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Los paraísos fiscales están obstaculizando los ODS

La riqueza de los milmillonarios creció a un ritmo vertiginoso en 2018.

La riqueza de los milmillonarios creció a un ritmo vertiginoso en 2018.

Foto:Archivo EL TIEMPO - Aamir Qureshi / AFP

Sin una acción más agresiva, los países carecerán de los recursos necesarios para alcanzar los ODS.

El 25 de septiembre de 2015, los jefes de Estado y de gobierno del mundo adoptaron por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan global amplio para construir un mundo más equitativo y sostenible. Pero, más de cinco años después, el progreso hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda deja mucho que desear.
Entre las mayores limitaciones para los países que se esfuerzan por alcanzar los ODS se encuentra la falta de recursos financieros. Incluso antes de la pandemia de covid-19, muchos países de ingresos bajos y medianos mostraban signos de sobre endeudamiento. Mientras luchan por hacer frente a crisis económicas y de salud pública simultáneas, la movilización de recursos financieros para el desarrollo sostenible es una propuesta aún más difícil.

La elusión fiscal de las multinacionales socava la capacidad de los países para financiar el desarrollo al menos tanto, si no más, como la corrupción absoluta

Por supuesto, hay formas de recaudar fondos. Los países pueden aumentar el ahorro interno, atraer inversiones extranjeras y buscar asistencia para el desarrollo de países ricos, organizaciones internacionales y bancos multilaterales de desarrollo. Pero hacerlo nunca es fácil, especialmente en un mundo donde florecen los flujos financieros ilícitos.
En 2015, Gabriel Zucman estimó que al menos $ 7,6 billones de la riqueza privada del mundo se mantenían en paraísos fiscales, lo que equivale al 8 % de los activos financieros de los hogares a nivel mundial. Esa cifra había crecido en un asombroso
25 % en los cinco años anteriores, lo que sugiere que es probable que sea significativamente mayor en la actualidad. En 2017, la Oficina Nacional de Investigación Económica informó que alrededor del 10 % del PIB mundial se encontraba en paraísos fiscales extraterritoriales.
Las salidas financieras ilícitas no solo agotan los recursos financieros para el desarrollo de los países de bajos ingresos, sino que también pueden socavar la voluntad de los países donantes de proporcionar más asistencia para el desarrollo.
Los gobiernos tienen tres líneas principales de defensa contra los flujos financieros ilícitos. La primera es reducir la cantidad de dinero ilícito que hay, reprimiendo la corrupción.
Más allá de los delitos flagrantes, por ejemplo, la evasión fiscal, el soborno y la malversación de activos públicos, tal esfuerzo tendría que abordar maniobras más sutiles, como la explotación de las lagunas legales por empresas multinacionales en el código fiscal. La elusión fiscal de las multinacionales socava la capacidad de los países para financiar el desarrollo al menos tanto, si no más, como la corrupción absoluta.
La segunda línea de defensa es la gestión cuidadosa de los flujos de capital transfronterizos. Mantener dinero ilícito en su país de origen hace que la corrupción sea menos gratificante y, por lo tanto, menos atractiva. Pero nuevamente, las actividades descaradamente ilegales son solo una parte del problema. Legal o no, la fuga de capitales drena las arcas del gobierno e incluso puede desencadenar crisis financieras o cambiarias.
Finalmente, los gobiernos deben rastrear, incautar y repatriar agresivamente los fondos ilícitos que han eludido los controles de capital. El problema es que recuperar esos fondos es muy complicado, costoso y, en ocasiones, polémico debido a la desconfianza entre los países. Dado esto, se ha devuelto muy poco dinero robado a sus legítimos propietarios. En términos más generales, si bien en los últimos años se han creado una serie de iniciativas, programas, acuerdos, convenciones y tratados internacionales para reducir los flujos financieros ilícitos, estos han demostrado estar lejos de ser adecuados.
Pero hay motivos para esperar que esto cambie pronto. El año pasado, Volkan Bozkir , presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Munir Akram, presidente del Consejo Económico y Social de la ONU, convocaron un Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para Lograr la Agenda 2030.
Ahora, el Panel Facti ha publicado un informe completo que incluye 14 recomendaciones basadas en evidencia para fortalecer la arquitectura financiera global para apoyar el desarrollo sostenible. Por ejemplo, el panel insta a todos los países a que promulguen leyes que proporcionen la gama más amplia posible de herramientas legales que se utilizarán para responsabilizar a los perpetradores por delitos financieros transfronterizos. También argumentan que los gobiernos deberían crear mecanismos de gobernanza sólidos y coordinados para reforzar la integridad financiera.
El Panel Facti también aboga por una cooperación internacional mucho mayor, como el establecimiento de normas tributarias globales, particularmente estándares de transparencia, a través de un instrumento legal “abierto e inclusivo”. Y recomienda la creación de un mecanismo imparcial para resolver disputas fiscales internacionales, bajo la Convención Tributaria de la ONU, y un mecanismo de coordinación global inclusivo en el Consejo Económico y Social de la ONU para abordar la integridad financiera a nivel sistémico.
Implementar las recomendaciones del Panel Facti no será fácil. Pero el esfuerzo de la ONU por encontrar soluciones es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Si puede lograr que la comunidad internacional se sume, es posible que todavía tengamos la oportunidad de asegurar los recursos necesarios para lograr los ODS.

Los mayores facilitadores del abuso fiscal

La red Tax Justice Network emitió el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021, donde contempla 70 países y territorios de todo el mundo, de los cuales considera que los 10 primeros son los mayores facilitadores del abuso fiscal corporativo. Los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y sus dependencias ocupan los seis primeros puestos en la clasificación:
1.Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido).
2.Islas Caimán (Reino Unido).
3.Bermudas (Reino Unido).
4. Países Bajos.
5. Suiza.
6. Luxemburgo.
7. Hong Kong.
8. Jersey (Reino Unido).
9. Singapur.
10. Emiratos Árabes Unidos.
En total, dentro de la clasificación de TJN, los países de la Ocde y sus dependencias son responsables del 68 % de los riesgos del abuso fiscal corporativo a nivel mundial. Además, el índice muestra que 12 puestos son ocupados solo por el Reino Unido y representan el 36,8 %.
YU YONGDING*
© PROJECT SYNDICATE
PEKÍN
* Expresidente de la Sociedad China de Economía Mundial y director del Instituto de Economía y Política Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales. Fue miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Popular de China de 2004 a 2006
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