Las tareas urgentes para elevar la competitividad, según el CPC

Las tareas urgentes para elevar la competitividad, según el CPC

Reformas laboral y pensional, mejoramiento de la educación, modernización de la Dian, entre estas.

Consejo

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), habla durante la presentación de su informe anual.

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EL TIEMPO / Cortesía

Por: Redacción Economía y Negocios
06 de noviembre 2019 , 08:25 p.m.

Sin desconocer los avances recientes de Colombia en materia de competitividad, es claro que aún quedan tareas urgentes por hacer para resolver problemas complejos que afectan la productividad, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Es la advertencia que hizo ayer Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), durante la presentación de su informe anual, en el que aborda, además, los llamados ‘intolerables’, siete problemas estructurales que, pese a estar bien identificados, carecen de soluciones hasta ahora.

Por eso, la directiva, en su informe, hizo una serie de recomendaciones tendientes a “priorizar algunas acciones, enfocadas en las fuentes de crecimiento de la productividad como desafío estructural para el desarrollo”.

Y agregó que “para consolidar los avances y lograr un desarrollo equilibrado y sostenido de crecimiento económico, equidad y sostenibilidad ambiental, es necesario emprender reformas estructurales”.

1. Uno de los temas inaplazables en el corto plazo tiene que ver con la reforma laboral. Lo anterior, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en Colombia es la segunda más alta de la región, tan solo por detrás de Brasil; que el empleo vulnerable representa el 47 por ciento del empleo total, muy por encima de los promedios de 35 por ciento de Latinoamérica y del 12 por ciento de los países de la Ocde, y que la informalidad laboral del país está en niveles de entre 58 y 64 por ciento.

2. Otra recomendación sugiere implementar mecanismos de evaluación docente que promuevan el mejoramiento continuo de su desempeño en aula, pues considera el CPC que es intolerable que por la baja calidad de la educación preescolar los niños no desarrollen las competencias cognitivas, sociales y emocionales necesarias para la vida.

3. También es inaplazable el diseño e implementación de una reforma pensional estructural, teniendo en cuenta que solo el 25 por ciento de los colombianos en edad de jubilación reciben una pensión contributiva y que el 48 por ciento de los pensionados se encuentran en el grupo con mayores ingresos de la población, mientras el 20 con menores ingresos apenas concentra al 0,2 por ciento de los pensionados.

4. Hay que avanzar, además, en el diseño e implementación de un programa integral de vías terciarias. Esto, teniendo en cuenta que Colombia registra un puntaje de 65 sobre 100 en el Índice de Conectividad de las Carreteras, por debajo del promedio de Latinoamérica (73) y de la Ocde (84).

5. Se debe implementar un plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la Dian, que permita mejorar la gestión de la entidad, toda vez que el recaudo tributario del país del 19 por ciento (2017) es inferior al promedio regional (21 por ciento) y al de las economías que hacen parte de la Ocde (34 por ciento).

6. Otra prioridad es establecer una autoridad de coordinación y supervisión regulatoria e implementar el Análisis de Impacto Normativo. Para el CPC es intolerable que el país ocupe el puesto 123 entre 141 naciones en el indicador de carga regulatoria del Foro Económico Mundial.

7. También es prioritario reformar la institucionalidad ambiental para fomentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y conservar el capital natural.
Para el Consejo resulta inconcebible que en este siglo se haya deforestado en Colombia un área que equivale al tamaño de Dinamarca, y que las brechas regionales sean tales que las oportunidades económicas dependan drásticamente de la región donde un colombiano nace, como también la probabilidad de morir por causas evitables.

8. Por último, advierte sobre la necesidad de modernizar la política pública de protección de la libre competencia, pues luego de 30 años de apertura económica, el peso del comercio exterior en el PIB prácticamente es el mismo.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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