Las reacciones de algunos gremios de la producción, frente al proyecto de ley de financiamiento que presentó el viernes el Gobierno ante el Congreso de la República, comienzan a vislumbrar el 'tira y afloje' en que se convertirá la discusión de esta iniciativa, con la que se busca aumentar el recaudo tributario de la Nación en al menos 19 billones de pesos el próximo año.
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), por ejemplo, rechazó de plano la posibilidad de imponer un IVA del 18 a la canasta de alimentos básicos de los colombianos, tal como lo estipula este proyecto.
"Encarecer el precio del huevo, el arroz, el pollo, la carne de res, el cerdo, el pescado, la papa, las verduras, las frutas, las hortalizas, la leche y sus derivados, la panela, el
azúcar, el café, el chocolate y los aceites, entre otros, es un camino que afectará
directa y sensiblemente el bolsillo de los consumidores de menores ingresos de
nuestro país", indicó la junta directiva del gremio.
Aprovechó para hacer un llamado tanto al Ejecutivo como al Legislativo para que analicen con detenimiento los alcances que tendrá esta iniciativa tributaria , así como el impacto de dejar por fuera de la devolución del IVA a hogares que tienen serias restricciones en su ingreso y que dedican gran parte del mismo a financiar el consumo de los alimentos.
"La SAC y sus gremios afiliados reconocen los retos que enfrenta el Gobierno para
financiar el presupuesto nacional, pero considera que el camino propuesto de
incrementar el costo de la alimentación es inadecuado", indicó. También se mostraron dispuestos a colaborar para encontrar soluciones que no afecten el bolsillo de millones de colombianos.
Sin embargo, los cerealeros del país, agremiados en Fenalce, tienen otra opinión, Le dicen sí a una tarifa unificada de IVA para todo el maíz. "La reforma tiene que ser estructural, con una tarifa general sin excluidos ni exentos para lograr un equilibrio general. Ahora, parte de los recursos del mecanismo de compensación a los más pobres se direccionará a estimular el consumo de maíz nacional, en arepa, pollo, huevo, cerdo, pescado, leche, carne con un alto componente de maíz nacional”, explicó Henry Vanegas, gerente del gremio.
En su cuenta de Twiter, Javier Díaz Molina, presidente del gremio de los exportadores del país, dijo que las "exportaciones de productos agrícolas se verían afectados por un incremento de los costos financieros, devolución del IVA toma 8 meses en promedio. Capital de trabajo queda atrapado en la DIAN durante todo este tiempo" (sic).
Agregó, además, que "es preciso que presenten un instrumento serio de devolución del IVA a los sectores más pobres. Hoy la devolución de IVA a los exportadores toma en promedio 8 meses, Chile lo hace en 5 días".
También la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) se pronunció frente al proyecto, sobre el cual dijo que, en lo que tiene que ver con la eliminación de 5 por ciento de IVA a vehículos híbridos y eléctricos es un retroceso para el país en materia de movilidad sostenible, en la medida que "no permite que Colombia renueve su parque automotor con opciones más amigables con el medio ambiente y se disminuyan los problemas de salud pública alrededor de la contaminación en las ciudades".
Argumenta el gremio que "el gasto público por degradación del aire urbano alcanza 12 billones anuales. La contaminación es responsable de más de 8.600 muertes de colombianos y 59 millones de enfermedades anuales atribuidos a la contaminación del aire urbano, por lo que urge incentivar el desarrollo de tecnologías limpias en el país. El parque automotor colombiano registra una edad de 16 años y genera más de 60 millones de toneladas de emisiones CO2, por lo que es de vital importancia mantener el beneficio fiscal del IVA para vehículos híbridos y eléctricos ”, afirmó Oliverio García Basurto, Presidente de Andemos.
Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se mostró preocupada por los impactos del proyecto, pues en su opinión este eliminó cuatro de los cinco componentes que integran el marco de incentivos tributarios orientados a la promoción, comercialización y financiación de la vivienda de interés social del país.
"Estos cuatro instrumentos están contemplados actualmente en el Estatuto Tributario y tienen que ver con el aporte de predios, la enajenación de viviendas, el desarrollo de proyectos de renovación urbana y dos elementos que permiten la financiación de vivienda. Esto puede afectar de manera muy importante el modelo del acceso a la vivienda social y los procesos de renovación urbana para en las ciudades", señaló.
Esos efectos se verían traducidos en una reducción del 33 por ciento en la inversión de vivienda nueva, que se construya 57 por ciento de unidades de vivienda menos anualmente, que se pongan en riesgo 10 billones de pesos de inversión de los hogares y cerca de 387.000 empleos directos y una demanda de materiales e insumos equivalente a 5,5 billones.
Mientras, voceros de la industria de los plásticos en Colombia (Acoplásticos) consideraron como muy positivo que se permita descontar de renta el IVA por la compra de bienes de capital, lo cual generaría un incentivo importante a la modernización de las plantas y la inversión productiva en las empresas de la industria.
"Resulta muy positiva la disminución paulatina del impuesto de renta corporativa, así como la propuesta de desmontar el pago por renta presuntiva. Al reducir la carga tributaria de las empresas se promueven la formalización, la inversión y el empleo de calidad", indicaron voceros de este renglón de la producción.
Al referirse a dicha iniciativa, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que tiene muchas novedades y buenos propósitos, pisa muchos callos, toca la sensibilidad de distintos sectores, genera incertidumbre en algunos procedimientos, pero es oportuna para obtener recursos, redistribuir ingresos y estimular la formalización.
"La Ley es indispensable para trabajar en aquellas propuestas que propician cambios de reglas de juego estructurales en favor de la inversión, la productividad y el desarrollo empresarial en Colombia", precisó.
Y añadió que "si realmente los más vulnerables pueden tener de vuelta una compensación, si los nuevos recursos fortalecerán la inversión social y la competitividad del país, creo que es un sacrificio que debemos asumir con un voto de confianza en su administración, sobre todo en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, que es donde radica la mayor falencia y donde podemos recuperar mayores recursos.
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