Los retrasos en importantes obras de infraestructura y en proyectos minero-energéticos por causa de las consultas previas que estarían desbordándose en solicitudes y costos han llevado a que el Gobierno regule los tiempos y los lineamientos para aplicar estos mecanismos de participación ciudadana.
El proyecto de ley que está siendo tramitado por el Ministerio del Interior ordena la creación de la Unidad de Consulta Previa, que dirigirá los procesos de la consulta para que este en particular esté regulado y para que las comunidades estén bien informadas.
Además, exige la certificación de las comunidades para evitar los engaños frecuentes, como la migración de individuos que suplantan a los verdaderos pueblos o comunidades ancestrales, o las atribuciones fraudulentas de la condición de autoridad representativa de una comunidad.
También plantea fijar tiempos para la consulta y crear un fondo para financiarlas, cuyo presupuesto será recaudado a través de tasas que pagarán los interesados en los proyectos.
En esta etapa del proyecto, el Gobierno seguirá recogiendo las propuestas de los sectores interesados y concretará el articulado final con las comunidades.
Reportes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y concesionarios consultados por EL TIEMPO, indican que por lo menos en los últimos tres años, para el sector de infraestructura, estos procesos han tenido costos negativos estimados que superan los 77.000 millones de pesos.
Los 77.000 millones anotados son únicamente los gastos causados por 104 consultas ordenadas en los últimos años para concesionarios viales y portuarios de la ANI y contratistas de Invías.
