El complejo panorama laboral, con alto grado de informalidad, el descuadre en las cuentas con las cuales se pagan las mesadas, injusticias por los privilegios y la no cotización al sistema, son los principales síntomas de una situación que, para muchos, ya no da espera.
1. InformalidadPese a los diagnósticos y propuestas a granel, aún estamos contando la historia de algo más de 20 millones de afiliados, en un universo de 36 millones de colombianos adultos. Y, peor todavía, dentro de los afiliados solo 9 millones cotizan de manera frecuente.
En cambio, los más pobres solo cotizan dos meses al año -en promedio- lo que está ligado a la informalidad laboral, que bordea el 63 por ciento, según el criterio de cotización a pensión. Con ese ritmo, harían falta 650 años para que un cotizante intermitente completara las 1.300 semanas que se exigen ahora en el régimen de prima media.
La informalidad laboral, que bordea el 63 %, según el criterio de cotización a pensión
Es paradójico que, si bien quienes logren pensionarse son relativamente pocos, las pensiones que se deben pagar en el futuro con plata pública cuestan 108,4 por ciento del producto interno bruto (PIB), (lo que produce todo el país en un año), es decir 972 billones de pesos, según el Ministerio de Hacienda. Así, el sistema de aportes no está en capacidad de conseguir los recursos para responderles a los pensionados, y el hueco puede crecer.
Del Presupuesto General de la Nación de este año saldrán 41 billones, para pagar mesadas. Esto es "62 por ciento del gasto en protección social y 22 por ciento del Presupuesto”, según el contralor general de la República, Edgardo Maya.
Otros programas claves que demandarán más recursos son el de Colombia Mayor, al igual que el programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), que tiene previsto registrar 1'271.000 vinculados para el cierre de 2018, y van 1'032.079 personas.
65,4 % de recursos para subsidios del presupuesto nacional termina en la quinta parte de la población de más altos ingresos, menos de 1 % es para el quintil de más bajos ingresos
Una de las críticas que ha puesto en el 'ojo del huracán' al Régimen de Prima Media (RPM) es su inequidad, en la medida en que buena parte de los recursos van a subsidiar las pensiones más altas. Cálculos de Planeación Nacional indican que los subsidios de este régimen equivalen a dos puntos del PIB. Mientras el 65,4 por ciento de recursos para subsidios del presupuesto nacional termina en la quinta parte de la población de más altos ingresos, menos de un 1 por ciento es para el quintil de más bajos ingresos.
El 86 por ciento de los recursos públicos destinados a pensiones los reciben las dos quintas partes de la población de ingresos más altos.
Si bien, la sentencia 258 de 2013 de la Corte Constitucional puso tope a las mesadas con cargo a recursos públicos, con un máximo de 25 salarios mínimos, los litigios por esos ingresos siguen. Por ejemplo, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon) ha instaurado más de 400 acciones de lesividad, lo que ha significado un ahorro cercano a los 200 mil millones de pesos.
86 % de recursos públicos destinados a pensiones los reciben las dos quintas partes de la población de ingresos más altos.
La existencia de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) ha permitido llevar la evasión del régimen de prima media, que en el 2012 era del 27,7 por ciento, a la cifra de hoy, que es del 9 por ciento. En ese entonces, representaba 16 billones de pesos que no entraban al sistema y ahora es 5,4 billones.
En el componente de los dependientes, es decir, los vinculados a una compañía, el nivel de evasión era del 13,3 por ciento y pasó a ser de 3,5 por ciento.
El gran talón de Aquiles siguen siendo los independientes en donde la evasión aún se mantiene en niveles del 40,3 por ciento, con lo cual, se redujo en 39 puntos porcentuales.
En su fiscalización, la La UGPP ha encontrado que los dineros que se dejan de percibir no solo se relacionan con reclamos por reliquidaciones para obtener mayores montos, sino porque también hay reclamaciones de personas que alegan que tienen derechos a los beneficios derivados de pensiones de otros, por ser, por ejemplo las parejas.
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