De acuerdo con los datos de pobreza monetaria publicados por el Dane, en 2020 la tasa de pobreza en el total nacional aumentó de 35,7 por ciento a 42,5 por ciento del total de la población. Una cifra esperable, dada la contracción de la economía de 6,8 por ciento en ese año, así como el consecuente deterioro en la tasa de desempleo, que alcanzó cifras cercanas al 16 por ciento.
Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que, en el contexto de una crisis económica de esta dimensión, la pobreza monetaria rural no solo no aumentó, sino que se redujo en tal magnitud que terminó situándose casi a la par de la pobreza urbana por primera vez desde que existen cifras de pobreza en Colombia (42,9 por ciento de pobreza rural frente a 42,4 por ciento de pobreza urbana).
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¿Cómo es posible que el país haya logrado prácticamente eliminar la brecha de pobreza urbano-rural en el año de la peor crisis económica en el país en más de un siglo?
La explicación central avanzada por el Dane se refiere al efecto de las ayudas extraordinarias desplegadas a lo largo del año a nivel local y nacional, a través de pagos adicionales en programas ya existentes, como Familias en Acción, o del nuevo programa Ingreso Solidario, creado a raíz de la pandemia. Los cálculos del Dane indican que estas ayudas extraordinarias redujeron la pobreza monetaria rural en 4,2 puntos porcentuales.
Sin embargo, un análisis de las cifras de pobreza rural antes de las ayudas extraordinarias abre aún más interrogantes. De acuerdo con el Dane, la pobreza monetaria rural antes de estas ayudas también se redujo, al disminuir del 47,5 por ciento observado en 2019 al 47,1 por ciento en 2020. ¿Tiene sentido económico esta reducción en el contexto de un año de contracción económica a nivel nacional?
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En ausencia de cambios importantes en las ayudas ordinarias, la respuesta depende de lo que haya ocurrido con los ingresos laborales en el sector rural en 2020. En ese año no solo hubo una caída del número de ocupados en el sector rural de 330.000 personas, una caída del 6,9 por ciento, sino que los ingresos laborales rurales se redujeron 5,3 por ciento, frente a los del 2019. Con una caída de esta magnitud, queda muy difícil explicar la supuesta caída de la pobreza rural antes de las ayudas extraordinarias.
Entonces, ¿cuál es la fuente de esa reducción de la pobreza monetaria rural si los ingresos laborales totales cayeron frente a los del año inmediatamente anterior?
La sorprendente respuesta es que, según el Dane, la línea de pobreza rural se redujo de 210.969 pesos en 2019 a 199.828 pesos en 2020, una caída del 5,3 por ciento. La línea de pobreza refleja el ingreso mínimo por persona para que el hogar no sea considerado pobre. Si se reduce la línea de pobreza, por construcción se reduce el número de hogares pobres.
En la nueva metodología de pobreza, que tiene cifras desde 2012, es la primera vez que la línea de pobreza rural cae en términos nominales frente a la del año anterior. Esta reducción en la línea de pobreza rural no fue explicada durante la presentación de los resultados de pobreza por el Dane ni tampoco aparece mencionada en el comunicado del comité de expertos.
No existe una explicación económica convincente para una reducción de la línea de pobreza rural del 5,3 por ciento en un año en el que la inflación fue de 1,6 por ciento y la inflación de hogares pobres fue de 2,3 por ciento.
Explorando el anexo metodológico se encuentra que tal reducción proviene de la variación de los precios de la canasta básica en Inírida, Leticia, Mitú, Puerto Carreño y San José del Guaviare, en donde, de acuerdo con los cálculos del Dane, el agua se habría reducido un 81 por ciento, y la energía, un 98 por ciento.
Sin esos dos datos, completamente atípicos, la variación en la canasta básica de esas 5 ciudades fue de 2 por ciento. Más allá de verificar si esos dos datos son correctos, surge la inquietud de si las cifras de variación de precios en estas ciudades del suroriente del país con 140.000 habitantes pueden ser utilizadas para imputar la variación de la línea de pobreza de los restantes 11 millones de personas en el sector rural del país, en departamentos tan diversos como Boyacá, Cauca, Norte de Santander o Sucre. No parece muy razonable.
En un cálculo preliminar en el que la línea de pobreza rural aumenta en consonancia con la inflación en hogares pobres, encontramos que la pobreza monetaria rural sería de 46,8 por cinto, casi 4 puntos porcentuales por encima de la cifra reportada por el Dane y en línea con el deterioro del empleo y los ingresos laborales en el sector rural.
Asumiendo que el impacto de las ayudas extraordinarias es el mismo reportado por esa institución, la pobreza antes de esas ayudas sería del 51 por ciento, versus el 47,1 por ciento reportado oficialmente. La pobreza nacional también sería más alta, 43,4 por ciento, frente al 42,9 por ciento publicado por el Dane.
Estas cifras implicarían que, si bien es probable que las ayudas extraordinarias hayan compensado el aumento de la pobreza rural –un gran logro de la política social–, no parece tan realista que, además, se haya cerrado la brecha de pobreza urbano-rural por primera vez en nuestra historia moderna.
Que ninguno de los actores involucrados en la verificación de esta información se haya percatado de la reducción en la línea de pobreza rural abre varias inquietudes.
Primero, por qué en esta ocasión no surtieron efecto los protocolos internos de validación de los cálculos hechos por el Dane. Segundo, por qué el DNP tampoco se dio cuenta, en su verificación independiente, de un dato que a todas luces es atípico y que debería haber levantado alertas en los técnicos de la institución.
Tercero, por qué el comité de expertos no hizo un llamado al Dane para verificar a fondo este resultado, que debería haber abierto una gran cantidad de preguntas e inquietudes entre los miembros del comité. En cualquier caso, es urgente que el Dane proceda a ajustar la línea de pobreza rural con una cifra que esté verdaderamente acorde con lo observado en materia de aumentos de precios en ese sector.
El país cuenta con una oficina de publicación de estadísticas oficiales de primer nivel. La inexplicable caída de la línea de pobreza rural no debe empañar la labor de una institución que a lo largo de décadas ha construido una reputación nacional e internacional con base en un trabajo técnico y de calidad, y que ha afrontado exitosamente los retos impuestos por la pandemia.
Sin embargo, este episodio también debe conducir a un fortalecimiento adicional de los mecanismos de validación estadística y económica en el procesamiento y la publicación de estadísticas oficiales tan importantes para la política pública, como es el caso de la medición de la pobreza y la desigualdad en nuestro país.
Nota: agradezco la excelente asistencia de Miguel Benítez en el cálculo de las cifras presentadas en este texto.
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