El ahora Decreto 670 del 25 de abril del 2017 del Ministerio de Comercio para cambiar la manera como se declaran los medicamentos de interés público en Colombia encendió un debate que enfrenta de nuevo el acceso de la población a los avances científicos y la defensa de la propiedad intelectual.
Las modificaciones propuestas en esta norma, y que ya desde este miércoles son una realidad, primero cambian el procedimiento para declarar la existencia de razones de interés público con miras a licencias obligatorias, algo que en su momento se reglamentó en el artículo 65 de la Decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
El segundo punto de la transformación radica en la manera como estará conformado el Comité Técnico que tiene la misión de recomendar a la autoridad competente la decisión de declarar o no esa existencia de razones de interés público, en el que –desde ahora– participarán un delegado del Ministerio de Comercio y uno del Departamento Nacional de Planeación.
Esas propuestas encendieron la polémica entre varias entidades del sector de la salud, así como de instituciones universitarias que veían improcedentes estas medidas, y cuyos argumentos fueron enviados al Ministerio de Comercio dentro de un plazo para comentarios para ese proyecto, en el que también alegan falta de transparencia.
En el proceso se indica que el Mincomercio publicó para comentarios el proyecto que modificaba el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo (1074 del 2015) el 17 de marzo.
Este último se utilizó para la controvertida decisión en la que se declaró de interés público el Glivec, producto para tratamiento de ciertos tipos de cáncer, de la multinacional suiza Novartis.
Esa declaratoria hace que este producto esté sometido al régimen de control directo de precios.
Sin embargo, entidades como el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, Proyecto Salud Visible de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y la Clínica del Medio Ambiente y la Salud Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes alegan que no hubo transparencia en el proceso para propiciar la participación ciudadana en la conveniencia o no de este decreto.
En ese sentido dicen que después de la publicación, sin razón alguna la quitaron de la página web y luego, tras la presión que ejercieron diversos sectores, se vieron en la obligación de volverla a publicar.
Así mismo, en una carta enviada al Ministerio de Comercio donde exponen sus argumentos para rechazar la iniciativa y pedir que fuera archivada, las universidades insisten en que el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio debería haber sido modificado, pero en el sentido opuesto de lo que hoy es norma.
Para las áreas de esas instituciones, el procedimiento actual para una Declaratoria de Interés Público (DIP) “ya es de por sí lo suficientemente complejo y largo, además de garantista con el titular de la patente”.
Igualmente, la nueva norma, de acuerdo con la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas (Asinfar), al modificar la conformación del Comité Técnico no resulta nada conveniente.
Consideran que eso va a debilitar al Ministerio de Salud como autoridad competente y que no contará con “el apoyo político suficiente para adoptar una decisión que, sin incumplir un tratado comercial bilateral o multilateral firmado por Colombia, puede afectar el interés económico de laboratorios tan poderosos, como las farmacéuticas multinacionales, pero en cambio sí golpearía los intereses supremos de la salud pública y los derechos de la población a acceder a los servicios de salud, entre estos los medicamentos”.
A esas voces en contra se suma Misión Salud, que, tras citar la utilización de las licencias obligatorias como una de las salvaguardas de la salud pública y que están contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) y en la declaración de Doha relativa a los Adpic y la salud pública, pedían que no fueran ignoradas.
De igual manera, señalaban que resulta de vital importancia que la reglamentación nacional y cualquier intento por modificarla fueran coherentes con las necesidades que pretendieron ser resueltas al incorporar dichas salvaguardas, y que esa coherencia no la ven reflejadas en las dos modificaciones del Decreto.
María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, afirmó que el propósito de la cartera que preside, con el ajuste al Decreto 1074 del 2015, sobre el procedimiento para declarar el interés público con fines de otorgamiento de una licencia obligatoria es brindar seguridad jurídica, más transparencia y reglas claras para todos los jugadores.
Así mismo dijo que el liderazgo del Comité Técnico no cambia y que este tiene la tarea de hacer recomendaciones técnicas al Ministro, pero la decisión seguirá siendo, tal como es hoy, del ministerio del ramo que estudie la solicitud. Explicó que el Ministerio de Comercio se ha reunido con el Ministerio de Salud para coordinar las acciones correspondientes.
“No es cierto entonces que el Ministerio de Comercio encabezará el Comité Técnico ni que pretendamos limitar el uso de las licencias obligatorias. Sin embargo, es el Ministerio de Comercio el que tiene la experticia técnica en relación con el alcance, tanto de los compromisos de comercio internacional como del régimen general de patentes”, sostuvo Lacouture.
Por su parte Gustavo Morales, presidente de Afidro, recalcó que este es un decreto puntual, focalizado en hacer ajustes procesales y que no puede perderse de vista que las declaratorias de interés público pueden darse en todos los sectores de la economía, y no solo salud.
“Esto no puede presentarse como una pelea entre la Ministra de Comercio con el de Salud, esto es una política del Gobierno y lo que hace es decirle al ministro que corresponda que si va a hacer una declaratoria de interés público respecto de un producto patentado lo podrá seguir haciendo como hasta ahora, pero previamente debe consultar con un comité del cual también harán parte el DNP, que dirige la política económica general y el Ministerio del Comercio, que es el que tiene que velar por ley con la protección de las patentes y de la propiedad intelectual”, dijo Morales.
El procedimiento que llevó a este decreto se inició con una reunión el 25 de enero en la Presidencia de la República, en la que participaron varios funcionarios de la Presidencia, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Salud, Catalina Crane, representante especial para el ingreso de Colombia a la Ocde, y directivos de Afidro donde, entre otros temas, hablaron de propiedad intelectual y le hicieron seguimiento a lo del producto Glivec.
Posteriormente, el 28 de febrero, Afidro le envió una carta al exsecretario de la Presidencia Luis Guillermo Vélez, en la que le reclaman al ver que un mes después de su reunión no ven avances en el tema. La carta llevaba copia a Catalina Crane. Misiva que Asinfar consideró como “desobligante, irrespetuosa y mentirosa”, y por la cual se buscaba que “el Gobierno atendiera una petición descomedida, sentando un precedente funesto que nunca habíamos visto en las relaciones del sector privado con el Estado”.
Días después, el Mincomercio publicó el proyecto de decreto.
En esa misma línea, las áreas de la Nacional y de los Andes dijeron que el decreto es una respuesta al llamado de atención de Afidro, por lo que se preguntan si es que esa asociación tiene el poder de vetar el ingreso del país a la Ocde”.
“Pero no lo tengo ni quisiera ejercerlo si lo tuviera”, respondió Gustavo Morales y dijo que ya quisiera él tener ese poder y añadió que ignora si este decreto tiene que ver con la Ocde o no.
ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA
Economía y Negocios
