El Centro Democrático se adelantó al Gobierno y presentó en el Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria encaminada a ampliar la cobertura de los programas sociales, garantizar la protección del empleo formal y establecer medidas de austeridad del gasto público, entre otros.
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El proyecto también está firmado por congresistas de diferentes bancadas como el Partido de la U, el Partido Conservador o el Partido Liberal.
Principalmente, las fuentes que se proponen para obtener recursos son a través de la austeridad en el gasto y de la solidaridad empresarial, en concreto, la de los bancos. Esto es lo que propone el Centro Democrático para la Reforma Tributaria.
En materia empresarial, se plantea suspender el descuento del ICA y que las compañías paguen una tarifa de renta del 34 por ciento hasta el año gravable de 2031; de 31 por ciento para 2032; y de 30 por ciento a partir de 2033.
Además, se indica que las entidades del sector bancario, fiduciario, asegurador, comisionistas de bolsa y corredores de seguros que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, excepto a los contribuyentes del régimen tributario especial, deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta. Para el año gravable 2022, 2023 y 2024, esta sobretasa sería de 3 puntos porcentuales adicionales, siento la tarifa total de 37 por ciento.
El 50 por ciento de lo que se recaude a través de esta sobretasa se destinará para la financiación de microcréditos para las micro, pequeñas y medianas empresas y la otra mitad para proyectos de infraestructura en vías terciarias y caminos vecinales.
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Respecto a la austeridad, el proyecto establece que durante las vigencias 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 el crecimiento anual de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el Presupuesto no podrá superar la meta de inflación esperada para cada año en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Además, se indica que el Gobierno reducirá anualmente en el Presupuesto en un 10 por ciento rubros de viáticos, gastos de representación y publicidad. Ello se haría por las próximas 3 vigencias fiscales.
También se establece que se le darían facultades extraordinarias al Presidente para que en el término de 6 meses expida normas con fuerza de ley para poder reducir el gasto burocrático y fusionar entidades públicas, entre otros.
Sin embargo, el proyecto precisa que estas no facultarían al presidente para modificar total o parcialmente la estructura de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría.
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En materia social, esta reforma buscará que el Gobierno garantice la educación técnica, tecnológica y universitaria para estudiantes de estratos 1,2 y 3 sin costo alguno. Además, busca proteger a los jóvenes a través de un programa de 500.000 empleos para menores de 30 años durante los dos siguientes años a la entrada en vigencia a la ley.
Igual, se pretende ampliar la vigencia temporal del programa de apoyo al empleo formal (Paef) hasta diciembre de este año, extender el Programa de Ingreso Solidario y que exista una garantía mínima para los adultos mayores.
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REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
