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Multan con 20 millones de dólares a filial de Argos en Estados Unidos
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La compañía aclaró que los hechos por los cuales se multa a su filial en Estados Unidos, fueron cometidos por dos exempleados de una oficina local de ventas en Pooler, Gerogia.

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Multan con 20 millones de dólares a filial de Argos en Estados Unidos

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Exempleados de la subsidiaria incurrieron en conductas violatorias de las normas antimonopolio. 

Argos USA LLC, subsidiaria de la cementera Argos en Estados Unidos, firmó un acuerdo con la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del cual deberá pagar 20 millones de dólares.

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En un comunicado, la compañía afirmó que dicha multa es producto de la resolución de una investigación sobre la conducta anticompetitiva de un pequeño grupo de exempleados de una oficina local de ventas en Pooler (Georgia), que se unieron a Argos USA mediante la adquisición de activos de otra empresa, después de que ya habían incurrido en esta conducta.

“La administración de Argos USA, por fuera de la oficina de Pooler, no participó ni toleró la conducta, que se llevó a cabo en contravención de las políticas de cumplimiento de la compañía. Los activos en Pooler, Georgia, se vendieron años después y ya no forman parte de Argos USA. Argos USA ha aceptado la responsabilidad por la conducta de sus exempleados y continuará cooperando activamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), en este asunto”.

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En un comunicado publicado el 4 de enero, el DOJ señaló que los empleados de Argos, y otras compañías de concreto premezclado, participaron en una conspiración para fijar precios, aparejar licitaciones y asignar mercados par las venta de concreto premezclado en el distrito sur de Georgia y en otros lugares.

Según el DOJ, la conspiración incluyó la coordinación de emisión de cartas de aumento de precio a los clientes, la asignación de trabajos específicos de concreto premezclado en el área costera de Georgia, el cobro de recargos por combustible y tarifas ambientales, y la presentación de ofertas a los clientes a precios colusorios y no competitivos. Estos hechos habrían tenido lugar entre el 2010 y julio de 2016.

En el comunicado, Makan Delrahim, secretario de justicia auxiliar de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, señaló que “la fijación de precios, la asignación de mercado y la manipulación de licitaciones no solo son poco éticas, sino ilegales”.

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Por su parte, Bobby L. Christine, fiscal federal para el Distrito Sur de Georgia, aseguró que "no hay lugar en el Distrito Sur de Georgia para empresas que intentan inflar sus ganancias coludiendo ilegalmente con posibles competidores a expensas de los consumidores".

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