Extender y mejorar la protección social para los trabajadores, y crear mejores condiciones para que las empresas generen empleos más productivos y mejor remunerados, hacen parte de la visión que tiene que establecer el país para avanzar hacia un mercado laboral que impulse el crecimiento económico y la productividad. Para ello, se deben adelantar una serie de reformas que no pueden ser aisladas, aun cuando las mismas no se lleven a cabo al mismo tiempo.
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Es lo que planteó la Misión del Empleo, cuyas conclusiones fueron presentadas esta mañana y que recogen una serie de recomendaciones para que el país avance en una mejores condiciones laborales para sus pobladores.
En ese sentido, una de las primeras reflexiones entregadas por Santiago Ley, jefe de dicha misión, tiene que ver con la urgencia de identificar los elementos de protección social que requiere ajustar en materia de servicios de salud, pensión, seguros previsionales, de desempleo y compensaciones en materia de despido.
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El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica, señaló el experto durante la presentación de los resultados de la misión.
Por eso, una segunda recomendación tiene que ver, además, con la forma en que se financiarán esos ajustes y cambios en lo laboral, esto es, definir qué viene del tema tributario, cuál debería ser el aporte que le corresponde a los trabajadores, según sus ingresos, así como los subsidios que requieren aquellos que devengan mucho menos, y cuales las contribuciones que recaerían sobre los empresarios.
Un tercer aspecto a tener en cuenta para avanzar en la mejora del mercado laboral colombiano se relaciona con el factor salarial, frente a lo cual la Misión señala que se deben "separar el papel del salario mínimo como piso y umbral". Significa que, se debe contemplar un salario diferenciado para los jóvenes y reconocer las condiciones del trabajo rural.
Como cuarto punto es necesario avanzar en la renovación de los instrumentos creados para la protección a aquellos que pierden sus empleos, así como y fortalecer las instituciones de fiscalización laboral adecuándolas.
Por último, la Misión señala que también será necesario reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recursos humanos para asegurar una fuerza de trabajo más atractiva para el sector productivo.
Según Santiago Levy, estas son algunas sugerencias que le permitirían a Colombia crear un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales existentes en el país.
En ese sentido, el experto dijo que Colombia requiere "construir una visión objetivo que amplíe y mejore la proyección social en el contexto de un mercado laboral menos segmentado y más favorable a la productividad y, además, diseñar un proceso de reformas consistente para alcanzar esa visión".
Dijo, también, que lo anterior no implica reformar todo al mismo tiempo, pero sí no diseñar ni implementar reformas aisladas. "Se requieren cambios legislativos que pueden llevarse a cabo por distintas rutas, siempre y cuando se mantenga la consistencia global", precisó el experto.
Levy insistió en que sí se puede construir una visión en la que los trabajadores estén mejor, sin embargo, para ello se requiere mucho diálogo. También fue enfático en señalar que se requieren esos cambios legislativos, que no necesariamente se tienen que hacer todos a la vez, pero es fundamental en que cada reforma que se lleve a cabo en esa dirección guarden coherencia, de ninguna manera se pueden hacer esas reformas de manera aislada la una de las otras.
La situación laboral en Colombia no solo no está funcionando bien, sino que es bastante compleja, por eso, el experto señala que es imposible pensar en una sola reforma que la resuelva. Debe pensarse en un proceso de reformas, cuya velocidad y secuencia depende de consensos políticos, consideraciones fiscales y otros factores.
Tras conocer las conclusiones de la Misión, Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, dijo lo entregado por los expertos es clave no solo para conocer la verdadera situación en la que está el país en materia laboral, sino para analizar por qué se llegó a la situación en la que el país está en este frente.
Dijo, además, que lo que sigue ahora es un trabajo en el que el Gobierno se sentará con la academia, las centrales obreas, los integrantes de la Mesa de Concertación Laboral y los distintos gremios de la producción para analizar ...
"El mercado laboral en Colombia es una institución respetable, significa que lo que tenemos nosotros es, de alguna manera, algo importante", dijo Cabrera al destacar algunos de los aspectos recogidos por la Misión. Pero señaló, además, reconocen el crudo diagnóstico de los expertos, en el sentido de lo que se tiene hoy funciona mal.
El funcionario dijo que se comenzarán a analizar los diferentes factores planteados por la Misión, separar todo el concepto de seguridad social, el tema de salud, pensiones, los cesantes, la revisión de las normas y las razones del por que se está viviendo esta situación.
En ese sentido, destacó la importancia de los expertos de adelantar esas reformas urgentes, pero no de manera aislada, sino como un todo, lo cual es clave para avanzar en las mejoras del tema laboral, precisó Cabrera, sobre todo, si se quiere reducir la alta informalidad laboral que tiene Colombia.
Para la directora del DNP, el panorama laboral que dejó la pandemia en el país es bastante preocupante, pero confía en que pronto la dinámica que registra la economía colombiana, una de las más significativas de Latinoamérica y del mundo, se comience a reflejar en un descenso en las tasas de desempleo.
Durante la instalación de la presentación de los resultados de esta misión, Botero dijo que la meta es llevar la tasa de crecimiento del desempleo a un solo dígito en el corto plazo, para lo cual será clave mantener la dinámica de la economía y la productividad.
La funcionaria dijo que, en ese sentido, son claves las conclusiones de la Misión de Empleo para cumplir los retos que el país se ha trazado en este frente en los próximos años, como reducir la tasa de desempleo, en lo que será clave el crecimiento de la economía y la productividad; reducir las brechas de género e incluir a los jóvenes en el mercado laboral, entre otros propósitos urgentes.
