diferentes sectores de la sociedad y mostrar propósito de enmienda, en lugar de creer que hay una conspiración en marcha que obliga a atrincherarse, es una salida que proponen algunos observadores.

De manera inmediata, la prioridad del Ejecutivo será conservar margen de maniobra y evitar ser acorralado por sus opositores. Una exacerbación de las tensiones presentes podría llevar al país a un plano reaccionario: la inmovilidad o, peor todavía, el populismo.

En último término, está en juego la capacidad de adelantar las transformaciones que la sociedad colombiana necesita. “Lo coyuntural no se puede oponer a lo estructural”, subraya Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, quien forma parte del Consejo Privado de Competitividad. Una vez más, y como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de Colombia, el dilema es distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante.

RICARDO ÁVILA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
​Analista Sénior@ravilapinto

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