A la par de la estabilidad del precio del petróleo, que ha venido repuntando en las últimas semanas para la referencia Brent (Europa) y que poco a poco se ha venido consolidando a niveles de 55 o 56 dólares el barril, la actividad petrolera ha mostrado un mejor desempeño en el 2017 frente al 2016 en materia de perforación de pozos.
Esto, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), no solo porque la actividad exploratoria se ha incrementado, sino porque en medio de las circunstancias tanto los precios como la producción se han mantenido relativamente estables.
Sin embargo, al interior de la industria hay una sensación agridulce por el desempeño de los diferentes frentes del negocio, ya que si bien hasta agosto se habían ejecutado 32 de 50 pozos exploratorios proyectados para el año y con esfuerzo la producción se ha logrado sostener en alrededor de 850.000 barriles por día (la nueva meta del Gobierno es de 840.000 barriles), en materia de conocimiento preliminar del subsuelo, clave para la futura perforación, el desempeño es muy regular.
Esta semana, cuando el gremio hace su foro anual en Bogotá, su presidente, Francisco José Lloreda, revela que a la fecha no se ha llegado ni al 10 por ciento de la sísmica programada, lo que “es una muy mala noticia para la perspectiva exploratoria”.
Mientras en sísmica en el mar no hay proyectos para este año, en tierra el objetivo del año se trazó en 4.500 kilómetros equivalentes, pero a la fecha solo se han podido hacer 350 kilómetros, es decir, el 8 por ciento del total.
Según el directivo, la principal razón del freno han sido las protestas sociales y las consultas populares, pues “infortunadamente operar en el territorio es cada día más difícil. Existe prevención en algunas comunidades frente a la sísmica, y esto obedece a desinformación, a miedo que algunos han propiciado en las comunidades, y este, entre otros, es uno de los factores de más preocupación para el sector”.
Y es que en el negocio petrolero la sísmica es la puerta de entrada a la perforación de pozos, con la que se buscan nuevos hallazgos, por lo que, en un país donde hay cuencas aún por explorar, es fundamental contar con estos datos, pese a que la ANH ha avanzado en información geológica.
“Lo delicado del tema es que es un aspecto más de las dificultades que estamos encontrado en el entorno y que genera inquietudes en los inversionistas. Cuando digo un componente más, es porque se suma a la amenaza en que se han constituido las consultas populares y las protestas sociales”, señala.
Otro indicador rezagado es el de pozos de desarrollo, con 300 al corte de agosto, frente a una meta para el año de 740.
Y aunque los 4.500 millones de dólares de inversión en exploración y producción para el 2017 (el 75 por ciento corresponde a compromisos pendientes) doblan la cifra del 2016, no alcanzan frente a lo que necesita el país.
“Recordemos que para mantener los niveles actuales de exploración y producción, se necesitan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año. Por eso, el desafío es grande”, dijo.
Ante esto, la ACP llamó a despejar de una vez por todas los nubarrones que se ciernen sobre la industria, ya que luego de ser un activo valorado, hoy la seguridad jurídica se aprecia frágil.
“Si se acentúan las inquietudes que estoy señalando, no tengo claridad de cuál sea el panorama de inversión en los próximos años, en los cuales, o le damos un vuelco a esta industria o no vamos a incorporar los barriles que se requieren a las reservas y terminaremos importando crudo con los perjuicios que esto significa”, puntualizó Lloreda.
Mientras el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, anunció que ya ha logrado la concertación con 120 municipios, de los 200 que impulsan consultas populares para limitar el desarrollo de proyectos minero-energéticos, el sector petrolero reitera que el hecho de que haya 32 procesos de consultas populares, que podrían poner en riesgo 118.000 barriles de producción y 37 por ciento de la actividad exploratoria, debe no solo prender las alarmas, sino preocuparnos a todo el país.
A la fecha, en las cuentas de la Asociación Colombiana del Petróleo se observa que del total de producción amenazada, unos 82.000 barriles corresponden a 4 municipios de Casanare, entre los que se destacan Yopal (48.000 barriles), Aguazul, con una producción actual de 24.221 barriles, y Guamal, Meta, donde el riesgo es para 19.424 barriles diarios.
A la par, y sin contar los atentados contra la infraestructura, este año los bloqueos volvieron a incrementarse y entre enero y julio registraban un repunte del 7,8 por ciento, al pasar de 166 en el 2016 a 179 en el mismo periodo del 2017.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