La misión fue encabezada por el experto Santiago Levy, quien ha tenido una amplia trayectoria en el tema, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La misión fue convocada a comienzos del 2020, con la participación de expertos, empleadores y sindicatos, pero estos últimos decidieron no hacer parte luego de que el Gobierno presentó un decreto que permite que los trabajadores sin contratos formales también sean cobijados por la seguridad social en vejez y riesgos laborales.
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1. Separar los programas de protección social que están inherentemente asociados a la relación de dependencia y subordinación entre empresas y trabajadores, de los que son ajenos a esa relación.
2. Los que tienen que ver con riesgos inherentes a la relación de dependencia entre empresas y trabajadores deben ser financiados por las empresas. Pero los que no, como es el caso de los programas de salud y de pensiones para el retiro, entre otros, para ser realmente universales necesitan ser financiados de otras fuentes.
3. La solidaridad, al llevarse a cabo a través de la tributación y no a través del mercado laboral, sería mucho más eficaz que en la actualidad, ya que abarcaría a todos los que tienen altos ingresos, independientemente de su fuente; y, en contraparte, beneficiaria a todos los que la requieren.
4. Expandir los derechos de salud y pensiones, a todos los trabajadores, sin importar su forma de ocupación.
5. Completar esta la sustitución de financiación de la salud por impuestos generales y no contribuciones sobre la nómina, para los trabajadores que aún no la tienen mejoraría el acceso, ya que todos los trabajadores tendrían los mismos derechos a beneficios en especie y en dinero.
1. La Misión considera necesario distinguir entre las personas que trabajaron antes del retiro y las que no. Ambas deberían recibir una pensión ciudadana financiada de la tributación general.
2. A través del programa Colombia Mayor el país ya tiene el germen de una pensión de esta naturaleza, pero esta necesita ser más generosa y ampliarse a todos.
3. Todas las personas que participan en el mercado laboral y contribuyen tendrían derecho a una pensión, misma que reflejaría sus contribuciones a lo largo de su vida laboral, con independencia de si trabajaron más o menos años. Además, por supuesto, tendrían derecho a la pensión ciudadana universal.
4. El régimen pensional complementario puede ser operado a través de un fondo común o de cuentas individuales.
5. En ambos casos, la pensión sería igual a la actuarialmente justa, dada la esperanza de vida y el monto ahorrado por el trabajador al momento de retiro.
6. A través de cuentas individuales, la Misión considera importante revisar las comisiones de las empresas administradoras, que deberían acercarse más a sus costos de operación, y que además ya no incluirían ninguna garantía de pensión mínima.
7. Con excepción del apoyo a trabajadores de bajos ingresos para que puedan contribuir, el régimen no esté subsidiado.
8. La forma más sencilla de hacerlo sería establecer una sobretasa al impuesto sobre la renta personal mientras las personas tienen, digamos, entre 18 y 65 años; en el entendido que los recursos recaudados no formarían parte de la recaudación general, sino tendrían como destino especifico la pensión de retiro de cada aportante.
1. Un seguro de desempleo de mayor cobertura y generosidad que el actual Mecanismo de Protección al Cesante, que además de otorgar ingresos por un tiempo determinado, cubra durante su duración las contribuciones del trabajador desempleado para los seguros de invalidez y muerte, y para su pensión complementaria de retiro.
2. Destinar las cesantías exclusivamente a su propósito original, para que el trabajador acumule y disponga, si así lo desea, de más recursos en su cuenta individual cuando se separa de la empresa por cualquier motivo.
3. Compensaciones automáticas de entre uno o dos meses de salario en caso de separaciones originadas por la empresa por causas justas, con la importante salvedad de que los shocks de demanda y los cambios tecnológicos sean incluidos dentro de esas causas; y en el entendido que las compensaciones e indemnizaciones por despidos sin justa causa se mantendrían en los términos vigentes.
4. sugiere fortalecer los vínculos entre las políticas de búsqueda y colocación, por un lado, y el seguro de desempleo propuesto, por el otro.
5. Lo anterior se complementaría con mejoras en las políticas de intermediación y capacitación, como esquemas de financiamiento por resultados, donde el país ya ha hecho innovaciones importantes.
1. La universalidad de la protección social elimina la necesidad de utilizar el salario mínimo como umbral para las pensiones de retiro, o para las contribuciones de los trabajadores independientes o por cuenta propia a la seguridad social.
2. La pensión ciudadana sería la pensión mínima, no habría contribuciones para la salud; y las que se hacen para la pensión de retiro complementaria, y para los seguros de vida e incapacidad, serían proporcionales a los ingresos, con independencia de su fuente, nivel o volatilidad.
3. La Misión propone que durante algunos años en los que, en su caso, se transite hacia un sistema de protección social más universal, el aumento anual del salario mínimo se indexe a la inflación observada.
4. Adecuar la forma de funcionamiento del salario mínimo a las particularidades del trabajo rural y explorar modalidades para evitar que se convierta en un impedimento para que los jóvenes obtengan empleos en empresas al inicio de su ciclo laboral.
1. Distinguir entre aquellas actividades que están inherentemente asociadas a la relación de dependencia entre empresas y trabajadores, y que por tanto deben ser financiadas por una contribución asociada a esa relación, y aquellas que no lo están y deben ser financiadas de otra fuente.
2. Aquellas actividades ajenas a la relación entre empresas y trabajadores se deben financiar de la tributación general o, en algunos casos, con tarifas por prestación de servicios.
3. Una proporción sustancialmente mayor de los recursos que hoy se canalizan a las cajas a través de contribuciones de empresas y trabajadores, se destinen a un seguro de desempleo que remplace al Mecanismo de Protección al Cesante.
El Tiempo