El orden público sigue afectando obras de vías 4G

El orden público sigue afectando obras de vías 4G

A la ANI le reportaron cuatro casos, y Fuerza Pública aumentó presencia en los proyectos.

Vías

Las alteraciones externas en las obras causan problemas de confianza a los concesionarios en el sector financiero.

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Cortesía de la ANI - Archivo EL TIEMPO

Por: Ómar Ahumada
30 de septiembre 2018 , 10:00 p.m.

Si por el lado de la minería legal llueve, con los graves hechos ocurridos a Continental Gold, en Antioquia, por las toldas del sector de infraestructura no escampa, ya que los fenómenos delincuenciales, bloqueos y de seguridad ya tienen afectados un número importante de proyectos viales de cuarta generación (vías 4G).

Luego de que a finales de agosto, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, les enviaba una carta a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y al ministro de Defensa, Guillermo Botero, para informarles los casos de los proyectos Conexión Norte, Autopista al Mar 2 y Magdalena 2, en Antioquia, y el de la malla vial del Meta, la ANI consolidó la información y los efectos en materia de fechas y costos.

bien representantes de algunas concesiones reconocen que con llegada de la administración del presidente Duque se implementó la presencia de la Fuerza Pública en los proyectos afectados, no solo tendrán sobrecostos y entregarán las obras más tarde, sino que la financiación y el desembolso de recursos por sus prestamistas se puede enredar.

Y, mientras los casos se han registrado en puntos específicos de las vías, los constructores advierten que esto tiene un efecto reflejo en todo el corredor, lo que en el caso de las vías de Antioquia afecta la ejecución de 543 kilómetros, más otros 77 kilómetros del proyecto Popayán-Santander de Quilichao, donde según la ANI se han reportado problemas de orden público por concentraciones indígenas.

En cuanto a los proyectos de Antioquia, la entidad estima que para el proyecto Conexión Norte (Remedios-Zaragoza-Caucasia), unidad funcional 2, se estima un retraso de cuatro meses, y para la unidad funcional 1, hasta la fecha se estima en mínimo 8 meses la demora.

Los recursos de los financiadores llegan al concesionario sustentados en el avance de obra; al no tener avances de obra se pueden presentar afectaciones en los créditos

“Los recursos de los financiadores llegan al concesionario sustentados en el avance de obra; al no tener avances de obra se pueden presentar afectaciones en los créditos”, aseguró la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura).

El gerente de Autopistas del Nordeste, Juan Manuel Mariño, señaló que en las zonas en las que han podido ejecutar obras se ha cumplido, pero la preocupación de los financiadores es que aún no se cuenta con la confirmación de la ANI acerca de las condiciones del evento eximente de responsabilidad, el cual daría unos meses de plazo adicional.

Según el directivo, hubo desacuerdo con la entidad por la medida de sectorizar las zonas para ello, “como si el problema de orden público fuera en unos sectores puntuales”. Pero Mariño aclara que los nuevos directivos están mirando con otros ojos esta situación y hay confianza de que salga algo a favor.

Y, aunque no han cuantificado ni proyectado el valor total del sobrecosto, el directivo pone de presente variables como la nómina, los arriendos y el combustible, entre muchos otros rubros, por cada mes que se extiendan las obras.

En este mismo reporte se da cuenta de que en el proyecto Autopista al Mar 2 (Cañas Gordas-Uramita-Dabeiba-Mutatá-El Tigre-Necoclí), ubicado en el noroccidente antioqueño, del 3 al 6 de enero hubo quema de llantas, deterioro de las casetas de peaje y daños en la infraestructura vial debidos a la puesta en operación de las casetas de peaje de Riogrande-Chaparral y Cirilo, en el Urabá antioqueño.

Sobre esta iniciativa, de 254 de kilómetros, el concesionario le reportó a la entidad que por estos hechos vandálicos no han logrado finiquitar el contrato de crédito. En este caso todavía no se han cuantificado los daños en las casetas, pues, según lo acordado, se trasladará la caseta de Peaje Riogrande-Chaparral al sector de El Tigre. Y en la autopista Río Magdalena 2 (Remedios-Alto de Dolores-Puerto Berrío) se recibieron amenazas de grupos al margen de la ley, y en caso de presentarse una alteración grave del orden público, se podría generar afectación en los desembolsos si el concesionario ya tuviera el contrato de crédito, lo que a la fecha no ha ocurrido.

ÓMAR AHUMADA
SUBEDITOR DE ECONOMÍA

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